Abascal acusa al Gobierno de "regalar" nacionalidades para "alterar" el censo electoral

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a insistir este martes en su tesis de que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados y emigrantes españoles a través de la 'ley de nietos' tiene como objetivo "alterar" el censo electoral. Así lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco, en la que ha acusado a los socialistas de animar a que estas personas se inscriban en el censo electoral por "provincias pequeñas", de manera que, si llegaran a votar en unas elecciones, su papeleta tuviera mayor peso.

"Hemos visto vídeos de socialistas diciendo que esas nacionalizaciones tienen que dirigirse a las provincias pequeñas, donde pueden afectar al reparto de escaños", ha dicho, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "regalar" la nacionalidad española con el objetivo de provocar un presunto "fraude" electoral. Abascal considera así que el Ejecutivo maniobra en colaboración con "estructuras kirchnerista y chavistas" para influir en la inscripción de los nacionalizados en el censo electoral, aunque por el momento no se ha denunciado ninguna irregularidad. "En España se regala la nacionalidad a cualquiera y con cualquier tipo de objetivo", ha aseverado.

Pese a reconocer que no cree que todas las personas que han obtenido la nacionalidad española por esta vía sean "potenciales votantes socialistas" y que el voto exterior en los últimos comicios ha cambiado "poco" el escrutinio de los residentes, el líder de la tercera fuerza ha recalcado que "unos pocos miles" de votos "dirigidos a provincias concretas pueden afectar al resultado electoral".

Abascal ha rechazado así de plano el procedimiento introducido como medida de "reparación histórica" en la ley de Memoria Democrática para permitir a descendientes de exiliados y emigrantes españoles acceder a la nacionalidad. "A aquellos que no han vivido en España ni van a vivir no se les puede regalar la nacionalidad", ha opinado el líder de Vox, que ha recriminado al Gobierno que convierta "una guerra de hace un siglo" —en referencia a la Guerra Civil— en "el debate político y público del día a día".

La ley aprobada en 2022 estableció un plazo de tres años para que los descendientes de exiliados españoles en el extranjero solicitaran la nacionalidad eligiendo el municipio a efectos electorales de mayor arraigo de ascendientes. A solicitud de este medio, el Gobierno ha eludido aportar datos detallados por provincias de los extranjeros que han conseguido la nacionalidad por esta vía. El proceso cerró el pasado octubre con 2,5 millones de solicitudes, de los cuales habrían recibido el pasaporte español ya unas 545.000 personas.