Promotores y Gobierno chocan por la crisis de vivienda y la Ley del Suelo

Mientras la crisis de vivienda se agudiza, cada una de las partes implicadas en su resolución pide responsabilidades al vecino. Los promotores y constructores acudieron ayer al Congreso para reclamar un acuerdo político que saque adelante la reforma de la Ley del Suelo, una norma que consideran fundamental para desatascar algunos de los mayores proyectos residenciales repartidos por todo el país.

Solo unas horas antes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había apelado precisamente a esos promotores y constructores, a los bancos y a los inversores para que asuman que la vivienda, antes que un bien de mercado, es un derecho y que si no lo afrontan como tal, su propio negocio y la economía acabará sufriendo las consecuencias.

Ambos protagonizaron lo que las redes sociales definirían como un beef en diferido en un momento en el que las dificultades de acceso a un alquiler o a la propiedad comprometen la estabilidad financiera de miles de hogares y los proyectos de futuro de millones de ciudadanos.

El presidente de APCE España, Xavier Vilajoana, denunció en la Camara Baja la "incapacidad" del sistema político español de alcanzar un consenso para aprobar los cambios en la Ley del Suelo que permitirían agilizar los trámites de los planes urbanísticos en marcha. Durante su comparecencia en la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Vilajoana alertó de que España acumula casi diez años de retrasos para conseguir aprobar una reforma ampliamente consensuada y fundamental que desbloquee la producción de vivienda en España. "Sabemos cuál es el problema, conocemos la solución y también sus consecuencias. Es difícil encontrar otras reformas legislativas con un consenso técnico tan amplio; el problema es que el sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria", lamentó, subrayando que el debate ya no es de diagnóstico, sino de voluntad política.

El presidente de APCE vinculó directamente esta situación con la crisis de acceso a la vivienda, señalando la incoherencia entre el diagnóstico ampliamente compartido y las herramientas disponibles para afrontarlo. Vilajoana, que también es presidente de APCE Cataluña, se refirió a la situación en esta esta comunidad autónoma, en la que existe un déficit estructural de vivienda y, al mismo tiempo, hay identificados 179 sectores con potencial para desarrollar hasta 214.000 viviendas, muchos de ellos todavía pendientes de gestión o expuestos a riesgos jurídicos derivados del sistema actual. "Estamos ante una contradicción evidente: reclamamos más vivienda, pero mantenemos mecanismos que dificultan generar suelo y activar nuevas promociones", advirtió. En este sentido, insistió en que cada anulación de planeamiento supone años perdidos, inversión desaprovechada y vivienda que no llega al mercado cuando es necesaria.

La ministra de Vivienda, por su parte, reclamó por la mañana a la banca, al capital y al sector de la construcción y la promoción de viviendas que actúen desde la base de que la vivienda es "ante todo, un derecho". Durante su participación en un foro inmobiliario, Rodríguez advirtió de que si no se resuelve este problema, pueden verse afectados no sólo el mercado inmobiliario, sino también la economía, la sociedad y la democracia. "El derecho es lo primero. El derecho a la propiedad existe, claro. El mercado existe, claro. Pero si no garantizamos el derecho, todo puede empezar a quebrarse", aseguró.

También defendió la intervención del Gobierno en la regulación de ese mercado, algo sobre lo que el sector inmobiliario se ha mostrado siempre en contra. "Hay una situación de emergencia. Hemos de regular", afirmó la ministra, si bien también reconoció que el Congreso es el lugar donde menos consensos se han alcanzado en los últimos años para abodar la problemática residencial.

La titular de Vivienda indicó que las dificultades para acceder a una vivienda tienen consecuencias económicas y sociales más allá del propio mercado inmobiliario, ya que influye en aspectos como el empleo porque hay puestos que quedan sin cubrir por la dificultad de los trabajadores de vivir en ese territorio. "Si no solucionamos este problema, estaremos estrangulando a la economía, al mercado y, por supuesto, a la sociedad y a la democracia", sentenció.