El Tribunal de Cuentas, en el punto de mira por el uso de fondos europeos y las 'modificaciones presupuestarias'

El enjuague presupuestario con los fondos europeos que ha destapado el Tribunal de Cuentas cobra una nueva dimensión y está en marcha un varapalo parlamentario que empuja a este organismo fiscalizador a completar su informe con las consecuencias de gobernar toda una legislatura sin presupuestos.

Más allá del juego detectado con los fondos europeos para pagar pensiones, superan ya los 182.000 millones de euros las llamadas «modificaciones presupuestarias» que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2023 para poder elevar o alterar gastos sin control del Parlamento y sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vigor. Así figura en los informes de la Intervención General del Estado y, según ha podido saber EL MUNDO, han provocado una iniciativa inédita por parte de la oposición.

Con impulso de la vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, el PP ha registrado una propuesta a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en la que pide rechazar el informe de este organismo sobre la llamada Cuenta General del Estado y devolvérselo para que lo acompañe de un informe sobre la actuación gubernamental. Esta comisión, compuesta de senadores y diputados, es la instancia parlamentaria que debe pronunciarse sobre los informes del Tribunal de Cuentas.

Al contar con mayoría de PP y Vox, todo apunta a que, por primera vez en democracia, esta comisión va a tumbar una Cuenta General del Estado (CGE). Se trata de la aprobada el pasado mayo con respecto a 2024 por el Tribunal de Cuentas con salvedades y tensión interna, como publicó este diario. En este organismo guardián de las cuentas públicas, la estrecha mayoría de consejeros nombrados a propuesta del PSOE y encabezados por la presidenta, Enriqueta Chicano, edulcoraron en exceso el informe, según los consejeros a propuesta del PP e incluso una promovida por los socialistas.

Según el escrito presentado por el PP al que ha tenido acceso este diario, «el Pleno del Tribunal de Cuentas no ha tenido en cuenta el artículo 13 de su ley orgánica». Es el que le obliga, por delegación de Las Cortes, a analizar si el Gobierno está cumpliendo la Constitución con sus alteraciones presupuestarias y si sus emisiones de deuda pública tienen amparo legal suficiente. Por tanto, «la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 [la aprobada el pasado 12 de mayo por el organismo fiscalizador] deberá ser devuelta al Tribunal de Cuentas para que complemente la misma, acompañándola de un informe técnico-jurídico para evaluar los efectos de la prórroga presupuestaria y estableciendo las consecuencias derivadas de la no presentación y, por lo tanto, de la no existencia de un Presupuesto en todo el año 2024». Y exige al tribunal que remita su informe revisado «en el plazo improrrogable e inexcusable de tres meses».

Chicano intentó adelantarse la semana pasada prometiendo un estudio sobre las consecuencias de la prórroga presupuestaria, pero abriendo la puerta a dar oportunidad al Gobierno de «alegaciones», lo que llevaría mucho tiempo. El PP sólo quiere que tenga tres meses.

Por tanto, la iniciativa en marcha supone si, como todo apunta, sale adelante, un varapalo parlamentario con significativa señal de la debilidad política el del Ejecutivo de coalición en esta recta final de legislatura. En función de como se pronuncien otros grupos parlamentarios servirá además de test sobre si tiene algún recorrido el anuncio de Sánchez de presentar allá por otoño los primeros PGE de la legislatura para 2027.

Mientras tanto, las «modificaciones presupuestarias» siguen disparadas mediante todo tipo de ingenierías contables: cambiar partidas de sitio -incluso si afectan a fondos europeos- mediante transferencias, ampliaciones de créditos, uso de «remanentes»... Sólo en el último año con Presupuestos no prorrogados, en 2023, hubo ya enjuagues por valor de 20.995 millones. Saltaron a 52.341 millones en 2024 y a 76.944 millones en 2025. Hasta abril de 2026 rozan ya los 32.200 millones como publicó este diario. Desde el inicio de la legislatura, las alteraciones llegan a los citados 182.468 millones con María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Su sucesor, Arcadi España, y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, pueden alegar con fundamento que esta práctica de ingeniería se ha producido también en el pasado durante los gobiernos del PP, pero nunca tan elevadas en años de bonanza. En 2017, último año completo del actual portavoz económico del PP y entonces secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, los trasvases se limitaron a 5.715 millones.