Investigan una trama para "proteger los intereses" del PSOE y de Pedro Sánchez

La presunta trama de “fontanería” habría arrancado con una consigna clara y un “fin último”: “proteger los intereses puestos en juego” del partido socialista y, directa o indirectamente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cabeza pensante sería Santos Cerdán, entonces hombre fuerte del presidente, y todo empezó cuando imputaron a su esposa, Begoña Gómez. De lo que se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constan en el sumario, al que ha tenido acceso La Vanguardia, es que Cerdán ya tenía otras relaciones peligrosas previas a aquel abril del 2024 con Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. De hecho, están siendo investigados por la Audiencia Nacional por amaño de contratos públicos.

Díez, a su vez, estaba haciendo sus trabajos con otro empresario, Javier Pérez Dolset, quien había accedido a toda la documentación del ex comisario Jose Manuel Villarejo por intereses varios.

Cuando saltó la noticia de que Sánchez se daba unos días de reflexión en abril del 2024, Díez ofreció a Cerdán información que podría ayudar al “presidente”. Lo siguiente que se sabe es que el navarro la llamó para reunirse de manera “urgente” en la sede del PSOE en Ferraz.

A partir de ese momento comenzaron un “trabajo” “coordinado” para buscar gente que les proporcionase información contra todos aquellos que estuviesen participando en las investigaciones que afectasen al PSOE o al entorno del presidente, es decir, miembros de la UCO, Fiscalía Anticorrupción y jueces.

El proyecto liderado por Cerdán y ejecutado por Leire Díez se fue haciendo cada vez más ambicioso e incluso buscaron información comprometedora contra el entonces presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena para evitar que paralizase la ley de amnistía por el procés.

A Díez se le ocurrió acudir al excomisario José Manuel Villarejo, uno de los máximos representantes de la cloaca del Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy, y por lo que ha estado más de tres años en prisión incondicional, sobre él pesan varias condenas y tiene una treintena de procesos abiertos. En la causa constan los mensajes cruzados de Díez –que llegó a ostentar un cargo en Enusa y en Correos– con Villarejo y con su abogado. El pacto era que el excomisario entregase a Díez “los audios y los pagos que involucraran a Marchena y el papel del PP en todo lo que se ha venido llamando la Policía Patriótica que implicara a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso a Feijóo, comprando las elecciones gallegas del 2012”. En un documento sobre el plan de Díez explicaba que “las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas”, documentación, que, por cierto, no consta en ninguna parte.

A cambio, Díez debía hablar con la Fiscalía General, dirigida por Álvaro García Ortiz, para que intermediara con el fiscal que lleva el caso Villarejo y apoyara sus recursos. Incluso la “fontanera” –como ella misma se describe– llegó a asegurar al abogado que ya había ido a la Fiscalía general y que le llamarían: “te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”. La realidad es que cuando el letrado habló sobre el tema con el fiscal del caso, le dijo que aquello habría sido el “teléfono escacharrado”, que él no sabía nada, y de hecho no apoyó su recurso. Todo aquello, lo llamaba Leire Díez los “incumplimientos” de los de arriba, que no ejecutaban los compromisos que ella adquiría y por los que cobraba, principalmente, con personas con problemas judiciales.

De los mensajes se desprende cómo la trama, para atacar a quienes conformaron parte de la cloaca en la época del PP, contó con ella a cambio de ciertos beneficios. Como le dijo Díez al abogado de Villarejo para que se lo transmitiera al excomisario: “Los dos defendemos a nuestro país; que el término patriótico nos llene de orgullo y no de vergüenza”. Otro personaje que aparece en esta historia es el expresidente del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, con quien constan conversaciones con Díez. También estaba al tanto de las supuestas negociaciones con la Fiscalía General “Voy a llamar a boinas (en alusión a Villarejo). Que quieren pactar. Ya”.

La trama también se acercó al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, involucrado por la operación Kitchen, vinculada a la cloaca del Estado en la época de Rajoy. Podía dar información sobre lo que hizo su Gobierno, pero a cambio debía haber un pacto con la Fiscalía. Al propio Martínez –acusado actualmente– ya se le había acercado con anterioridad –según explica él mismo a Díez– otro abogado, “Gonzalo”, vinculado al independentismo catalán. La “fontanera” le restó importancia porque ella era quien tenía capacidad real de negociación: “Entonces, ¿nos ponemos del lado correcto de la historia, Paco?”. Por la realidad de la situación, estando Martínez actualmente sentado en el banquillo de los acusados, tampoco fraguó aquella negociación.

La trama, por un lado, buscaría datos comprometedores para anular las causas judiciales y, por otro lado, buscaban trapos sucios de otros partidos y gobiernos. De hecho, también se acercaron a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. En su caso, la idea es que designara a un abogado de la trama, Ismael Oliver, para controlar el procedimiento que tenía abierto por el caso mascarillas y que un año después acabaría con la imputación y envío a prisión del propio Santos Cerdán. Y todo ello, con el conocimiento, según refiere la UCO; del “presi”.