Puigdemont denuncia a España ante Bruselas por no aplicar la amnistía tras el aval del TJUE

La sentencia del TJUE que avaló la pasada semana la ley de amnistía al considerar que es compatible con el derecho europeo ha allanado la vuelta de Carles Puigdemont a España, pero la historia no se ha terminado: y es que el expresidente catalán y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea para denunciar que el Gobierno no aplique ya la normativa, apoyándose precisamente en la decisión de la justicia comunitaria.

"Dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros", los tres, a través del abogado Gonzalo Boye, han pedido a Bruselas que actúe sobre España. Por lo pronto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó el pasado jueves la ley de amnistía, siguiendo los puntos que había marcado en noviembre el abogado general de la UE. La justicia europea asegura que la ley "no se opone" a la normativa comunitaria; además, añade que no va en contra de los intereses financieros de la Unión ni de la directiva antiterrorista, en referencia a los actos de los CDR en aquellos momentos.

Pero la pregunta es: ¿qué recorrido tiene esta denuncia de Puigdemont, Comin y Puig, y qué puede hacer el Ejecutivo comunitario?

¿Qué denuncia Puigdemont ante Bruselas?

Para empezar, la denuncia se apoya en el incumplimiento, dicen, del artículo 4 de los Tratados de la UE, referente a la cooperación leal entre instituciones: de este modo, Puigdemont y los exconsellers ponen el foco en el hecho, alegan, de que el Tribunal de Cuentas español estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de lo recogido por el TJUE en su sentencia del pasado miércoles y por tanto "los objetivos" de la Unión. "El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", se especifica en la denuncia.

Y es que este lunes el propio Tribunal de Cuentas ha pedido a las acusaciones y a las defensas que presenten sus alegaciones sobre la causa y que aporten documentación relativa al origen de los fondos investigados antes de resolver si les aplica la amnistía. Mientras tanto, indicó el tribunal en un comunicado, el procedimiento por los gastos vinculados al procés seguirá su curso conforme a la legalidad, una vez las partes se pronuncien, tras el aval del TJUE a la aplicación de la amnistía en los delitos de malversación. Para ello, el órgano judicial ha fijado un plazo de diez días para la presentación de las correspondientes alegaciones.

¿Qué puede hacer la Comisión Europea?

La denuncia tiene más recorrido desde el punto de vista político que en sentido práctico. Si Bruselas admite la denuncia podrá solicitar información específica al Gobierno, apoyándose en la sentencia del TJUE que, eso sí, en ningún momento entra en la celeridad que haya o no sobre la aplicación de la ley de amnistía -la justicia europea solo se pronuncia sobre si existe vulneración o no del derecho comunitario-. Bien es cierto que en el escrito, los implicados reclaman que la posición del Tribunal de Cuentas va en contra de la estructura 'constitucional' de la UE.

Si la Comisión considera que no hay vulneración del derecho de la Unión, archivará la denuncia. En el caso más extremo, podría abrir un procedimiento de infracción contra España si aprecia un incumplimiento sistemático del Derecho europeo. Ahora bien, este último paso suele reservarse para casos en los que la Comisión entiende que existe una vulneración clara y persistente del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro. No es un mecanismo pensado para revisar una decisión judicial concreta, sino para corregir incumplimientos estatales de carácter general.

Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos insisten precisamente en el escaso recorrido de la denuncia es escaso por varios motivos: el TJUE deja en manos de los tribunales nacionales la resolución de cada caso individual entre los afectados por la ley de amnistía, y además recuerdan que la Comisión, en general, no entra en este tipo de asuntos si hay todavía recursos pendientes a nivel nacional, como es el caso.

¿Servirá la denuncia para acelerar la aplicación de la ley?

No. Eso ya depende de los tribunales nacionales. La Comisión Europea no puede pedir al Constitucional, al Supremo o al Tribunal de Cuentas que aceleren sus procedimientos. Ahora el papel clave lo tendrán el Tribunal Constitucional y quizás también el Tribunal Supremo. De momento, el Constitucional, que podría pronunciarse a la vuelta del verano, tendrá que resolver los recursos de los políticos catalanes que están en el extranjero y de aquellos que, aunque están en España, todavía no pueden ocupar cargos públicos. Entre los nombres más destacados que esperan esta decisión se encuentran los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, o el exvicpresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Del TC dependerá que ellos, así como Puigdemont, puedan recuperar plenamente sus capacidades para volver a la primera línea política.

Al mismo tiempo, el pronunciamiento del TJUE implica que el Supremo tenga algún freno si quisiera plantear más cuestiones prejudiciales: la justicia europea insiste en su sentencia en lo más importante desde el punto de vista del TS, que es que la ley de amnistía no va en contra de la estructura jurídica de la UE. Esto es importante también porque evita que se puedan alargar más los plazos para la aplicación efectiva de la ley. La conclusión es que el Constitucional puede acelerar la aplicación de la ley de amnistía, pero el Supremo por su parte podría todavía frenarla.

En el mejor de los casos para Puigdemont, si Bruselas percibiera choque con el derecho de la UE, tendría que enviar a España ante el TJUE, con la apertura de otro proceso, que podría alargarse incluso durante un periodo de dos años. Es decir, nada de lo que tenga relación con esta denuncia ante la Comisión tendría efectos inmediatos ni sobre la propia puesta en marcha de la ley de amnistía ni sobre el Estado miembro implicado, en este caso España.

¿Qué dijo en su momento la Comisión sobre la norma?

La Comisión Europea ya se pronunció sobre la ley de amnistía en 2025 como parte de las vistas en el TJUE y su opinión no es vinculante pero siempre se toma en cuenta en estos procesos. Entonces Bruselas aseguró que la ley "no parece responder" al interés general, sino a un "acuerdo político" para investir a Pedro Sánchez en el año 2023. Sí matizó el Ejecutivo comunitario que no veía una relación directa o clara entre la normativa y una posible malversación de fondos de la UE. En cambio, si se refirió a la legislación como una "autoamnistía" por intereses políticos.