La defensa de Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por la amnistía

La defensa del expresident Carles Puigdemont ha movido ficha este martes y ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea como respuesta a la maniobra del Tribunal de Cuentas para no aplicar directamente la ley de Amnistía, con un paso que, a su juicio, contraviene la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unión Europea (TJUE) que avaló el olvido penal. Por eso mismo, su letrado, Gonzalo Boye, también ha registrado un escrito para denunciar estos hechos ante el propio TJUE y reclama al órgano fiscalizador que aplique la amnistía sin más dilaciones.

El movimiento de Boye llega después de que el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador abriera este lunes un plazo de diez días para que las partes personadas en la causa que instruyó por la responsabilidad contable del referéndum del 1-O y la acción exterior de la Generalitat durante los años del procés presenten alegaciones. En ese proceso están encausados una treintena de ex altos cargos de la administración catalana.

En la sentencia de Luxemburgo se señalaba que ese paso procesal no era necesario y que si una causa entra dentro del perímetro que delimitaba la ley de Amnistía lo que corresponde es dictar una resolución de “extinción de responsabilidad” sin “valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”. Por ello, la defensa del también líder de Junts ha registrado un escrito de 86 páginas como respuesta a la providencia del Tribunal de Cuentas e incluye tanto la denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea (CE) por no haber aplicado directamente el olvido penal e incumplir una sentencia europea como el escrito presentado ante Luxemburgo.

En concreto, se pide a la secretaría general de la Comisión abrir contra España “el procedimiento de infracción previsto” en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el “incumplimiento” de la sentencia del TJUE que avala la norma que aprobó el Congreso en el 2024.

Este mismo martes, el fiscal jefe ante el órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo Santamaría, también ha lanzado una dura reprimenda contra el Tribunal de Cuentas al considerar “innecesario e improcedente” el paso que dio este lunes, cuando además de dar diez días a las partes personadas pidió que se aporte documentación para demostrar el origen de los fondos que se gastaron en el referéndum del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat.

Boye, igual que la Fiscalía, remarca que en la sentencia del TJUE quedó aclarado que en los gastos del procés no había afectación a los intereses financieros de la Unión Europea y acusa al órgano fiscalizador de tergiversar el fallo de Luxemburgo en una nota de prensa emitida este lunes.

En los días previos, la defensa de Puigdemont había señalado que no tenía previsto presentar escritos de impulso procesal o nuevos recursos, ya que consideraba que la sentencia europea era clara y diáfana y que la pelota estaba en el tejado de los tribunales españoles, a los que corresponde aplicar el fallo del TJUE. Sin embargo, la providencia del Tribunal de Cuentas ha dado pie a que Boye presente este escrito y la denuncia contra España ante Bruselas.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha fijado este martes para el mes de septiembre, dentro de dos meses, la deliberación del primer recurso de amparo por la negativa del Tribunal Supremo a aplicar el olvido penal a los dirigentes independentistas que condenó por malversación. En el pleno del 22 de septiembre se revisará el escrito del secretario general de JxCat, Jordi Turull.

Con todo, para esa semana no se espera que haya un fallo puesto que el ponente de la sentencia será el magistrado conservador José María Macías, que se opone al olvido penal. Así las cosas, se designará un nuevo ponente y habrá una nueva deliberación dos semanas después ya en el mes de octubre. Según ha informado el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, este martes a los otros magistrados, en los plenos sucesivos se revisarán los demás recursos de amparo pendientes de resolución ahora que ya se conoce la posición del TJUE.

Precisamente, este martes, el presidente del Constitucional ha sido recibido por el rey Felipe, a quien ha entregado la memoria de actividades del año 2025. En esa reunión, Conde-Pumpido, según un comunicado del propio TC, ha puesto en valor la sentencia de la justicia europea de la semana pasada.