Muerte de niño por disparo de policía en Huacho conmociona Perú y reaviva debate sobre ley de protección a fuerzas del orden

Un mototaxi vuelca en una avenida de Huacho, al norte de Lima. Dentro va una madre con Junior, su hijo de ocho años. La madre se ha hecho unos raspones en la cara, pero se tranquiliza al ver que su niño se encuentra bien. Una patrulla llega a la escena y piden al conductor sus documentos y que pase el dosaje etílico. El sujeto está borracho e increpa a los agentes. Uno de los policías saca su arma y dispara. El video no permite ver con exactitud adónde apuntó, pero Junior, que estaba al lado de su madre, se desploma. El disparo le ha dado en la cabeza. “¿Qué has hecho? ¿Por qué disparaste?”, le reclama la madre, llorando.

Junior fue trasladado al hospital más cercano en la provincia de Huaura, pero por la gravedad de sus heridas fue derivado a un centro especializado en Lima, donde murió. Como ha contado su madre, con la voz entrecortada, ambos regresaban a su casa luego de pasar este domingo en una feria. Un vecino se ofreció a hacerles el servicio. “¿Qué necesidad tenía de disparar? Yo estaba en la vereda. Yo le he reclamado [al policía], pero no me decía nada. No entiendo por qué le cayó a mi hijo”, ha declarado la madre.

La muerte de Junior Collantes Portal ha conmocionado al país. El agente que disparó su arma fue identificado como el suboficial Luis Nazario Chumbes. La Primera Fiscalía Provincial Penal de Huaura abrió este lunes una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo y dispuso la incautación del arma, pericias balísticas y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir con precisión cómo ocurrió el disparo que acabó con la vida del menor.

La tragedia ocurre cuando el Congreso saliente decidió ampliar el manto de protección jurídica sobre las fuerzas del orden. Este lunes, apenas un día después de la tragedia, fue promulgada una ley que dispone que los policías y militares acusados de cometer delitos durante el ejercicio de sus funciones sean procesados exclusivamente por el fuero militar-policial y no por la justicia ordinaria. La norma había sido impulsada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, militante de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la presidenta electa. Fue aprobada en segunda instancia a fines de junio. El presidente José María Balcázar pudo haberla frenado, pero la dejó pasar.

Sus defensores sostienen que corrige una supuesta duplicidad de procesos. Argumentan que ningún efectivo debería enfrentar investigaciones paralelas en dos jurisdicciones distintas por los mismos hechos. La nueva legislación considera delito de función cualquier conducta ilícita cometida por un policía durante el cumplimiento de tareas de prevención del delito, control de identidad, fiscalización del tránsito, labores de inteligencia o seguridad ciudadana, entre otras. La intervención en Huacho encaja, al menos preliminarmente, dentro de ese marco. Esa posibilidad ha encendido las alarmas entre especialistas en derechos humanos.

La abogada Julissa Mantilla, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resumió esa preocupación: “Tenía ocho años y volvía de una feria con su mami en Huacho. Hay un incidente y la Policía interviene. Un balazo en su cabecita lo mata. Esto podría encajar en la nueva definición de delito de función. Esto aprobaron. Que la vida de ese niño les pese en la conciencia”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su consternación y advirtió que el caso “evidencia, una vez más, la urgente necesidad de garantizar que toda actuación policial se realice con estricto respeto al derecho a la vida y a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza”.

El caso de Junior no es el único que ha puesto a la institución bajo la lupa en las últimas semanas. A mediados de junio, un adolescente de 17 años murió dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, donde permanecía detenido desde hacía dos días por un presunto robo. Su familia denunció que el joven les contó que los policías les exigían dinero para dejarlo en libertad y que, de no hacerlo, lo matarían. La versión de los agentes señala que el adolescente se quitó la vida utilizando los pasadores de sus zapatillas, bajo su custodia. La investigación continúa abierta.