Guardia Civil investigation suggests operation aimed to protect government interests
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que el “fin último” de la operación que desplegó la exmilitante del PSOE Leire Díez entre 2024 y 2025 a las órdenes, supuestamente, del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán era “proteger los intereses que afectan directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente”. Así consta de forma literal en la causa —a cuyo sumario ha tenido acceso EL PAÍS— que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que mantiene imputados tanto a Díez, como a Cerdán, al empresario Javier Pérez-Dolset, al exsenador Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE Ana Fuentes, además de a dos abogados acusados de desarrollar una operación ilegal para entorpecer la acción de los funcionarios que luchan contra la corrupción. La investigación incluye también una supuesta operativa dentro de la propia Guardia Civil por la que se abrieron expedientes internos a los agentes que estaban investigando la corrupción.
Las declaraciones de 16 testigos en dependencias del instituto armado entre el 27 y el 29 de mayo de este 2025 y la cadena de mensajes de WhatsApps y otras aplicaciones encriptadas de Leire Díez nutren el sumario y apuntan a que la exmilitante socialista se presentaba como una persona muy cercana a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con contactos dentro de la Fiscalía General del Estado y con una suerte de encargo del Partido Socialista para “limpiar” lo relacionado con las cloacas que pudiera afectar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo niegan reuniones de la exmilitante del PSOE en el despacho de la directora del instituto armado y aseguran que ninguna denuncia de la investigada ha motivado la apertura de expedientes contra ningún agente.
La documentación incorporada a esta causa revela que la UCO investiga si Leire Díez, con ayuda del que fuera jefe de gabinete de Sánchez antes de llegar al Gobierno, Juan Manuel Serrano, buscó trabajo a la denunciante del fiscal anticorrupción José Grinda a cambio de que ella siguiera insistiendo en sus pleitos judiciales; o que la exmilitante socialista intercambió mensajes con el comisario José Manuel Villarejo para tratar de solventarle alguno de sus problemas judiciales a cambio de información sobre la corrupción del PP.
Los agentes tomaron declaración al guardia civil Rubén Villalba (actualmente imputado en el caso Koldo), a varios empresarios del sector de los hidrocarburos, incluida Carmen Pano (quien ha asegurado en sede judicial que entregó 90.000 euros en Ferraz), al abogado de José Manuel Villarejo, a la administradora del digital Crónica Libre (que los agentes creen que fue utilizado para distribuir noticias que beneficiaban al PSOE a cambio de una campaña publicitaria) y a tres generales de la Guardia Civil que detallaron algunas interferencias en su trabajo del último año contra la corrupción, por ejemplo, una petición del jefe del Estado Mayor para que se desglosaran de forma nominativa todos los guardias que estaban investigando asuntos relacionados con el presidente del Gobierno.
El guardia civil Villalba, actualmente suspendido de empleo y sueldo, reconoció haber tenido dos encuentros con Leire Díez en los que ella supuestamente manifestó que la directora del instituto armado estaba “esperando el feedback de dicha reunión". Según él, llegó a decir que el próximo Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo “lo iba a poner ella”. Villalba describió que mientras en la primera reunión, en la que ella quería información sobre los agentes de la UCO, solo mencionaba que tenía acceso a “los de arriba en el Gobierno”, en la segunda describió que podía acceder al “one del partido” o al “one del Gobierno”.
Uno de los asistentes a este encuentro, Francisco Ortega (que fue escolta entre los años 2003 y 2011 en Navarra y el País Vasco y que es amigo de Koldo García de esos años), explicó a la UCO que Díez habló de su relación con Serrano como “cercana” y que añadió que tenía “muy buena relación personal” con la directora del instituto armado, “llegando a manifestar que despachaba con la misma”. De acuerdo a la declaración de Ortega, él cortó toda relación con la exmilitante cuando salió el famoso vídeo en el que ella se reunía con el empresario investigado en los hidrocarburos Alejandro Hamlyn en el que decía “quiero a Balas”, en referencia al teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Los agentes escucharon también como testigo a Joaquín Parra, empresario de hidrocaburos entre 2017 y 2019 y presidente del C.D. Badajazo entre 2019 y 2021. Parra explicó que el empresario Javier Pérez-Dolset contactó con él por haber sido también “víctima del caso Villarejo” y tuvo un primer encuentro en verano de 2024 en la casa del empresario. Según contó este testigo, Leire Díez se presentó como una persona que podía ayudarle y que dijo literalmente “cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar”. A partir de ese momento crearon un grupo de Whatsapp que se llamó “vacaciones y viajes” que integraron Leire, Dolset, Parra y un exjuez que ahora ejerce la abogacía llamado Luis José Sénz de Tejada. “Leire expresó que se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el diciente [Parra] que con el presidente del gobierno para acordar que Sáenz de Tejada asumiese la asistencia letrada de su hermano, pero que este último la habría rechazado y habría decidido continuar con el abogado que tenía por aquel momento el hermano”, transcribe la UCO.
Según esta declaración, una de las reuniones se produjo en un piso en la calle Diego de León, 36, que era “un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones”. Parra explicó que tanto la exmilitante como Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque este supuestamente desobedeció “órdenes” de su superior [que entonces era el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz] al poner en libertad a Víctor de Aldama en 2024. “Leire hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores. A este respecto, Leire expresó que se podía ayudar al diciente [a Parra] retirando la acusación en las causas que le afectaban”, también relacionadas con asuntos de hidrocaburos.
Miembros de la UCO tomaron declaración a M. S. la denunciante del que fuera fiscal Anticorrupción José Grinda y le preguntaron por cómo había conseguido su puesto de trabajo en la empresa Residuos Urbanos de Jaén. Ella contestó que fue enviando su currículum, si bien luego le mostraron unos mensajes que obran en el sumario en los que Leire Díez le pregunta directamente: “Hola tesoro, qué tal estás? Oye, te llamaron para trabajar?”. La UCO también incautó mensajes de Díez con Juan Francisco Serrano: “Hola Juanfran! Oye, no han llamado para trabajar a la niña de Alcaudete víctima de los abusos del fiscal. ¿Insistes para que la empleen?”. A esto el actual diputado contesta: “hola, lo vuelvo a decir”. Según declaró la mujer, el procedimiento civil que emprendió contra el fiscal, que finalmente terminó en una absolución para él, no lo pagó ella sino otras dos personas a las que cita.
Los investigadores han recabado también mensajes de la exmilitante socialista con Villarejo en los que él le dice en noviembre de 2025: “Cumplí lo que me pediste...estate al loro...mañana o pasado...el foco puede ir ahora también hacia mí”. La UCO ha intervenido una hoja encabezada con la palabra “acuerdo” supuestamente dirigida a Villarejo que comienza diciendo: “Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda). Debéis estar preparados para la reunión”. El “pilar de la colaboración”, según se lee en el documento, era aportar información sobre el presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, su exmarido Ignacio López del Hierro, así como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y otras personalidades de la derecha, del banco BBVA o del grupo Planeta.
Carmen Pano y Leticia de la Hoz
La investigada en el caso hidrocarburos Carmen Pano explicó ante la Guardia Civil que pasó días negociando con la abogada Leticia de la Hoz, a cargo de la defensa de Koldo García, un posible acuerdo económico para que ella cambiara su versión en sede jucial y negara la entrega de 90.000 euros en Ferraz.
Según explicó, y contó también el que fuera su conductor Álvaro Gallego ante los agentes, la letrada De la Hoz les citó en varias ocasiones en el despacho y les preguntó qué querían a cambio, a lo que ellos pidieron 25.000 euros para la boda de la hija de Pano, el pago del alquiler de una casa (entre 2.500 y 2.800 euros mensuales) durante “entre cinco y siete años” y otros 15.000 euros para que Gallego se comprara un coche. En total, serían unos 250.000 euros que, según Pano, la abogada que hablaba por teléfono con alguien que nunca supo quién era, estaba dispuesta a aportar.
Por su parte, la abogada De la Hoz ha presentado un escrito ante la UCO negando tajantemente esta versión y aseverando que lo único que se negoció fue la compra de unas empresas del tema hidrocarburos, lo cual nunca llegó a buen puerto.
Un operativo dentro de la Guardia Civil
Uno de los informes que también se ha conocido con el sumario apunta a un contacto directo entre la directora de la Guardia Civil Mercedes Gónzalez y la propia Leire Díez que, supuestamente, se reunieron en tres ocasiones. Fuentes del Ejecutivo aseguran que González no mantuvo ninguna reunión en calidad de directora del instituto armado con la exmilitante, pero el documento policial fijan el inicio de las comunicaciones entre ambas “al menos” al 9 de mayo de 2025. Los agentes han detectado indicios “compatibles” con que se haya eliminado una conversación previa entre ambas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó tajantemente el pasado 28 de mayo que Díez y González se hubieran reunido. A preguntas expresas de un periodista, el ministro respondió que “la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo”.
Los agentes tomaron declaración a tres generales del cuerpo. El otrora jefe de la UCO, el general Rafael Yuste, relató que el predecesor de González, el exdirector Leonardo Marcos destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a Daniel Sánchez, hermano del presidente. Según la declaración, Marcos citó al superior de Yuste y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación, entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno”. Dijo, supuestamente, que el caso era “prospectivo y malintencionado” y que la credibilidad de la UCO estaba “por los suelos”.
Asimismo, Yuste declaró que en septiembre de 2025 recibieron en la UCO un oficio del General Jefe del Estado Mayor en el que solicitaba la remisión de un organigrama de la unidad de lucha Anticorrupción en el que se hiciera constar la estructura de la misma que tuviera “relación directa con las investigaciones vinculadas al Presidente del Gobierno” identificando de forma nominativa “a sus integrantes”.
