Baja adopción de tarifas sociales de telecomunicaciones en España según la CNMC

Menos de 10.000 hogares en España tienen contratada actualmente una tarifa social de telecomunicaciones, según un informe sobre la asequibilidad de estos servicios publicado este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador contabilizó en febrero de 2026 un total de 7.994 clientes acogidos al abono social de telefonía fija de Telefónica y 1.822 beneficiarios en el conjunto de las opciones bonificadas de banda ancha de los distintos operadores del mercado. La CNMC concluyó que las ofertas dirigidas a colectivos vulnerables presentan una efectividad reducida debido a la heterogeneidad de criterios aplicados por las compañías y a las barreras existentes en los procesos de contratación.

La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 fijó la obligación de que los operadores comerciales dispongan de tarifas reducidas para consumidores con rentas bajas. Sin embargo, la ausencia de una aprobación definitiva del reglamento de desarrollo ha llevado a las empresas del sector a diseñar planes bajo parámetros propios. Como consecuencia, el supervisor identificó disparidades significativas en precios, prestaciones, requisitos de acceso y disponibilidad de canales comerciales.

El análisis de la CNMC refleja que Telefónica mantiene desde 2002 un abono de telefonía fija dirigido a jubilados y pensionistas de rentas reducidas por un importe de 0,87 euros mensuales con IVA incluido, complementado con descuentos puntuales en banda ancha. Por su parte, MasOrange comercializa bajo la marca Orange una oferta convergente que integra internet, telefonía fija y móvil, mientras que Vodafone dispone de opciones bonificadas fijas y móviles.

En contraste, otros operadores con presencia en el mercado nacional como Digi, Avatel, Adamo y Procono notificaron al organismo que no cuentan con tarifas sociales específicas en sus catálogos. Dichas compañías argumentaron que sus precios comerciales estándar se sitúan habitualmente por debajo de las tarifas bonificadas de la competencia.

El informe técnico señala como causas de la baja adopción la escasa visibilidad de las bonificaciones en las plataformas web de las empresas, la imposición de vías de contratación más complejas que las habituales y la exigencia de tramitaciones administrativas farragosas para acreditar la vulnerabilidad económica.

Asimismo, el regulador advierte que gran parte de las tarifas sociales resultan incompatibles con los paquetes convergentes de servicios y con la adquisición de terminales móviles a plazos, elemento que limita la atracción de la oferta para la demanda minorista.

Márgenes de precios

Respecto a los precios de la banda ancha básica, el regulador constató que las ofertas más elementales del mercado superan el mínimo legal vigente de 10 Megabits por segundo (Mbps). En las zonas equipadas con cobertura de fibra óptica, las prestaciones mínimas parten de 300 Mbps, con horquillas de precios que oscilan entre los 10 euros mensuales ofertados por determinados operadores y los 34 euros exigidos por la marca principal de Telefónica.

El informe detalla que las tarifas de Telefónica en su enseña comercial matriz se sitúan por encima de la media del sector, si bien la CNMC matizó que la disponibilidad de su filial minorista O2 y la presencia de competidores alternativos garantizan opciones de menor coste para los usuarios.

La publicación de este informe se produce la misma semana en que la CNMC emitió un dictamen favorable al proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno para reformar el servicio universal de telecomunicaciones, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2027. La futura normativa elevará la velocidad mínima obligatoria de internet de banda ancha de 10 Mbps a 100 Mbps descendentes, convirtiendo a España en el primer Estado miembro de la Unión Europea en incluir dicha capacidad en las prestaciones básicas garantizadas por ley.

El proyecto establece una bonificación obligatoria del 25% en las tarifas de acceso a internet y telefonía fija para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Ministerio para la Transformación Digital estima que esta cobertura se extenderá a 800.000 hogares vulnerables, superando la fragmentación del modelo actual.

La reforma supone además la extinción de la asignación obligatoria a Telefónica como operador único del servicio universal, sustituyéndola por un esquema en el que la totalidad de las compañías del sector asumirán la prestación en sus áreas de cobertura. Las operadoras deberán asimismo mantener un catálogo de terminales adaptados a personas con discapacidad y desplegar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT) antes de junio de 2027.