Ante los desorbitados precios del alquiler en España, ciudadanos como Marta y Antonio en Madrid o trabajadores en Baleares y Málaga optan por vivir en autocaravanas y campings, enfrentando vacíos legales y dificultades económicas.
22 ciudades catalanas, incluyendo Mollet del Vallès y Lleida, dejarán de tener precios de alquiler regulados en marzo, mientras otras 53 se suman a la regulación. Expertos y ayuntamientos debaten sobre el impacto en la oferta y precios, con algunos anticipando una recuperación del mercado y otros preocupados por el repunte de rentas.
El ICO abrirá el 1 de septiembre la solicitud de préstamos para construir vivienda asequible en alquiler, con la novedad de que hasta el 30% de la financiación podrá convertirse en ayuda a fondo perdido si el proyecto no es rentable. Esta iniciativa, parte del fondo España Crece, busca fomentar la inversión en vivienda a precios moderados para paliar la crisis de acceso en España.
Manuel Vázquez, un joven de Sevilla, esperó casi tres años por la respuesta de la Junta de Andalucía sobre su solicitud del Bono de Alquiler Joven, que finalmente le fue negada. Su caso ilustra los problemas de burocracia y lentitud en la gestión de ayudas para jóvenes en España.
El Govern y los Comunes impulsan una ley en Catalunya para obligar a destinar nuevas viviendas a residencia habitual, prohibiendo usos turísticos, y facilitar la construcción de VPO en zonas tensionadas por cuatro años.
Médicos residentes y profesionales de la salud enfrentan la imposibilidad de encontrar alojamiento debido a los altos precios del alquiler en España, lo que los lleva a renunciar a plazas o vivir en condiciones precarias, incluso en caravanas.
La crisis del alquiler en España está obligando a médicos, sanitarios y funcionarios a rechazar plazas o vivir en condiciones precarias, como autocaravanas, debido a los precios inasumibles de la vivienda. Pese a un aumento en la indemnización por residencia para Baleares y Canarias, la medida no resuelve el problema generalizado.
El Gobierno de coalición en España, formado por PSOE y Sumar, ha pactado un nuevo decreto de Vivienda que incluye una prórroga reforzada de contratos de alquiler hasta julio de 2028. El paquete busca bajar precios, dar estabilidad y combatir el fraude, enfrentando la oposición de Junts y PNV.
El Gobierno español ha consensuado un nuevo decreto de vivienda que incluye la congelación de alquileres por dos años hasta 2028 y la regulación de alquileres de temporada. El pacto enfrenta la oposición de Podemos y Junts, lo que complica su aprobación parlamentaria.
PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo sobre un decreto de vivienda que incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler, bonificaciones en el IRPF para propietarios que bajen precios y una subida del IVA de pisos turísticos al 21%. El texto, pendiente de negociación parlamentaria, busca movilizar vivienda asequible y regular alquileres de temporada.
Un arrendatario consulta sobre la actualización anual de la renta de su piso en España, pactada según el IPC. La respuesta detalla cómo consultar el IPC y el IRAV en el INE, y la necesidad de comunicar la actualización el mes anterior a su aplicación en agosto.
La tendencia de espacios 'solo para adultos' se expande desde el ocio a eventos familiares, viajes y vivienda, generando debate sobre la discriminación infantil. Expertos y figuras públicas critican el creciente individualismo y la falta de empatía hacia los niños, mientras el sector turístico ve un nicho de negocio.
Francisca López Ruiz, Paquita, de 82 años y con Parkinson, se enfrenta al desalojo de su casa en el barrio madrileño de La Latina, donde ha vivido 28 años. La expulsión, atribuida a la especulación inmobiliaria de Tolesanta S.L. para pisos turísticos, ha sido aplazada.
Madrid y Barcelona destacan entre las mejores ciudades universitarias del mundo según QS, ocupando los puestos 29º y 32º. Su atractivo para estudiantes internacionales se ve "lastrado" por el alto coste de la vivienda, a pesar de la moderación de las tasas universitarias y la diversidad del alumnado.
La economía catalana ha crecido un 2,7% en 2025, superando la media de la eurozona, impulsada por la demanda interna y servicios. Sin embargo, el informe de la Generalitat destaca la vivienda como un "amplificador" de desigualdades, con precios disparados y una desaceleración en nuevos contratos de alquiler pese a los topes.
El político alemán Jens Spahn, del partido CDU, dimite como jefe del grupo parlamentario tras revelarse que se ha convertido en padre mediante una gestación subrogada en EE. UU., práctica ilegal en Alemania y rechazada por su partido.
Los nuevos contratos de alquiler en España se firman de media un 10,9% por encima de lo que un inquilino promedio paga. La brecha se ensancha en zonas tensionadas, superando el 20% en Baleares y Valencia, donde los precios de entrada son significativamente más altos.
El inquilino medio en España tiene 36 años, busca su primera vivienda entre 700 y 900 euros, y se retrasa su emancipación debido a las barreras de acceso al mercado inmobiliario y la escasez de oferta.
Grandes fondos de inversión como Blackstone y Cerberus se retiran del mercado de alquiler en España tras la crisis de 2008, vendiendo miles de viviendas. El mercado se reconfigura con la entrada de fondos 'core' y la 'privatización' de viviendas para venta individual, buscando mayores retornos.
El alquiler de coches entre particulares, similar a un Airbnb de vehículos, experimenta un auge este verano en España. Plataformas como Amovens permiten alquilar coches de vecinos usando solo el móvil, ofreciendo una alternativa económica y rentable para propietarios.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en vigor desde abril de 2025, exige autorización vecinal previa para operar pisos turísticos, frenando su expansión. Se suma un IVA del 21% y restricciones municipales, afectando a miles de viviendas.
Un inquilino pregunta si pueden ejecutar su aval bancario de seis meses por abandonar una vivienda de alquiler antes de los ocho años. La ley limita la penalización a una mensualidad por año restante.
Una mujer se enfrenta a juicio en Almería por estafar a varias personas alquilando pisos con contratos falsificados. La Fiscalía pide seis años de prisión y más de 17.000 euros de indemnización por delitos continuados de estafa y falsedad documental.
La CNMC inicia una consulta pública sobre la propuesta de Telefónica de subir un 116% el alquiler de sus infraestructuras físicas de telecomunicaciones. Competidores como MasOrange rechazan la subida, que se aplicaría en cinco años, argumentando que es abusiva.
