El Govern y los Comunes proponen limitar el uso de nuevas viviendas a residencia habitual en Catalunya

El Govern y los Comunes quieren dar una vuelta de tuerca más a la regulación en materia de vivienda en Catalunya. Después de impulsar una ley para restringir la compra de pisos -todavía en tramitación parlamentaria-, ahora van más allá y apuestan por limitar también el uso de los inmuebles que vayan a construirse de aquí en adelante.

La vía que han elegido para hacerlo es otra proposición de ley cuyo objetivo principal es el de facilitar la edificación de vivienda de protección oficial. Ahora bien, esta incluye una disposición adicional que obliga a destinar a residencia habitual y permanente todas las nuevas viviendas que se levanten a partir de las licencias solicitadas desde que esta ley entrara en vigor.

La medida afectaría tanto a los pisos del mercado libre como a los del protegido. De esta manera, las viviendas que se construyeran no podrían destinarse en ningún caso a alquiler de corta duración o alquiler turístico, por ejemplo. El uso debería ser siempre residencial, ya sea en régimen de propiedad de un particular o un familiar (de un hijo, por ejemplo) o en régimen del alquiler de larga duración.

Se trata, en todo caso, de una norma temporal y de carácter excepcional, han subrayado esta mañana la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, durante un acto en Mollet del Vallès. La ley se aplicaría solo en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que incluyen 271 municipios donde vive el 90% de la población de Catalunya, o en ámbitos declarados de mercado de vivienda tenso, así como en las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada del plan territorial sectorial de vivienda. Además, tendrá una duración máxima de cuatro años, prorrogables por acuerdo de Govern.

Tanto el Ejecutivo de Salvador Illa como los Comunes quieren tramitar la ley por la vía de urgencia, igual que han hecho con la compra especulativa. De la misma manera, esta iniciativa forma parte del acuerdo entre Govern y el partido de la exalcaldesa Ada Colau para aprobar los presupuestos del 2026.

El texto que ahora echará a andar en el Parlament incluye asimismo cinco medidas para intensificar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), principalmente la promovida por el sector privado.

Todas las viviendas que se edifiquen bajo el amparo de esta ley tendrán la calificación permanente de VPO y en ningún caso podrán liberalizarse ni tener ningún uso residencial del de protección pública. Está previsto que el Govern informe cada dos años sobre los pisos obtenidos con este paquete legislativo.

Así, contempla que se pueda crear vivienda protegida en suelo de uso terciario de oficinas, edificios de hoteles y aparcamientos privados en altura. Siempre con la condición de que estos nuevos inmuebles ocupen como mínimo el 50% de la superficie construida en el edificio.

Asimismo, permite incrementar la edificabilidad del techo residencial un 20%, incluso por encima de la altura reguladora, en determinados supuestos. Por otro lado, prevé la reconversión de hoteles en vivienda y la posibilidad de levantar nuevas plantas para hacer VPO en construcciones que tienen la edificabilidad agotada pero altura remanente.

Otro de los puntos facilita que se puedan realizar subdivisiones de viviendas y convertir despachos en pisos protegidos, siempre que tengan una superficie mínima de 50 m², así como la construcción de VPO en parcelas que no tienen condiciones mínimas de edificación, pero cumpliendo con los requisitos de habitabilidad.

De esta manera, esperan ampliar y animar al sector privado a construir vivienda protegida. En paralelo, el Govern sigue adelante con el Plan 50.000 y la reserva pública de solares para ampliar la oferta de alquiler social.

El texto pactado entre el Ejecutivo y los Comunes permite, eso sí, que los ayuntamientos no apliquen estas medidas siempre que lo justifiquen debidamente. Por ejemplo, si las necesidades de vivienda social ya están suficientemente cubiertas o si la densidad de población del municipio ya es muy elevada.

Ahora, PSC y Comunes buscarán los votos de ERC en el Parlament para que la ley salga adelante.