La Fiscalía recurre el procesamiento de Begoña Gómez y pide archivar la causa por “inexistencia de delitos”

La Fiscalía provincial de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para que se archive la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acusada de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El fiscal considera que el juez Juan Carlos Peinado ha provocado “deliberada confusión” en el relato de los hechos para tratar “de dibujar” delitos ante “la inexistencia de los mismos”.

Solicita que la investigación no siga adelante, ni contra Gómez ni con los otros dos imputados, la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Con independencia de consideraciones éticas o estéticas, de la conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, la mera relación conyugal de Begoña Gómez no puede operar [...]como influencia”, defiende el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El fiscal presentó este martes un primer recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial contra la decisión del instructor Peinado de no dar por finalizado el asunto, y un segundo recurso este miércoles dirigido al juez al que acusa de ir virando el objeto del procedimiento “siempre en pro de la continuación de la causa”.

“Trata de catalogarse y tacharse cualquier actividad” de Begoña Gómez “como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales”, dice el fiscal, “como si de una trama u organización criminal se tratara”.

Fue el pasado lunes cuando Peinado propuso juzgar a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos. A su juicio, la mujer del presidente del Gobierno se prevalió de su posición para la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, para el envío de unas cartas en favor del empresario Barrabés y que consiguiera así una adjudicación pública, para el registro de forma presuntamente irregular del dominio de una web que utilizaba en el máster que pendía de la cátedra, y para el empleo de su asesora en La Moncloa en su actividad privada.

Pero, según el ministerio público, el juez entremezcla conceptos y no termina de aclarar algo tan básico como, por ejemplo, cuál fue el beneficio de Gómez en esta supposed trama de corrupción. El magistrado habla de que este beneficio pudo ser a través de un tercero, pero el fiscal le recuerda que nunca llegó a obtener ni un euro de la creación del software bajo sospecha y que por la cátedra “no cobró”. “Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión”, remacha.

El juez Peinado ha dirigido la instrucción de la mano de las acusaciones populares, puesto que la Fiscalía nunca ha visto mimbres delictivos para indagar en la actividad de Begoña Gómez. Desde el inicio el fiscal recurrió el nacimiento de la causa y, a partir de ese momento, se ha ido oponiendo a muchas de las decisiones del magistrado. Tampoco ha tenido un papel activo en los interrogatorios a lo largo de los dos años que ha durado esta instrucción.

“Echando la vista atrás”, indica ahora, “no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”.

A la Fiscalía le parece “inexplicable” que Peinado introduzca en el tráfico de influencias a la asesora de La Moncloa por una “presunta presión moral”. “Nadie ha descrito ninguna actuación de presión”, recuerda. Y tampoco ve el delito en la actuación de Barrabés que, como “reconocido empresario líder en innovación y nuevas tecnologías” que era, defende, tenía todo el sentido que diera clases en el máster de Gómez.

“No podemos asumir y aquietarnos con que, ante la ausencia de indicios que liguen a la persona con el delito, desdibujemos su actuación con una atribución genérica de una participación en grado de cooperación”, insiste.

El escrito subraya que se ha “escudriñado” todo lo relativo a la cátedra, incluso, con la imputación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que luego desimputó la Audiencia Provincial, y solo se cuenta con el acervo indiciario de una reunión en Moncloa y las manifestaciones del entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio.

La reunión en “la residencia habitual” de Gómez y “cuando las instalaciones de las universidades estaban cerradas por el confinamiento” no es un acto de presión, dice el fiscal, y Doadrio creó la cátedra y no mostró “inconveniente” ni presión para ello, añade.

Sobre las cartas enviadas para la adjudación pública a las empresas de Barrabés, el ministerio fiscal enumera las 35 empresas y asociaciones que también enviaron misivas. “Atribuir influencia e incidencia determinante a Begoña Gómez”, refleja, “carece de base indiciaria mínima”.

Tampoco entiende el fiscal cómo se puede ver un delito de corrupción en los negocios en “el hecho de participar en reuniones, enviar correos o ser interlocutora u organizadora de un evento”. Y apunta a la arbitrariedad de algunas diligencias como que hayan “desfilado por sede judicial” algunos representantes de las empresas con las que la esposa del presidente del Gobierno tuvo contactos como Google, Telefónica o Deloitte y no otras tantas como ONCE o Mercadona, entre otras.

En relación al registro del software, el fiscal se posiciona con las defensas en que no hay delito apropiación indebida porque este nunca se registró y, de haberlo, es una cuestión de materia civil. “Si estaba o no en la mente” de Begoña Gómez explotar esta plataforma en el futuro “lo desconocemos”, indica la Fiscalía, “sí podemos decir que, en nuestra opinión, la actividad realizada hasta ese momento no ha rebasado los umbrales del delito”.

Y, por último, sobre la actividad de la asesora, el escrito explica que merece “mención aparte” porque Peinado ha justificado “toda la actividad adicional” a las “obligaciones inherentes” de Cristina Álvarez como delictiva. Reitera el ministerio público que no existe una regulación “concreta y normativa” sobre las funciones de una asistente del cónyuge del presidente del Gobierno y que no hay un perjuicio para el erario público en el hecho de que ella acudiera a algunas reuniones y contestara a algunos correos sobre la cátedra.

Dice que lo que pretende la acusación popular, que señala una malversación íntegra del sueldo de Cristina Álvarez, “no viene sino a desdibujar el intento de trasladar una conducta penal reprochable y a poner de manifiesto la inexistencia de un perjuicio cierto”.

La Audiencia Provincial tendrá, por tanto, que deshacer este enredo. Begoña Gómez y el resto de acusados han recurrido desde que el procedimiento se haya transformado en juicio con jurado hasta el mismo cierre de las diligencias. “Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad”, apuntó Gómez en el último recurso.

50 cátedras extraordinarias

La esposa de Sánchez acaba de presentar, ante el juzgado de instrucción número 41 que ha dirigido la investigación contra ella, un informe pericial que enmarca dentro de la normalidad la cátedra que Begoña Gómez co-dirigió durante cuatro años. El catedrático de Economía de la Universidad de Granada Antonio Manuel López firma un informe que explica que solo en la Complutense existen 50 cátedras extraordinarias financiadas por empresas privadas desde la de Leche Asturiana, pasando por Campofrío, Telefónica, Iberia, la ONCE o la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

El informe de este experto en control de entidades públicas dice que hace tiempo que las universidades tienen estas fórmulas de colaboración “público-privada destinadas a facilitar el desarrollo de actividades de formación, investigación y transferencia del conocimiento” y que es “habitual que participen provisionales no vinculados a la universidad, pero que tienen experiencia en el sector”. De las 50 que se han analizado, hay 12 de ellas en las que la persona que figura como co-directora no mantiene vinculación contractual con la Complutense, como Begoña Gómez.