Los suizos deciden el domingo sobre el tope de inmigración y otros asuntos

Los suizos volverán a las urnas el próximo domingo, 14 de junio, para decidir si quieren frenar la inmigración estableciendo un tope de población de 10 millones (ahora el país tiene 9,1 millones) en el horizonte de 2050, como propone la derecha populista. Ese mismo día podrán pronunciarse también, en todo el territorio, sobre un cambio en el servicio civil sustitutorio del militar; en Berna, sobre un crédito para renovar un museo; y en el cantón de Zúrich, sobre una iniciativa para frenar el aumento del coste de la vivienda.

La democracia directa recorre todos los escalones administrativos en Suiza, y las urnas se sacan con frecuencia para dirimir todo tipo de asuntos. Pero son las propuestas que potencialmente pueden cambiar las reglas en el conjunto del país las que suelen centrar la mayor atención, especialmente fuera.

Es el caso de la iniciativa popular ―así llaman los suizos a sus referendos― sobre el límite a la población que, como todas a escala nacional, ha superado un camino de varios años para llegar a las urnas. Desde la recogida obligatoria de 100.000 firmas de apoyo hasta un debate en el Parlamento antes de que el Gobierno federal fijase fecha, en un calendario que generalmente prevé cuatro domingos de votación nacional al año.

Desde 1893 se han votado así 241 iniciativas populares de ámbito nacional (de las 551 puestas en marcha), y de ellas se han aprobado solo 26, según los datos oficiales. Entre ellas, la primera a finales del siglo XIX, en la que los suizos apoyaron con un 60,1% que no se pudiera sacrificar animales en el matadero sin sedarlos antes. En esa lista corta están también una moratoria a la construcción de centrales nucleares en 1990; la que exigió una producción agrícola libre de transgénicos (2005); la prohibición de construir minaretes en Suiza en 2009; o la que apoyó en 2024 una paga extra para los pensionistas.

Por el camino se quedaron muchas otras relacionadas con la sanidad, los impuestos y variadas preocupaciones sociales, como la que pedía en 2012 seis semanas de vacaciones al año, la prohibición de exportar armas en 2009, una renta básica incondicional en 2016 o un impuesto del 50% a grandes fortunas en 2025.

Al final, son poco más del 10% las propuestas que pasan el filtro de los votantes. “Una parte han sido demasiado radicales o han ido muy lejos para lograr una mayoría. Pero si nos fijamos en las que se han aprobado, esas 26, no todas son moderadas”, explica Hans-Peter Schaub, politólogo y jefe de proyectos de la plataforma de investigación swissvotes.ch en la Universidad de Berna. “De hecho, hay iniciativas que exigían cambios realmente profundos. Y, precisamente para la movilización, una reivindicación que prometa un cambio claro es, a veces, incluso mejor. Una iniciativa debe captar el espíritu de la época para tener posibilidades de obtener una mayoría”.

Obviamente, hay muchas que buscan una aprobación, pero hay otras en las que ese “no es el objetivo principal”, sino que “son en realidad una baza para la negociación”; es decir, que “cuentan con que el Parlamento proponga algún tipo de solución intermedia” o “elabore una contrapropuesta”. “De hecho, en aproximadamente la mitad de todas las iniciativas populares hubo alguna ley o modificación del ordenamiento jurídico como reacción a su presentación. Es también un medio estratégico para mover un poco al Parlamento”, analiza Schaub.

Un ejemplo es la petición lanzada en 2016 para un permiso de paternidad de cuatro semanas. La iniciativa fue retirada después de que el Parlamento presentara una contrapropuesta de dos semanas de permiso que obtuvo el sí en las urnas en 2020. Por esta vía, con una solución a medio camino, se han archivado a lo largo de los años más de 100 iniciativas.

Los suizos también salen a veces a la calle a recoger firmas para “abordar algún tema tabú o poner en la agenda un asunto que nadie en la población en general se había planteado”, apunta el politólogo. Como la propuesta para abolir el ejército a finales de la década de 1980. “Fue una enorme ruptura de un tabú. Estaba claro que no obtendría mayoría. Fue rechazada, pero sigue considerándose hasta hoy la derrota más exitosa de la historia de Suiza, porque precisamente ese tabú, el ejército como vaca sagrada, quedó en entredicho. Así se demostró que se puede debatir cuál es el sentido del ejército y si lo necesitamos. Y, a raíz de ello, se llevaron a cabo reformas. El ejército se redujo, se modernizó”, recuerda. Un ejemplo parecido es el de la iniciativa sobre una renta básica incondicional, que no pasó pero suscitó “un debate político serio sobre este tema”.

A sí mismo, los partidos políticos echan mano con frecuencia de este instrumento para dar visibilidad a su agenda y movilizar a sus bases y a potenciales votantes, aunque sepan que es probable que no ganen. Por todo ello, al final “esto significa que, en muchos casos, una campaña de iniciativa puede ser un éxito para sus promotores incluso si no obtienen la mayoría en las urnas”, dice Schaub.

Pensado en su origen como una vía para que ideas o grupos minoritarios pudieran tener voz, el sistema afronta periódicamente críticas por la gran cantidad de votaciones en marcha, los recursos administrativos que consumen y el coste las campañas, o por el uso que hacen de ellas los partidos para ejercer presión política, como ocurre con la iniciativa del próximo domingo. Además de las múltiples demandas que parten de la población, en los registros figuran más de 400 referéndums nacionales facultativos contra leyes aprobadas y también consultas obligatorias, estas en caso de acuerdos de Estado como los firmados con la UE.

Schaub defiende que “la idea de la democracia directa es precisamente que, cuando hay asuntos que no prosperan en el Gobierno o en el Parlamento, se pueda consultar al pueblo”. Según sus cálculos, aun así “solo alrededor del 15% de todas las decisiones constitucionales y legislativas se toma en las urnas”. “El 85% las decide el Parlamento”, subraya.

Sugerencias como aumentar el número de firmas necesarias para plantear una votación nacional dificultarían el acceso a grupos pequeños, pero no a los partidos o asociaciones empresariales, con más medios. “Aproximadamente un tercio de todas las iniciativas que se ponen en marcha no alcanza las 100.000 firmas, y esa cifra se ha mantenido bastante constante a lo largo de las décadas”, señala el analista. En los registros federales constan más de 150 que fracasaron, la mayoría de ellas, en esa fase de reunir las firmas.

Aunque en muchas ocasiones el debate divide a la sociedad, como es el caso de la cuestión migratoria y el asilo, y unos y otros se lanzan acusaciones de populismo o intentos de manipular a la gente, también son una oportunidad para hablar de asuntos que pueden ser problemáticos “en lugar de taparlos y fingir que no hay conflictos, para que luego, en algún momento, exploten”. Una vía de escape para hacerse oír. “Allí donde hay más democracia directa, hay menos protestas”, destaca.