Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por falta de reciprocidad

"Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España". Con estas palabras, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha tensionado aún más las frágiles relaciones diplomáticas actuales entre España y Marruecos. Según asegura, cuando Marruecos solicita a España la entrega de alguna persona, en ocasiones se producen "situaciones incomprensibles" en las que agentes marroquíes se desplazan a España para recoger a reclamados y la entrega no se produce porque el sujeto ha sido puesto en libertad.

"Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles", afirma el ministro Ouahbi. Desde el gobierno alauita, reclaman a España que traten "con seriedad" estos procedimientos, que suponen una falta de reciprocidad que Rabat ya no está dispuesto a aceptar. "Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", concluyó. Esta advertencia marroquí puede poner en jaque un andamiaje legal que se remonta casi 30 años, hasta el primer convenio bilateral de 1997.

Casi tres décadas desde el primer Convenio

La cooperación judicial en el marco de la extradición entre Madrid y Rabat se formalizó con el Convenio de Extradición del 30 de mayo de 1997 y entró en vigor en julio de 1999. "Animados por el deseo de mantener y reforzar los vínculos que unen a ambos países", los entonces ministros de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Abderrahmane Amalou firmaron el documento en la capital española. Aquel texto, que comenzó a aplicarse de forma provisional ese mismo día, sentó las bases para la entrega mutua de personas procesadas o condenadas, estableciendo principios fundamentales que aún perduran, como la no extradición de nacionales y la exclusión de los delitos políticos, con la certeza explícita de que el terrorismo nunca recibiría esa consideración.

Con el objetivo de modernizar estos mecanismos, ambas naciones suscribieron un nuevo convenio en Rabat el 24 de junio de 2009, con las rúbricas de los ministros Francisco Caamaño y Abdelwahad Radi. Aunque su aplicación provisional comenzó meses después de la firma, no fue hasta el 1 de septiembre de 2012 cuando este acuerdo entró en vigor de forma definitiva, tras cumplirse las formalidades constitucionales.

Este tratado es el que rige la relación actual entre ambas naciones en materia de extradición, fijando los umbrales de gravedad necesarios para la entrega. Son necesarios hechos castigados con un mínimo de dos años de prisión para procesados o seis meses para quienes ya cuentan con sentencia firme. Este marco se ha visto reforzado recientemente por el Tribunal Constitucional español, que en mayo de 2024 avaló las órdenes de detención emitidas por la fiscalía marroquí, considerándola parte del poder judicial del país vecino.

¿Qué implicaría suspender el acuerdo de extradición?

La abogada Miriam Rosales, especializada en extradiciones, advierte para 20minutos que la suspensión del acuerdo "complicaría un poco toda la cooperación en materia penal entre Marruecos y España", afectando las entregas "en ambas direcciones". Rosales subraya que la extradición no es un proceso "puramente legal, sino que tiene una doble vía": una fase judicial (donde decide la Audiencia Nacional) y una posterior fase política donde "la última palabra la tiene el Gobierno", que podría denegar una entrega incluso si la justicia la ha concedido.

El acuerdo de extradición, según explica, "está marcado por la buena relación y voluntad en entre países". "Más que la suspensión del acuerdo en sí, lo importante es el trasfondo: la ruptura de esa buena colaboración. Siempre es posible extraditar porque hay países con los que no hay acuerdos como tal, pero en esos casos se utiliza la reciprocidad entre Estados", señala.

Rosales señala que, incluso sin convenio, la cooperación podría continuar basándose en este principio, aunque "el trasfondo real sería la ruptura de esa buena colaboración entre países". Si bien el convenio tiene una duración ilimitada, su denuncia por vía diplomática solo surtiría efecto un año después de la notificación.

98 extradiciones desde 2018... y 92 denegadas

España se ha convertido en los últimos años en uno de los principales países en la entrega de fugitivos fuera de la Unión Europea, habiendo extraditado a 838 fugados desde 2018 hasta a finales de junio. De esta cifra, un total de 98 extradiciones se produjeron hacia Marruecos, el segundo destino principal, solo superado por Estados Unidos (105). No obstante, el reino alauita es el país que lidera a su vez la lista de solicitudes rechazadas por la justicia española, con 92 reclamaciones denegadas desde 2018, sin especificar hasta qué día de 2026.

Estas negativas, según indica el Gobierno, "lo frecuente" es que sean denegadas por la Audiencia Nacional por algunos de los "motivos más habituales. Suelen fundamentarse, según indicó el pasado 17 de junio el Ejecutivo a preguntas del diputado de Bildu Jon Iñárritu, en defectos técnicos y jurídicos como la "falta de doble incriminación, prescripción, falta de mínimo punitivo, nacionalidad o hechos ya juzgados". No obstante, Marruecos denuncia una falta de reciprocidad por parte de las autoridades españolas, a quien exigen que trate "con seriedad" los procesos de extradición.

Según el informe anual de la Fiscalía marroquí, Marruecos emitió en 2024 un total de 90 solicitudes de extradición a 13 países, y 46 de ellas se dirigieron a España, que se sitúa así como el principal destino de los fugitivos marroquíes, por delante de Francia y Bélgica. Sin embargo, solo el 27,5% de esas peticiones terminó ejecutándose. El dato contrasta con la situación revertida: cuando es Marruecos quien debe entregar a una persona reclamada por otro Estado, la tasa de ejecución asciende al 65%, siempre según el mismo informe.