Los sindicatos rechazan la oferta de empleo público del Gobierno por insuficiente y opaca

El Gobierno no ha logrado esta vez el apoyo de los sindicatos. El rechazo se ha producido respecto a la oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) que pretende aprobar próximamente el Ejecutivo. Las principales centrales de la Función Pública (CC OO, UGT y CSIF) han rechazado este miércoles la propuesta gubernamental para incrementar las plantillas estatales, al considerar que no se ha negociado con transparencia y, además, resultará muy insuficiente y no cubrirá las necesidades generales de personal y las del proceso de regularización de inmigrantes en particular.

Así lo han confirmado fuentes de estos sindicatos tras asistir a la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE, donde los responsables gubernamentales les han confirmado que la oferta para este año será “similar” a la de 2025 (unos 27.000 puestos) que ya fue rechazada por estos tres sindicatos por su insuficiencia.

CC OO ha indicado que no aprobará la propuesta, “porque queda muy lejos de las necesidades de servicio público a la ciudadanía que identifica el sindicato.” Además, a pesar de que las centrales esperaban este miércoles una propuesta con cifras de creación de empleo y su reparto sobre la mesa, los responsables de Función Pública no se las han facilitado.

Por ello, UGT ha criticado que “la Administración sigue sin facilitar la información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa de la propuesta”. En este mismo sentido, la federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha reprochado que “la Administración ha sido incapaz de poner encima de la mesa el número de plazas necesarios, pidiendo a las organizaciones sindicales “fe” pero sin números. CCOO no puede negociar una oferta de empleo público sin números ni compromisos”.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF ha acusado a los responsables de la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del ministerio que dirige Oscar López, de “ocultar a los sindicatos la oferta de empleo público” a pesar de que “la Administración está desbordada por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Si bien en esta central son algo más cautos a la hora de manifestar su rechazo y, de momento, no valorará del todo la oferta hasta conocer los datos, que ”esperan tener antes de la aprobación por el Consejo de Ministros”.

Queda por saber, ahora, cuándo llevará el Ejecutivo esta propuesta para su aprobación por el gabinete ministerial, aunque los sindicatos apuntan que previsiblemente no será el próximo martes. El Gobierno tiene por tanto varios días por delante para ajustar su oferta, aunque la mayoría sindical no espera grandes cambios que les hagan cambiar su postura y avalar una nueva propuesta.

A diferencia de años anteriores, el Ejecutivo ha querido aprobar en tiempo y forma esta oferta, ya que en los últimos ejercicios no había recibido el visto bueno del Consejo de Ministros hasta julio. Los sindicatos recuerdan que ya rechazaron la oferta de empleo pública del año pasado, que ascendió a 36.588 plazas, tanto en turno libre como en promoción interna. De esta cantidad casi 27.000 correspondieron a la Administración General del Estado (AGE) —que es el grueso que habitualmente se negocia con los sindicatos—; 3.713 a la Guardia Civil, 3.139 al Cuerpo Nacional de Policía y 2.847 a las Fuerzas Armadas. En cualquier caso, fueron 3.558 plazas menos que en 2024, cuando se produjo la mayor oferta de la historia, por encima de las 40.000 plazas. Si bien, en 2025 se invirtió la tendencia de crecimiento de los últimos años.

En la reunión de este miércoles, los responsables gubernamentales han trasladado a los sindicatos su intención de poner en marcha una oferta específica en materia de emergencia climática en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigida tanto a cuerpos propios de este departamento como a personal laboral especializado para la gestión de desastres y situaciones como la DANA.

UGT Servicios Públicos, aunque se ha coincidido en la necesidad de reforzar las plantillas en estos ámbitos, ha criticado que este tipo de iniciativas “deberían formar parte de una planificación global y coherente del empleo público”.