Gobierno traslada "tranquilidad" ante dudas sobre regularización de inmigrantes

El Gobierno ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" ante las dudas surgidas en torno al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes y ha recordado que el Tribunal Supremo ya rechazó el pasado mes de mayo la petición de medidas cautelares para paralizar el procedimiento, y que este ha seguido desarrollándose "con total normalidad". Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insisten en que la norma se ha elaborado "velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario" y subrayan que la eventual cuestión prejudicial que estudia el alto tribunal no supone, por ahora, ningún cambio en la tramitación.

Fuentes del departamento que dirige Elma Saiz explican que el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la posible cuestión prejudicial está abierto hasta este viernes, 3 de julio. Durante estos días, añaden, se está trabajando de forma coordinada con la Abogacía del Estado para responder a las cuestiones planteadas por el Supremo.

Desde el Gobierno señalan que, una vez concluido ese plazo, será el Tribunal Supremo el que analice las alegaciones presentadas y decida si finalmente eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el Ejecutivo recalcan, no obstante, que ese mecanismo tendría un carácter meramente interpretativo y serviría para despejar dudas concretas sobre la aplicación del derecho europeo antes de que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto.

En este contexto, el Gobierno insiste en lanzar un "mensaje de tranquilidad" a quienes han solicitado acogerse a la regularización y recalca que el procedimiento continúa vigente mientras no exista una resolución que altere su aplicación. Otras fuentes gubernamentales restan dramatismo al escenario abierto por la posible cuestión prejudicial y descartan que vaya a generar inseguridad jurídica. Además, recuerdan que, si finalmente el Tribunal Supremo decide elevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su resolución podría prolongarse durante meses.

Desde el Ministerio de Inclusión, por su parte, subrayan que la norma fue elaborada garantizando su compatibilidad con el derecho comunitario e insisten en que la autorización derivada de esta regularización consiste exclusivamente en un permiso de residencia y trabajo válido en España, sin que otorgue derecho a residir o trabajar en el resto de países de la Unión Europea.