El pago de intereses de las comunidades autónomas se triplicará hasta 2029 por el endurecimiento del BCE

El endurecimiento de la política monetaria por el Banco Central Europeo y la subida del precio del dinero a través de los tipos es ya un capítulo de relevancia en la elaboración de los presupuestos autonómicos. Pero lo será más en los próximos años, hasta el punto de que la obligación de cumplir con los acreedores obligará a revisar la expansión de cualquier medida de gasto en las múltiples partidas que tienen asumidos los gobiernos autonómicos, desde áreas donde la tensión ya es constante, como la educación o la sanidad a otros que han ganado protagonismo en los últimos meses, como la prevención de incendios. Si ya son determinantes, las consejerías de Hacienda lo serán más.

El contexto es similar al que asumen los hogares españoles que se financian a través de una hipoteca y ven cómo el Euríbor les suprime cada vez más capacidad de gasto. Desde 2022 -cuando el BCE dio un giro a su política monetaria a raíz de la inflación desatada por la guerra de Ucrania- hasta 2029, el pago de intereses al que están sometidas las administraciones autonómicas llegará a triplicarse. La factura pasará de los 3.608 millones que pagaban cuando Rusia invadió Ucrania a 11.528 millones, según un estudio elaborado por la Fundación de estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Y como es propio del mapa español, el reparto en este aumento del gasto derivado de la deuda es desigual en función de la situación financiera de cada administración, que es precisamente el debate que está abierto entre comunidades autónomas y Ministerio de Hacienda a cuenta del cambio de modelo de financiación impulsado desde Cataluña. Aunque se había programado una cumbre el pasado mes de julio, no será hasta septiembre cuando se abra frontalmente la discusión.

Con una deuda total autonómica que asciende este año a 348.149 millones de euros, el territorio que afronta un mayor gasto por abonar el coste de su deuda es Cataluña, que será la comunidad que más volumen de recursos deberá emplear para gasto en intereses en 2029, con 2.968 millones de euros, prácticamente el triple que lo que gastaba hace cuatro años. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 2.080 millones (un 476% más); la Comunidad de Madrid, con 1.409 millones (85% más) y Andalucía, con 1.356 millones (+257% más).

De acuerdo con el informe, la región que más incrementará su gasto en intereses en el periodo analizado será La Rioja, que pasará de 5 millones a 45 millones (un 804% más). Por el contrario, Navarra será la que menos incrementará este desembolso, ya que pasará de 62 millones en 2022 a 86 millones en 2029, un 39% más.

La conclusión de los autores del estudio es que, con este panorama financiero que subrayan que no es una predicción sino una proyección a partir de los datos actuales, las comunidades autónomas «deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo que puedan adoptar» tanto en el corto plazo como en los próximos años. «En este contexto, resulta fundamental que estas administraciones sean conscientes de que la implementación de reducciones significativas de la presión fiscal y/o el desarrollo de programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales».

La advertencia sobre la necesidad de tener en cuenta el considerable aumento del gasto en intereses que se produce por las refinanciaciones a tipos más caros se genera mientras el peso de la deuda se reduce gracias, fundamentalmente, al crecimiento económico. En 2022, en la salida de la crisis del Covid, 317.000 millones de deuda suponían el 23% del PIB autonómico. Hoy, 341.000 millones pesan el 19% y en 2029, los 347.000 proyectados a día de hoy se situarán en el 17%. Cataluña será la comunidad autónoma que más habrá aumentado su pasivo en términos absolutos, con más de 6.000 millones, aunque los mayores endeudamientos en relación a la riqueza de cada territorio se producirán en la Comunidad Valenciana, con un 34,9% del PIB, Murcia, con un 27% seguidos de Cataluña y Castilla La Mancha, con un 23% cada una.