Trump revive el bulo del fraude electoral de 2020 y presiona al Congreso para una reforma

Se ha convertido casi en una rutina en el Capitolio. Una persona elegida por Donald Trump para ocupar un puesto en su Administración o en la judicatura se sienta ante un grupo de senadores, encargados de aprobar su designación, cuando uno de ellos, demócrata, le interroga sobre las elecciones de 2020. Lo que sigue suele hacerse viral.

La última vez sucedió la semana pasada. Jon Ossoff, diputado por Georgia, preguntó hasta en seis ocasiones quién ganó entonces a Jay Clayton, candidato a ser el próximo Director Nacional de Inteligencia, y este evitó dar la respuesta correcta: Joe Biden. Presionado por otro senador, se limitó a decir que Biden “fue certificado como presidente”.

Puede que lo hiciera para no enfadar a su nuevo jefe, que sigue sin admitir seis años después que su rival demócrata le sacó siete millones de votos. O puede que, pese a negar que lo fuera, Clayton sea un negacionista electoral de los muchos que, empezando por el director del FBI, Kash Patel, ha colocado el presidente de Estados Unidos en puestos clave para la organización y certificación de las próximas elecciones. Se celebran en noviembre, está en juego el control del Congreso y los republicanos llevan las de perder.

A menos de cuatro meses para esa cita, Trump dio el jueves pasado un discurso a la nación para revivir el bulo del fraude de 2020. También sembró dudas sobre un sistema democrático con el que nunca tiene problemas si él es el ganador. Habló de fraude en Venezuela y de “interferencias electorales extranjeras” (él, que se jacta de influir en los resultados de otros países, de Colombia a Honduras o Argentina). Acusó a China de hacerse con datos públicos de 220 millones de votantes, pero la potencia rival no hizo nada con ellos, y denunció un complot del “Estado profundo”, uno de sus comodines conspiranoicos favoritos, para ocultarlo todo.

La Casa Blanca publicó cientos de documentos con revelaciones no tan sensacionales y en gran parte ya conocidas. Estas fueron recibidas, más allá de sus fervientes partidarios, con cierto encogimiento de hombros hasta por parte de medios afines como Fox News. La cadena salió escaldada cuando difundió el bulo del fraude de 2020 y acabó teniendo que pagar 787 millones de dólares por difamar a una empresa de recuento.

Pero en ningún sector la indiferencia resultó más llamativa que en el de los republicanos del Congreso, a los que el presidente se dirigió al final de su alocución con una orden: que saquen adelante la SAVE America Act (ley salvemos Estados Unidos), su ambiciosa reforma electoral.

La norma, atascada en el Capitolio, incluye un endurecimiento de los requisitos de identificación para registrarse (demostrando que se es ciudadano) y para votar (con un documento con foto). Dada la idiosincrasia estadounidense, un país sin un DNI federal y en el que más o menos el 50% de sus habitantes carece de pasaporte, esas exigencias amenazan con entorpecer la participación democrática de más de 21 millones de personas (muchas de ellas, mujeres que se cambiaron el nombre al casarse), según los demócratas y los activistas contra la supresión del voto, que recuerdan que el sistema estadounidense es seguro.

Todos los diputados de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado se presentan a la reelección en las legislativas de medio mandato y muchos en la bancada conservadora comparten la impresión de que hablar de unas presidenciales de hace seis años no es lo que más les conviene en un momento de extrema impopularidad del presidente, con una guerra contra Irán sin salida aparente y con el coste de la vida en alza y la gasolina por las nubes.

Los críticos más desconfiados de Trump ven en la operación de la semana pasada un abono del terreno para, en el caso de una derrota en noviembre, no aceptar los resultados. O incluso, como ya le piden sus fieles más radicales, declarar el estado de emergencia y así poder impedir que se celebren. Lo segundo parece más improbable que lo primero. No solo porque el Tribunal Supremo ya le paró los pies al presidente por recurrir a una supuesta emergencia para imponer sus aranceles, sino, sobre todo, porque lo primero ya lo hizo la última vez que perdió.

Entonces, se lanzó a construir su “Gran Mentira”, presionó a funcionarios para que le encontraran los votos que le faltaban, interpuso demandas por todo el país, forzó nuevos recuentos que ofrecieron el mismo resultado y arengó a una turba antes de que esta asaltara el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Muchos de los que le acompañaron en aquel viaje acabaron en la cárcel por creer sus mentiras. A los 1.600 que lo hicieron por participar aquel día de furia en Washington, los indultó en su primera jornada de vuelta en el Despacho Oval. Con Tina Peters, funcionaria electoral de Colorado, condenada a nueve años de cárcel por manipular una máquina de recuento para probar un fraude inexistente, no ha parado hasta lograr que el gobernador de ese Estado la sacara de la cárcel.

Para Sean Morales-Doyle, del Brennan Center for Justice, instituto no partidista de referencia en derecho al voto en Estados Unidos, el discurso del jueves fue un paso más “en una campaña concertada desde hace un año y medio para socavar las elecciones”. “Todo lo que ha intentado hasta ahora ha fracasado porque el presidente no tiene autoridad para dirigirlas. Cuando ha visto que se le acaban las ideas, ha optado por recalentar viejas teorías de conspiración y difundir informes de inteligencia sin novedades”, considera Morales-Doyle en una entrevista telefónica.

Una década de injerencias

“Llevamos desde al menos 2016, si no antes, lidiando con injerencias extranjeras de países autocráticos”, recordó el viernes pasado en un acto privado en Washington Jon Finer, exviceconsejero de Seguridad Nacional. “Tratan de desacreditar nuestra democracia, de pintarla como demasiado caótica e ineficaz para convencer a sus ciudadanos de que no les conviene. La diferencia es que ahora estos intentos, de cuyo éxito no hay pruebas, están siendo amplificados por nuestro presidente”. Con la desclasificación de este jueves, considera Finer, los servicios de inteligencia volvieron a demostrar que esta Administración emplea todas las herramientas al alcance del Gobierno para servir a los intereses personales de Trump”.

En ese año y medio del que habla Morales-Doyle, el presidente de Estados Unidos ha presionado para redibujar distritos electorales en favor de su partido, ha recortado en los departamentos de ciberseguridad llamados a mantener a raya las injerencias de potencias extranjeras que tanto le preocupan, ha dictado decretos para acabar con el voto por correo, una de sus grandes obsesiones, ha despedido a los demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral y ha pedido “nacionalizar las elecciones” y arrebatar a los Estados el poder que les reconoce la Constitución para organizarlas. Entre tanto, ha pedido que entreguen sus listas de votantes a 30 de esos territorios, que cuentan con reglas distintas, lo que contribuye al caos, pero también, según los expertos, da garantías de seguridad ante posibles manipulaciones masivas.

Como con la mayor parte de sus intentos, a la Administración estadounidense le esperaba en ese un alud de impugnaciones en los tribunales. Ya han perdido 15 demandas. El viernes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, otro negacionista, fue un paso más allá al amenazar con cárcel a los funcionarios locales que no cumplan con los deseos de Trump.

Mullin repitió teorías sin probar sobre el voto masivo de indocumentados, que ascienden, según datos compartidos por Trump el jueves, a 278.000 casos, número que el director ejecutivo del Centro para la Investigación e Innovación Electoral, David Becker, considera “irresponsable” y obtenido mediante una “metodología dudosa”.

Existe además el temor de que Trump despliegue en los colegios electorales a agentes de su policía migratoria, un cuerpo que se comporta como una fuerza de choque a su servicio, lo que podría disuadir a muchos inmigrantes, irregulares o no, a acudir a las urnas. Y ese es, según Morales-Doyle, el peligro real de la estrategia de la actual Administración: que la gente se quede en casa el 3 de noviembre.

“Tendrá éxito si logra atemorizar a los votantes, influir en su psique, disuadirlos de que no merece la pena ni intentarlo, porque se encontrarán con trabas. Es importante que la gente entienda que todo esto es ruido destinado a socavar su confianza en las elecciones. También, que nunca antes la principal amenaza al sistema vino de la Casa Blanca”, avisa el experto.

Jenny Griswold, secretaria de Estado de Colorado, está de acuerdo en tranquilizar a la ciudadanía, porque Trump “gana con la ansiedad de los votantes”. “Los Estados nos estamos preparando para contrarrestar sus planes en noviembre, desde una posible incautación de máquinas de votación hasta la presencia policial en colegios electorales”, dijo Griswold el viernes pasado en un acto organizado por el laboratorio de análisis Centro para el Progreso Estadounidense.

Así que, mientras los expertos no abandonan cierto optimismo, la pregunta es, ahora que el presidente ya quemó la semana pasada el cartucho solemne de un discurso a la nación, cuál será el siguiente paso en su plan de demoler el sistema desde dentro para evitarse una derrota en noviembre. Y, sobre todo, si los cimientos de ese sistema están preparados para absorber un nuevo golpe tras una década de intentos de Trump por socavarlos.