España, a contracorriente en la reforma de pensiones

La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea ha reformado en los últimos años sus mecanismos de protección a la vejez para garantizar su sostenibilidad financiera. Casi todos ellos han optado por vincular las prestaciones futuras de retiro a la generación de riqueza de sus economías, o, en su defecto, a la esperanza de vida de sus moradores. Este último camino ha seguido Alemania, con una treintena de decisiones complementarias, que cuenta con el respaldo de los dos grandes partidos que gobiernan el país en coalición, la CDU y el SPD, democristianos y socialdemócratas. España, en esta como en otras muchas cuestiones, por una incapacidad creciente e intencionada de consenso político, prefiere mantenerse al margen con reformas unilaterales y partidistas que no garantizan la solvencia. Como en otras muchas materias, cuanto más tarde se afronte la cuestión, más dolorosa será la solución.

Cada país debe disponer de un mecanismo de financiación y retribución de la jubilación y de otros sistemas de provisión de rentas públicas que pueda sostener con sus propias fuerzas. Puede tener un sistema de elevadas prestaciones si sus ciudadanos están conformes con él y pueden costearlo. Pero sería de todo punto irracional un modelo que la capacidad económica del país no pueda sostener, como, ahora y a largo plazo, es el caso de España. ¿Puede financiar sin estrés de ningún tipo un modelo que tiene ya un déficit real de más del 3,5% del PIB, de más de 50.000 millones de euros, que aportan impuestos generales y la emisión de deuda, cuando la avalancha de jubilaciones del baby boom no ha hecho más que empezar? ¿Puede seguir con una tasa media de reposición de cerca del 80% de los sueldos, nada menos que un 60% por encima de lo actuarialmente razonable? ¿Puede hacerlo con una base de cotizantes abultada, pero de aportaciones pobres, con la mayor esperanza de vida de Europa (84,01 años), que alargará inevitablemente el coste de las prestaciones? No: no puede.

Pero los políticos no lo dirán nunca: los que gobiernan porque nunca reconocerán que gobiernan sin atender las necesidades futuras, y los que no gobiernan, porque quieren llegar a gobernar, y solo se llega si se oculta la parte desagradable de la verdad. En España sigue vigente el Pacto de Toledo, aunque guarde en la práctica el sueño de los justos. Un consenso político de los dos partidos que se han turnado en la gestión del país para cuidar el sistema de pensiones y desvincularlo de la confrontación política. Tal intención funcionó solo en el espíritu, pero nunca en la práctica, puesto que, desde su firma en los noventa, las reformas para mantener el mecanismo dentro de las vías de la sostenibilidad han sido unilaterales, aunque unos han sido más respetuosos que otros con lo que hicieron los contrarios.

Las pensiones son una palanca política de diez millones de votos directos y unos pocos millones más indirectos que todo partido quiere utilizar para mover el mundo. Por eso, en parte, el consenso ha sido imposible, aunque haya cuestiones de profundidad que inhabiliten para el acuerdo en cualquier cuestión fundamental, como demuestra el devenir político de los últimos años en materia educativa, política exterior y comunitaria o gestión migratoria.

Sea el que sea el origen del desentendimiento, la reforma de pensiones de 2011 del Gobierno socialista fue unilateral y en buena parte impuesta, aunque respetada ulteriormente por la derecha cuando le relevó. Y la unilateral del PP de 2013, que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida ya desde 2019, fue rechazada por el resto de partidos y se derogó sin haberse aplicado en 2022. Las reformas del Gobierno de coalición PSOE-Podemos-Sumar han sido también de parte, porque practicaban un salto en la redistribución que buscaba la empatía de una parte de la sociedad a costa de la censura y las cotizaciones extraordinarias de la otra. Una práctica extendida a la protección por desempleo o al sistema básico de provisión de rentas mínimas.

Pese a ser uno de los países que primero llevó a la legislación la vinculación de las pensiones a la esperanza de vida, con el buen criterio que proporciona saber que España tiene la sociedad más longeva de Europa, hoy es el único país del continente (además de Austria) que carece de esa vinculación, o de otra fórmula que ligue pensiones al desempeño de la economía. Estableció un factor de sostenibilidad que ligaba las nuevas pensiones que se generasen desde 2019 a la esperanza de vida, que en la práctica suponía limar en proporciones muy ligeras la cuantía de la primera pensión.

De no haber sido abolido por la presión política del Partido Nacionalista Vasco, defensor en exclusiva de los pensionistas mejor remunerados del país, llevaría ya seis años en vigor y permitiría hacer alguna cuantificación exacta de su proyección. Suponía en teoría, según los expertos que lo diseñaron, una atenuación del gasto futuro, calculado en términos macro, de en torno a un tercio del incremento estimado para la factura total de pensiones. En concreto, ahorraría un punto del PIB de los 3,5 que se elevaría el gasto en pensiones a largo plazo, mientras que la revalorización por IPC aportaría un encarecimiento de 2,5 puntos de PIB.

El modelo alemán

Alemania, presionada por el envejecimiento y el estancamiento de su economía, es la última en sumarse a esa tendencia, y vinculará el gasto a la esperanza de vida, pero en vez de hacerlo en las cuantías de la prestación, lo hará en la edad de jubilación. En términos prácticos supone que, a medida que se eleve la longevidad, lentamente se elevará la edad de jubilación, que podría llegar a los 70 años hacia finales de siglo, desde los 67 de 2030.

Los formatos más utilizados en Europa para ligar avance de la riqueza y pensión son las cuentas nocionales y el sistema de puntos. En el primero, que se aplica en Italia, Suecia, Polonia o Letonia, se establecen cuentas individuales virtuales en función de las cotizaciones efectivas, que devolverían un rendimiento también ficticio en función del crecimiento del PIB o de los salarios, y que determinan la prestación real de jubilación de cada persona, ajustada también a la esperanza de vida. El mecanismo de puntos, mucho más extendido, otorga a cada cotizante una puntuación en función de sus aportaciones, y aunque es contributivamente riguroso, no garantiza la sostenibilidad si la cuantificación de los puntos es más política que técnica.

Estas dos fórmulas de intervenir en la prestación final se han complementado en muchos países con espacios a la capitalización, que puede oscilar entre el 2% en el caso más reciente, el alemán, al 16% de la remuneración en Suecia, con un recorrido temporal muy dilatado. En España, sin vínculo entre la generación de valor de los cotizantes y su pensión de retiro, y despreciando la creciente presión de la población más longeva del continente, la capitalización se deja exclusivamente en el círculo privado.

Si se pretendía que fuese una herramienta que restase presión al sistema público, ha perdido tal condición, si es que alguna vez la tuvo por su carácter voluntario, con limitaciones muy fuertes en los últimos años a las cantidades capitalizadas, y por someter al escáner fiscal con la consideración de renta del trabajo toda la renta rescatada, tanto capital como rendimiento. Pero esa es otra historia, otra anomalía que Hacienda se niega a rectificar.