La postura del Gobierno español ante Marruecos contrasta con la crisis migratoria y las críticas bilaterales

Tras la crisis de Ceuta, en la que 80.000 personas cruzaron de manera ilegal a la ciudad autónoma, el Gobierno ha endurecido el tono con la inmigración irregular, tanto con las organizaciones criminales que se lucran con el fenómeno migratorio como contra los propios inmigrantes irregulares, a los que ha instado a no iniciar una "aventura con un final trágico": la muerte, como ocurrió con más de 100 personas el 30 de julio, o la expulsión "inmediata" a su lugar de origen.

Sin embargo, se ha mostrado afable en todo momento con quien comparte la responsabilidad de controlar la frontera, Marruecos, que esta semana ha vuelto a calificar de Ceuta y Melilla de ciudades "ocupadas", ha criticado con severidad la regularización impulsada por el Gobierno español y ha amenazado con suspender el acuerdo de extradición con nuestro país.

"Es un socio absolutamente estrecho y fiable", "la colaboración es total", "tenemos una relación basada en la confianza y la lealtad", son las frases que en las últimas dos semanas han repetido varias veces los ministros del Gobierno, sobre todo el de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El último en hacerlo ha sido el precisamente Marlaska, este jueves. Preguntado por la intención de Marruecos de suspender los acuerdos de extradición con España, el ministro tiraba de experiencia en la carrera judicial para asegurar que "la colaboración en las extradiciones entre ambos países ha sido siempre y va a seguir siendo excepcional".

Asimismo, aseguró: "Llevo ocho años en el Ministerio de Interior y desde el minuto 1 he sido testigo de cómo se ha cimentado una relación sustentada en la confianza y lealtad, con todas las emergencias a las que hemos hecho frente juntos". Ello, a pesar de que, por ejemplo, en 2021, el régimen marroquí materializó su enfado con España por acoger y tratar en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, relajando la vigilancia y permitiendo la entrada de otras 10.000 personas en Ceuta.

La única que en las últimas horas ha manifestado su firmeza en lo que podría interpretarse una referencia velada a Marruecos ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido que "Ceuta y Melilla son españolísimas" y "no se tocan". También es cierto que otros miembros del Gobierno, entre ellos el propio presidente, Pedro Sánchez, han señalado que lo ocurrido se trata de "una grave violación de la integridad territorial española", pero en ningún momento han apuntado al papel que haya podido desempeñar nuestro vecino africano.

Las palabras del Ejecutivo español contrastan las del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que desde el 30 de julio afronta la crisis en primera persona y sin estridencias. Vivas es consciente de que son capitales el papel y la ayuda de Marruecos —especialmente en la aceptación de los más de 5.000 inmigrantes que, según Interior, continúan en las calles de Ceuta—, pero no ha dudado en señalar que el país "no es fiable" y advertido sobre el peligro de que una hipotética entrada masiva dependa de la intensidad con la que las autoridades marroquíes controlen la frontera.

También desde otras instancias del PP han acusado al Gobierno español de ser "sumisos" al no querer "señalar" a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes. "Como partido de gobierno, nuestra intención siempre es tener una buena relación con Marruecos, pero eso no significa ser sumisos (...). Si hay que señalar a Marruecos pues se tendrá que señalar, pero esta actitud de claudicación ante el Gobierno marroquí no nos parece la mejor", aseguró este jueves el presidente de la Comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo.

"¿Por qué nos impedís el paso si España nos acepta?"

Ha sido el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien en la última semana ha lanzado duras críticas a España por su política migratoria y ha anunciado que su ministerio está estudiando suspender el acuerdo de extradición con nuestro país alegando problemas registrados en la entrega de criminales reclamados por los tribunales marroquíes.

En una entrevista concedida a Efe, Ouahbi cargó contra el Ejecutivo español España por "aceptar" a los migrantes. "Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", afirmó. Así, el responsable marroquí defendió que haya procedimientos bilaterales "coherentes y bien definidos" y advirtió de que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.

Por otro lado, Ouahbi asegura que muchos inmigrantes subsaharianos preguntan a las autoridades marroquíes: "¿Por qué nos impedís el paso si España nos va a aceptar?". "Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar? Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?", preguntó el ministro.

Ni siquiera esa afirmación (que España "anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes") ha merecido un desmentido directo por parte del Ejecutivo, que lleva toda la semana repitiendo la idea de que "ninguna persona que entre irregularmente en Ceuta se va a quedar ni va a ir a la Península ni va a ser regularizada", sino "expulsada".

El conflicto con Italia

Entretanto, la crisis de Ceuta sí ha generado un conflicto entre Italia y España y no ha pasado desapercibida la diferencia en la manera de actuar del Gobierno de Sánchez con lo que ha considerado un desplante del Ejecutivo de Giorgia Meloni. Horas después de que el ministro italiano Antonio Tajani sugiriese la posibilidad de suspender el acuerdo Schengen con España tras la entrada masiva de inmigrantes, José Manuel Albares convocó al embajador de Italia en nuestro país.

Entonces, Meloni decidió de manera unilateral, abriendo así un conflicto diplomático insólito en el seno de los socios de la UE, instalar controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, a lo que el Gobierno español respondió con la misma medida después de dar un ultimátum a nuestro vecino mediterráneo.