19 países europeos piden financiación para campos de deportación fuera de la UE

Los Estados miembros de la línea dura contra la inmigración buscan financiación para abrir campos de deportación fuera de la UE. Diecinueve países europeos, encabezados por Dinamarca, Italia, Países Bajos y Austria, han pedido por carta a la Comisión Europea que apoye financieramente esos polémicos centros, que llaman “soluciones innovadoras”. Ahora que se ha aprobado definitivamente la regulación que permite ponerlos en marcha, el Ejecutivo comunitario estudiará esa propuesta cuando esté madura, según ha explicado este lunes un portavoz comunitario. “Ahora, los próximos pasos están en manos de los Estados miembros”, ha remarcado.

La semana pasada, el Parlamento Europeo dio luz verde definitiva al reglamento de retornos, jaleado por la ultraderecha con cánticos xenófobos de “send them back” (“mandadlos de vuelta”). La normativa, ratificada por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, proporciona un marco legal para abrir esos centros y para que los Estados miembros envíen allí a personas que hayan visto rechazada su solicitud de asilo; entre ellas, familias con menores.

Poco antes, con un acuerdo de los ministros de Asuntos Europeos, los Gobiernos de los Estados miembros acordaron trabajar en un instrumento financiero para el próximo presupuesto comunitario que se podría utilizar para financiar con fondos comunitarios esos centros de deportación en el extranjero.

“Necesitamos mostrar resultados concretos que marquen una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”, dicen los 19 Estados miembros en su carta a la Comisión Europea, enviada el 19 de junio. “Necesitamos aprovechar al máximo las nuevas posibilidades y estar preparados para abordar eficazmente cualquier obstáculo restante para garantizar que las nuevas soluciones se conviertan en realidad”, reclaman en la misiva, en la que aseguran que trabajarán para que esas vías, entre ellas los campos de deportación, “se hagan realidad”.

Para ello, un grupo de cinco Estados miembros —Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Austria y Grecia— negocia ya con países de fuera de la UE, fundamentalmente de África, para encontrar a alguno que pueda acoger esos centros a cambio de fondos y beneficios comerciales, pero también de acuerdos sobre migración laboral para sus nacionales. Esos países candidatos se mantienen en secreto por miedo a descarrilar las negociaciones o a que aumente el precio de su cooperación, según fuentes diplomáticas.

El viernes, tras una cumbre europea en la que también se habló de inmigración, el presidente francés, Emmanuel Macron, cargó contra la idea de esos centros. “No estoy seguro de que esta sea nuestra Europa. No sé si estos son los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra Europa”, dijo Macron en rueda de prensa. “Y tampoco creo que sea eficaz. La prueba es que hasta ahora no he visto a nadie que lo haya conseguido”, apuntó. “Tengo mucho respeto por cualquiera que quiera hacerlo. No estoy de acuerdo, ni en la práctica ni en el principio. Creo que no tiene nada que ver con la política europea”.