La Generalitat, como parte perjudicada, enviará un escrito al Tribunal de Cuentas para que aplique la Ley de Amnistía a ex altos cargos del procés, incluidos Puigdemont y Junqueras, y levante los avales del ICF, buscando agilizar la extinción de responsabilidades.
La Generalitat de Cataluña ha solicitado por escrito al Tribunal de Cuentas que aplique la Ley de Amnistía a los dirigentes independentistas y levante las medidas cautelares, argumentando la reciente resolución del TJUE y la propia ley.
Iustitia Europa ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas a David Sánchez Pérez-Castejón, condenado por prevaricación, para que devuelva los 340.572,6 euros cobrados de la Diputación de Badajoz, así como los 86.988,76 euros de Luis María Carrero, sumando un total de 427.561,12 euros.
La defensa del expresident Carles Puigdemont presentó dos denuncias contra España ante el TJUE y la Comisión Europea, alegando que el Tribunal de Cuentas contraviene la Ley de Amnistía al no aplicarla a ex altos cargos catalanes y reactivar la causa del procés.
La defensa de Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea y el TJUE, acusando al Tribunal de Cuentas de no aplicar directamente la ley de Amnistía, contraviniendo una sentencia europea. El Tribunal de Cuentas abrió un plazo de alegaciones, considerado "innecesario e improcedente" por la Fiscalía.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado nuevamente la aplicación de la Ley de Amnistía para una treintena de ex altos cargos del Govern, incluyendo a Carles Puigdemont y Artur Mas, por los gastos del 1-O y la acción exterior del procés, criticando al tribunal por no aplicarla directamente.
El Tribunal de Cuentas ha levantado la suspensión del procedimiento por los gastos del procés, incluyendo a Artur Mas y Carles Puigdemont, tras el aval del TJUE a la amnistía. Sin embargo, el Tribunal da diez días a las partes para presentar alegaciones y documentación sobre el origen de los fondos antes de aplicar la ley.
El Tribunal de Cuentas ha levantado la suspensión del procedimiento contra líderes del procés, pero no aplicará la amnistía automáticamente. Pide a las partes informar en 10 días si los fondos investigados provienen del presupuesto comunitario, lo que bloquearía la amnistía.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, negó haber recibido presiones políticas para aprobar rescates de SEPI a Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos. Afirmó que las decisiones se basaron en informes serios y colectivos del Ministerio, sin trato favorable ni influencia externa.
El Tribunal de Cuentas critica a la Seguridad Social por usar préstamos del Tesoro para financiar su actividad habitual, elevando su deuda a 110.000 millones de euros. Recomienda transferencias corrientes del Estado para sanear las cuentas.
La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas ha rechazado el informe de la Cuenta General del Estado de 2024, un hecho sin precedentes. PP y Vox impusieron su mayoría para frenar el documento, que validaba la actuación presupuestaria del Gobierno pese a irregularidades como el desvío de fondos europeos.
El PP impulsa una iniciativa parlamentaria para que el Tribunal de Cuentas revise su informe sobre la Cuenta General del Estado, exigiendo un análisis de las 'modificaciones presupuestarias' del Gobierno y sus consecuencias. Se cuestiona la legalidad de gastar sin Presupuestos Generales en vigor, superando los 182.000 millones de euros en alteraciones desde 2023.
El Tribunal Supremo anula la sanción de 862.496 euros impuesta a Vox por el Tribunal de Cuentas por ingresos de actividades promocionales (merchandising) entre 2018 y 2020, considerando falta de base probatoria y tipicidad.
La ex vicepresidenta María Jesús Montero desvió fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para financiar gasto corriente como pensiones, según el Tribunal de Cuentas. El Gobierno de Madrid desmiente que no haya uso real de fondos europeos, citando ejemplos de proyectos comunitarios afectados.
La oposición denuncia una “anomalía democrática” amparándose en un informe del Tribunal de Cuentas pese a que Bruselas ha dado cobertura a la decisión del Gobierno
