Cuando la presión migratoria en la frontera de Ceuta había alcanzado niveles extraordinarios la tercera semana de julio y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya había detectado señales inequívocas de que la situación estaba cambiando, el dispositivo de vigilancia de la Guardia Civil en la frontera seguía siendo manifiestamente insuficiente para afrontar una eventual entrada masiva. En el momento en que miles de personas comenzaron a cruzar desde Marruecos, el Instituto Armado contaba con apenas cinco agentes en tierra en la frontera y con cuatro efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), los buceadores. A estos últimos, se sumó su jefe, pese a que se encontraba de baja.
Este despliegue era difícilmente compatible con la magnitud de una amenaza que ya se había advertido al Ministerio del Interior por parte del de Defensa. La secuencia posterior —más de 50.000 personas entrando en apenas unas horas durante la noche del 30 al 31 de julio— evidenció hasta qué punto la capacidad de respuesta estaba desbordada. Las primeras horas fueron un auténtico caos. Los agentes estaban totalmente desbordados. Eran incapaces, según el testimonio de uno de ellos, de abordar una situación que, en cuestión de minutos, se volvió incontrolable. El dispositivo se vio completamente sobrepasado y la presión sobre la frontera no dejaba de crecer. Este escenario insólito empujó a los 15 guardias civiles que había en la Comandancia de Ceuta a cerrar las instalaciones para desplazarse a la frontera y reforzar el dispositivo e intentar contener así la entrada.
También llegaron 11 agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), pero el refuerzo seguía siendo insuficiente. Finalmente, ante la magnitud de la situación, los agentes, según revelan a este periódico, solicitaron la intervención del Ejército, cuya llegada no se produjo hasta las nueve de la noche. Este retraso generó malestar entre los agentes que habían tenido que afrontar durante horas una situación que consideraban ya incontrolable.
Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se vieron completamente desbordados porque la entrada no cesaba, una situación que obligó a intervenir de manera urgente al Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska con 200 policías nacionales -principalmente UIP, antidisturbios, y UPR, otra unidad de élite- para reforzar el dispositivo de seguridad y contener la presión migratoria. A ellos se sumaron inicialmente 98 agentes del Instituto Armado.
Posteriormente, el refuerzo se amplió hasta 330 policías y 240 guardias civiles adicionales, según indicó el Ministerio. La gestión de la crisis abrió además una profunda brecha entre el Ministerio del Interior y el de Defensa. En el centro de la disputa quedó el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): mientras fuentes vinculadas al servicio de inteligencia español sostuvieron que había trasladado a Interior varios avisos sobre el riesgo de una entrada masiva, el ministro Grande-Marlaska negó tajantemente haber recibido una alerta de esas características. El enfrentamiento entre ambas versiones elevó la tensión dentro del Gobierno y abrió una cuestión especialmente incómoda: si existieron advertencias previas sobre una posible avalancha migratoria y por qué la frontera no estaba preparada para hacerle frente.
«Aquello fue una bestialidad. Lo que tuvimos que vivir ese día no podemos olvidarlo», relata uno de los agentes que velaba por la seguridad en la frontera. La carencia de personal en el paso fronterizo es una problemática crónica y la entrada masiva a Ceuta demostró que nada ha cambiado en la estructura del control de las fronteras.
Sucedió con el asalto a la valla de Melilla en el año 2022, cuando 27 migrantes, según los datos de una ONG, murieron en el intento. Entonces, únicamente había 16 agentes de la Guardia Civil para contener aquel intento que implicó a más de 3.000 personas.
