Encontrar un piso de alquiler en Mollet del Vallès parece algo así como la búsqueda del tesoro. Ni rastro de oferta en los escaparates de las oficinas inmobiliarias del centro de la ciudad. Tampoco en el interior hay mejor suerte. “Para alquilar, apúntate a la lista de espera”, explican en una de ellas. Entre la información que solicitan, figura el estado civil, el salario o posibles avales.
La situación es similar en los portales online. En Idealista aparece un único anuncio de alquiler permanente en esta ciudad a 15 kilómetros de Barcelona, una de las 22 que dejará de tener precios regulados a partir de marzo del año que viene. Se trata de un piso de 83 metros cuadrados por el que piden una renta de 1.261 euros al mes, cuando el alquiler medio se situó en 721 euros en el primer trimestre del año en el municipio, indican los últimos datos del Incasòl.
No es en absoluto un caso aislado. La escasez de vivienda es generalizada en toda la conurbación urbana de las grandes ciudades catalanas. De ahí que en el 2024 el Govern decidiera declarar zona de mercado residencial tensoniada un total de 271 localidades. Ahora, ve signos de mejora en 22 de ellas, aunque ha prorrogado los topes en el resto y ha incluido otras 53.
El balance que realizan los expertos consultados es calcado: la regulación ha frenado la intensa subida de los precios de la última década, pero los problemas para encontrar vivienda persisten.
De entre las ciudades que abandonan la regulación, Lleida es la más poblada. Su alquiler medio está por debajo que el del conjunto de zonas tensionadas, con 558 euros frente a 876 euros –ver gráfico adjunto–.
El alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa (PSC), valora de forma positiva el efecto del tope de precios durante este tiempo, a la vez que celebra la salida del municipio del mercado regulado. “Es un reconocimiento a la gestión que estamos haciendo para incrementar la oferta residencial en Lleida”, afirma. La implicación de los ayuntamientos resulta esencial para impulsar la oferta de vivienda asequible. La Paeria ha dado licencias para construir 1.125 viviendas en los últimos tres años y este 2026 otorgarán otra tanda para edificar 400 pisos de alquiler social, añade Larrosa. En paralelo, ha puesto 11 solares a disposición de la bolsa de la Generalitat, con capacidad para 300 viviendas, además de aprobar bonificaciones fiscales.
Estos avances en el parque de vivienda han sido tenidos en cuenta también por la Generalitat para levantar la limitación de rentas.
Granollers y Mollet del Vallès acaban de aprobar asimismo planes urbanísticos para incrementar la oferta de pisos públicos. Mientras tanto, tanto en estos municipios del Vallès Oriental como en Lleida o Reus, la demanda supera en mucho a la oferta. “Nos ha sorprendido que Granollers y Mollet salten de la regulación; es cierto que los precios se han contenido, pero es que no entran alquileres nuevos, el mercado está estancado”, comenta Àlex Vázquez, director de Vivienda de alquiler en Forcadell, con oficinas en estas dos ciudades.
En Reus, otra de las grandes localidades que dejará de tener tope de precios, con 111.000 habitantes, las rentas han bajado de media casi un 6%. Los datos muestran, en paralelo, una desaceleración del mercado de alquiler: los contratos firmados en Reus en este período han descendido un 13%.
En la capital del Baix Camp, ciudad dinámica, con un potente tejido comercial, cultural e industrial, sí se han generado pues cambios en el mercado pero no a gusto de todos. El sector inmobiliario aplaude el final de las limitaciones públicas y augura que se recuperará el interés de promotores de vivienda e inversores que verán de nuevo opciones de hacer negocios con buena rentabilidad a través del alquiler.
“Los inversores podrán tener una mejor rentabilidad, de hecho, nosotros mismos habíamos dejado de gestionar algunas ventas destinadas a la inversión porque con el índice de referencia del alquiler, los números no salían y la rentabilidad era insuficiente”, constata Joan Pàmies, gerente de la inmobiliaria Finques Pàmies, con sede en Reus.
Sergio Nasarre, catedrático de Derecho civil, fundador de la cátedra Unesco de Vivienda de la URV, también prevé una subida “muy fuerte” de la oferta de pisos de alquiler, “bajísima y hasta ahora oculta en Reus porque los propietarios no querían poner su piso en el mercado”. Nasarre también augura un incremento “increíble” de la demanda de vecinos de municipios cercanos con la renta controlada por el “efecto frontera”. De media, subraya, ha bajado un 20% la oferta de alquiler en un “mercado completamente paralizado”.
Pero también hay preocupación ante el previsible repunte de los precios. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC), sostiene que la regulación ha sido una “herramienta efectiva para facilitar el acceso a la vivienda”. El Ayuntamiento ha finalizado la construcción de la promoción municipal de vivienda asequible del complejo de la Riera. El precio de alquiler de estas 48 nuevas viviendas estará entre 350 y 500 euros mensuales.
No muy lejos de Reus, en Vila-seca, en la Costa Daurada, se vivirá ahora el tránsito opuesto, al ser incluido el municipio en la zona tensionada. El alcalde, Pere Segura (Junts), aplaude la decisión de la Generalitat aunque lamenta que “llega tarde”. El precio medio del alquiler en su ciudad ha subido en los dos últimos años un 21%. Con 25.000 vecinos pero una población que se multiplica en verano, Vila-seca tiene una fortísima demanda de vivienda por su gran dinamismo, sobre todo gracias al turismo y la industria química. Martorell (Baix Llobregat), una de las pocas ciudades del área de Barcelona que quedó fuera de los topes en el 2024, pasará también al mercado regulado.
