US Supreme Court rules in favor of US company whose docks were confiscated by Cuba

Nueva vuelta de tuerca en las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Esta vez, del lado judicial. El Tribunal Supremo ha fallado este jueves a favor de una empresa portuaria de Estados Unidos cuyos muelles fueron confiscados por el régimen cubano en 1960 tras la llegada al poder de Fidel Castro. La decisión del alto tribunal, en una causa que ha sido abiertamente apoyada por Donald Trump, abre la puerta a futuras reclamaciones por parte de otras firmas y ciudadanos estadounidenses afectados durante la oleada de expropiaciones emprendida en los primeros años de la revolución cubana.

El fallo ha sido aprobado por una mayoría de ocho votos contra uno. La empresa en cuestión es Havana Docks Corporation. La decisión coincide con la campaña de máxima presión de la Casa Blanca contra la isla, sumida en una grave crisis económica y humanitaria. También se da a conocer un día después de que el Departamento de Justicia de EE UU imputase al expresidente Raúl Castro (2008-2018) por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.

Havana Docks Corporation obtuvo en 1909 la concesión para explotar los muelles de los puertos cubanos hasta 2004. La compañía alega que la confiscación tras el triunfo de la Revolución castrista en 1959 violó un acuerdo por el que el Gobierno de La Habana se había comprometido a compensar a la compañía estadounidense si anulaba esa concesión antes de la fecha fijada.

La empresa portuaria trata de lograr el pago de compensaciones desde hace décadas —a partir de que en los noventa el Congreso autorizó ese tipo de acciones―. En 2019 logró que un juzgado de Miami ordenara a cuatro líneas de cruceros turísticos (Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises) que pagaran a la empresa el pago de 100 millones de dólares cada una como compensación por el uso de unos apeaderos levantados en el puerto de La Habana. A raíz de esa decisión judicial, las grandes compañías navieras dejaron de organizar cruceros de recreo con parada en Cuba.

Aquella sentencia se apeló: las navieras argumentaban que los derechos de explotación de Havana Docks sobre los muelles hubieran expirado en cualquier caso en 2004, mucho antes de que ellas los utilizaran entre 2016 y 2019. Un tribunal de segunda instancia de Atlanta les dio la razón. El caso llegó al Supremo, que finalmente se ha pronunciado este jueves.

El dictamen de este jueves vuelve a la decisión original e indica que la ley Helms-Burton, de 1996, establece que “la propiedad confiscada no se limita al interés del demandante en esa propiedad” y “puede referirse a la propiedad física sobre la que el demandante tenía un interés cuando el Gobierno cubano se ‘hizo con el control’ de la misma después del 1 de enero de 1959″, algo que invalida el argumento de que el contrato de explotación había expirado. La ley Helms-Burton establece en su título III que todo ciudadano o entidad jurídica estadounidense —incluidos cubanos de nacimiento que han obtenido la nacionalidad del país norteamericano— “posee la reclamación” sobre una propiedad confiscada en algún momento desde 1959.

La Administración de Trump respaldó las reclamaciones de Havana Docks y alegó que las demandas judiciales para reclamar compensaciones representan una herramienta de política exterior muy útil para disuadir a las compañías internacionales de invertir en Cuba.

En la sentencia del Supremo, el juez Clarence Thomas apunta, en nombre de la mayoría, que aquellos que utilicen propiedad previamente confiscada deben responder ante “cualquier ciudadano estadounidense que tenga derecho a reclamar esa propiedad”.

La jueza Elena Kagan, la única de opinión contraria a la mayoría, alegó que los muelles nunca dejaron de ser propiedad del Gobierno cubano y que el interés de Havana Docks en los muelles había caducado antes siquiera de que los cruceros internacionales llegaran a utilizarlos.

Thomas aduce que “Havana Docks ha demostrado que las líneas de cruceros utilizaron propiedad confiscada en la que Havana Docks tenía un interés propietario y sobre la que tiene derechos... Havana Docks estableció que el Gobierno cubano confiscó esos muelles sin compensación cuando las fuerzas de Castro tomaron físicamente esos muelles y expulsaron a los agentes de Havana Docks en 1960″.