La brecha patrimonial: la generación inquilina y el fin del sueño de las clases medias

Hay una conversación que se repite, con variantes mínimas, en muchos hogares del sur de Europa. Una persona de entre 30 y 40 años explica, con una mezcla de resignación y perplejidad, que gana más que sus padres a la misma edad, pero vive peor. Trabaja, cotiza, ahorra lo que puede, y aun así la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad se aleja cada año un poco más. Sus padres compraron en los setenta u ochenta, acumularon un patrimonio sin proponérselo y hoy son pequeños propietarios sin haberse considerado nunca inversores. La pregunta que flota bajo esa conversación es incómoda: ¿estamos ante una crisis de salarios o ante algo más profundo?

La respuesta, sostenida por una evidencia creciente, apunta a lo segundo. España y buena parte del mundo occidental están atravesando una mutación silenciosa en la naturaleza de la desigualdad. Durante décadas, el debate redistributivo giró en torno al trabajo: brechas salariales, precariedad laboral, derechos sindicales. Esas tensiones siguen siendo reales. Pero han quedado eclipsadas por una fractura de distinta naturaleza, más difícil de enmarcar políticamente y más difícil aún de revertir: la desigualdad de patrimonio, con la vivienda como activo central.

Es en este contexto donde cobra toda su fuerza el análisis del sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil, cuyo reciente libro Generación inquilina ofrece uno de los diagnósticos más lúcidos sobre este fenómeno. Gil describe cómo hemos pasado de una sociedad de propietarios, diseñada durante el desarrollismo franquista para integrar a la clase trabajadora a través de la propiedad, a una sociedad de rentistas, donde el valor se extrae no de producir sino de poseer. Su tesis central es contundente: la generación inquilina no vive de alquiler por elección, sino por exclusión. Da igual cuánto estudie, cuánto trabaje o cuánto se esfuerce: su bienestar no depende del mérito ni del salario, sino de la capacidad de heredar una vivienda. Este desplazamiento, argumenta Gil, marca el fin del sueño de las clases medias y redefine quién ocupa qué posición en la jerarquía económica.

Lo que esta tesis ilumina, y que los datos catalanes confirman con crudeza, es el mecanismo más perverso del nuevo orden patrimonial: la transmisión intergeneracional de la ventaja. Quien nace en una familia propietaria tiene acceso, tarde o temprano, a un aval, a una donación, a una herencia que le permite sortear la barrera de entrada. Quien nace en una familia arrendataria, no. Esta asimetría no es nueva en términos abstractos, pero sí lo es en su magnitud actual. El acceso a la vivienda ha dejado de ser una decisión personal y se ha convertido en una lotería hereditaria.

Hay además una dimensión territorial que agrava el problema de forma particular en Cataluña. La concentración de empleo cualificado en el área metropolitana de Barcelona crea una trampa cruel: el mercado laboral más dinámico del país coincide exactamente con el mercado inmobiliario más inaccesible. Un trabajador con formación superior que necesita instalarse en Barcelona para desarrollar su carrera se ve obligado a destinar una fracción desproporcionada de su renta a la vivienda, comprometiendo su capacidad de ahorro. La movilidad laboral, que en teoría debería funcionar como corrector de desigualdades regionales, se convierte en acelerador de la segmentación patrimonial.

Las consecuencias de esta fractura van más allá de lo económico inmediato. La propiedad inmobiliaria ha funcionado históricamente como mecanismo de ahorro forzoso para las clases medias: se paga una hipoteca durante 20 años y al final se dispone de un activo. El 57,9% de los jóvenes emancipados en España reside en régimen de alquiler, según el Observatorio de Emancipación. Una generación entera que construye su vida sobre un suelo que nunca será suyo, transfiriendo renta mes a mes al propietario en lugar de acumular patrimonio propio. Eso no es solo un problema presente: es una hipoteca sobre el futuro, sobre la capacidad de afrontar la vejez sin depender de una pensión insuficiente o de seguir pagando alquiler a los 70 años.

Frente a este diagnóstico, las respuestas políticas han sido mayoritariamente insuficientes. La regulación de alquileres en Cataluña, la primera comunidad autónoma en aplicarla, ha contenido parcialmente las subidas en Barcelona, con una bajada acumulada del 3,3% desde marzo de 2024, según la Generalitat. Es un avance real, pero que no resuelve el problema de fondo: el parque público de vivienda en España representa menos del 2% del total, frente al 9% de la media europea o el 30% de Países Bajos. Lo que falta es lo que ningún gobierno ha sido capaz de sostener políticamente durante el tiempo necesario: inversión pública sostenida en vivienda asequible, movilización de suelo en manos de administraciones, fiscalidad que desincentive la acumulación especulativa y marcos jurídicos que den estabilidad y dignidad al arrendamiento.

La fractura intergeneracional en el acceso al patrimonio es, en último término, una cuestión de cohesión social. Una sociedad en la que las trayectorias vitales dependen en exceso del capital familiar de origen es una sociedad en la que el mérito, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades dejan de ser promesas creíbles. Los datos catalanes y españoles no dejan margen a la duda: no estamos ante un problema pasajero de mercado, sino ante una reconfiguración estructural de quién puede quedarse y quién debe marcharse, quién hereda seguridad y quién hereda precariedad. Si eso no merece el nombre de fractura social, cuesta imaginar qué lo merece.