Ministra de Vivienda defiende la vivienda como derecho y el intervencionismo en el mercado

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recalcado este viernes la necesidad de que todas las Administraciones contemplen la vivienda “como un derecho”, y no “como un activo financiero”, para, a partir de esta concepción, darle una solución a un problema “que no se va a resolver pronto”. “Debemos ser capaces de sentarnos, de hablar y de alcanzar acuerdos”, ha señalado Rodríguez durante una intervención en Santander, en el cierre de la quinta y última jornada del seminario Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y patrocinado por el BBVA. “Con la vivienda no se mercadea, es un derecho, y si conseguimos que esta sea la idea mayoritaria en todo el arco político, entonces daremos con la solución al problema de la vivienda”, ha deseado.

La responsable del ramo ha valorado las actuaciones que su ministerio ha venido realizando durante los últimos tres años para confrontar la crisis de acceso actual, un “asunto muy complicado” y con “mucha dimensión social y económica”. De entre todas ellas ha destacado la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, que cuenta con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas, pese a que muchas de ellas, singularmente aquellas dirigidas por el Partido Popular, han reiterado su discrepancia respecto a alguno de sus apartados, y han amenazado incluso con llevarlos ante la justicia. “No entiendo esto de acordar algo y luego volver a pelearnos. Yo no me quiero pelear sobre quién tiene las competencias, solo quiero que se construya vivienda cuanto antes”, ha defendido la ministra. “La ciudadanía no entiende que nos peleemos todo el rato con un asunto tan serio”, ha añadido.

Para tratar de salir de este bucle de confrontación, Rodríguez ha reclamado la intervención de “otras Administraciones además del Estado”, y la “concurrencia del Parlamento”, donde el Gobierno de coalición no ha logrado sacar adelante algunas de sus últimas propuestas, como la aprobación de la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los alquileres que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

Pese a estos varapalos, Rodríguez se ha mostrado “optimista” con poder lograrlo en el futuro, al tiempo que ha reconocido que el Ejecutivo mantiene conversaciones con partidos como Junts para aprobar medidas que intervengan en la contención del mercado del alquiler, como la aprobación de incentivos fiscales para los caseros que decidan congelar las rentas de sus inmuebles, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a finales de enero. “Estamos trabajando con todos los grupos políticos para tratar de sacar adelante las medidas que está reclamando la ciudadanía”, ha incidido.

En cuanto a la ampliación del parque público de vivienda asequible, el objetivo primario hacia el que se dirige el plan estatal ―y que contempla una cofinanciación entre el Estado y las comunidades del 60% y el 40%, respectivamente―, Rodríguez ha celebrado que este nuevo marco normativo blinde a perpetuidad la “protección” de estas nuevas viviendas a partir de la imposibilidad de que aquellas que se construyan bajo el paraguas de los 7.000 millones de euros de los que está compuesto el plan puedan caer en algún momento en el mercado libre. Esta particularidad es la que, a ojos de las autonomías del PP, podría vulnerar el reparto de las competencias en materia de vivienda que recoge la Constitución. Una lectura que el ministerio rechaza de plano.

“Hemos cambiado el paradigma de las políticas públicas en materia de vivienda en este país”, ha indicado Rodríguez, que ha lamentado que líderes territoriales como Isabel Díaz Ayuso mantengan en Madrid una “política de confrontación” contra todas las actuaciones planteadas desde el Ministerio. “Este Gobierno ambiciona dar una solución a esa gran parte de la sociedad que está sufriendo, porque se trata de un problema transversal”, ha reconocido Rodríguez, que también ha dejado claro que las políticas en materia de vivienda son “lentas” y que, por tanto, “no hay que engañar a la gente”, en cuanto al tiempo necesario para revertir la situación actual.

Intervencionismo

Rodríguez ha vuelto a defender el intervencionismo de su ministerio sobre el mercado de la vivienda, pese a que esta sea una de las principales críticas a las que viene enfrentándose en los últimos años. “Intervenimos porque creemos que hay que controlar los precios de los alquileres, por ejemplo. Sin duda, hay que intervenir”, ha exclamado. “Pero, ¿es la primera vez que se interviene?”, se ha preguntado. “No. Cuando se creó el banco malo para aglutinar todos los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos, ¿no se estaba interviniendo? ¿Cuando se entregaba la nacionalidad a aquellos que invertían determinadas cantidades de dinero en comprar una vivienda, como sucedía con las golden visa, tampoco se intervenía? Claro que se hacía, pero para beneficiar solo a unos pocos“, se ha defendido Rodríguez.

Consultada por las conclusiones del último informe del Banco de España en materia de vivienda, donde reclama que se aborde la crisis actual como una “emergencia nacional”, y que eleva el déficit acumulado de viviendas en 750.000 (por encima de las 600.000 habituales), Rodríguez ha señalado la necesidad de que las comunidades actúen lo antes posible para poner en marcha la construcción de las viviendas públicas con los fondos del plan estatal, y que estos proyectos se ejecuten en el menor tiempo posible.

Para reforzar el sector de la construcción, “que ha perdido un millón de trabajadores en las últimas décadas”, Rodríguez ha recordado que el Gobierno aprobó el PERTE de Vivienda Industrializada ―un plan estratégico dotado con 1.300 millones de euros― para modernizar el sector.