Denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que David Sánchez devuelva ingresos de la Diputación de Badajoz

Una de las acusaciones particulares del caso del 'hermanísimo' ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que David Sánchez Pérez-Castejón, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, devuelva todos los ingresos que cobró de la Diputación provincial pacense desde su acceso como alto cargo en 2017 hasta su dimisión en 2025. "La presente acción pública contable constituye precisamente el cauce legal establecido para que tales hechos sean examinados por el Tribunal de Cuentas y para que, mediante las correspondientes actuaciones previas, se determine si los pagos efectuados produjeron un daño patrimonial resarcible", señala en el escrito Luis María Pardo, presidente de 'Iustitia Europa'.

La sentencia de los tres magistrados de la Audiencia Provincial especificó que los salarios obtenidos por David Sánchez (y también por Luis María Carrero, el amigo del músico contratado por la Diputación cuando aquel ocupaba el puesto de asesor de Comunicación en Moncloa) sólo podrían ser devueltos en una acción que hubiera instado "o bien la entidad pagadora de tales sueldos, es decir la institución provincial, o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación". En este sentido, añade que "habría de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas".

Según se especifica en el escrito, las retribuciones brutas que habría recibido David Sánchez durante este tiempo ascienden a 340.572,6 euros mientras que las de Luis María Carrero, que también fue declarado culpable, son de 86.988,76 euros correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025. Ambas cifras suman un total de 427.561,12 euros, aunque, señala Iustitia Europa, "las cifras anteriores deberán ser verificadas mediante requerimiento a la Diputación Provincial de Badajoz para que aporte las nóminas mensuales, certificados de haberes, cotizaciones sociales, contratos, nombramientos, resoluciones de excedencia, permisos, altas, bajas y ceses así como los documentos de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación, ordenación y materialización de cada pago".

La asociación pone de especial relieve que la sentencia declara que, desde su contratación, el hermano del presidente del Gobierno "apenas acudió a su puesto de trabajo, que sus contactos con los directores de los conservatorios fueron esporádicos y que terminaron siendo prácticamente inexistentes y que no cumplió con las obligaciones laborales asumidas en el contrato".

Después de concretar una serie de hechos probados por la sentencia en cuanto a la relación laboral del músico con la Diputación, dicha asociación señala que lo ocurrido "trasciende de la mera irregularidad administrativa en la creación del puesto" por lo que plantean "la posible existencia de pagos periódicos realizados sin la contraprestación contractual que lo justificaba así como el eventual mantenimiento de una relación retributiva pese al conocimiento de la falta de cumplimiento de sus funciones esenciales". Así las cosas, 'Iustitia Europa' señala que procede determinar "qué funciones se prestaron efectivamente en cada periodo (en referencia también al cambio de puesto a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas), cuáles funciones contractuales fueron incumplidas, autoridades o funcionarios certificaron o dieron por cumplida la prestación, órganos que reconocieron y ordenaron las obligaciones económicas y si existieron controles de presencia, actividad, objetivos y resultados".

Con respecto a Luis María Carrero se señala que la sentencia hace referencia a una plaza igualmente "vacua, reservada de antemano a su destinatario", por lo que cabría averiguar "las funciones realmente desarrolladas y la utilidad pública efectiva de las mismas". La asociación también señala a una serie de cargos, como Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Diputación como a otros puestos de confianza y funcionarios" para investigar las conductas que tuvieron en el caso con el fin de fiscalizar el pago de las nóminas.

La asociación recuerda que la sentencia examinó expresamente la pretensión de devolución de los salarios y remitió su conocimiento al Tribunal de Cuentas. Por ello, añade la asociación, "la incoación y sustanciación del procedimiento penal interrumpió el plazo de prescripción de las responsabilidades contables derivadas de los mismos hechos y, así mismo, si los hechos son constitutivos de delito".