El Consejo de Estado español: ¿Pilar institucional o mito del pasado?

Tal vez no sería necesario que el Consejo de Estado dure y dure, aunque este año celebre medio milenio y sus cinco siglos de existencia bien merezcan una conmemoración.

Hoy la función constitucional de este Consejo, según consta en el artículo 107 de la Carta Magna, es ser el supremo órgano consultivo del Gobierno: informes y dictámenes, dictámenes e informes.

Ahora lo preside Carmen Calvo y, según leo en la web oficial de este otro quinto centenario, la institución afirma de sí misma que “sigue siendo un pilar discreto pero firme del edificio institucional español”.

Discreto, sí, pero pilar, no sé.

Como todos los mitos del que se nutren las naciones, este también se origina en un pasado muy remoto y de éxtasis imperial: el rey Carlos I, la Granada recuperada, julio de 1526.

En el reportaje espléndido que es Los dueños del Estado, Rafael Méndez enumera algunos hitos de la historia moderna de este organismo.

La Segunda República quiso abolirlo, pero tenía demasiados asuntos pendientes por resolver.

El franquismo lo restituyó pronto y el consejero nombrado por la dictadura que más tiempo estuvo en activo en democracia fue un miembro del selecto Consejo: Antonio Sánchez del Corral, elegido en febrero de 1975 y que murió en 2011 sin haber dimitido de su cargo.

Sostiene Méndez que el responsable de incorporar el Consejo de Estado a la Constitución de 1978 debió ser uno de los padres de esta: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, vinculado desde 1966 a la casa tras aprobar las contadísimas y exigentes oposiciones para pertenecer a un influyente cuerpo de letrados que, con muchos apellidos que se heredan y con bastante naturalidad, simultanean su responsabilidad pública con el trabajo en bufetes o asesorando grandes empresas (incluidos bancos andorranos).

Desde hace años Herrero es miembro permanente, es decir, ostenta un cargo con rango de secretario de Estado.

La Ley Orgánica del Consejo de Estado está fechada en 1980.

Mi paseo dominical tiene como punto de partida su artículo octavo.

“Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio”.

Para serlo deben manifestar, simplemente, su voluntad de incorporarse a él.

Como se espera de un estadista que ha pilotado los rumbos de la nación, el capital acumulado durante la presidencia debería ponerse al servicio del Gobierno.

La continuidad institucional así parecería demandarlo: robustecer ese órgano consultivo donde conviven políticos y juristas experimentados, hombres de voz oracular que dedican su saber a orientar al Gobierno para que actúe con más criterio.

Aunque es verdad que hay un régimen de incompatibilidades que puede provocar algún contratiempo.

Imposibilitó, por ejemplo, que José María Aznar pudiese ser consejero de la empresa de medios de Rupert Murdoch y a la vez consejero de Estado.

Prefirió lo primero.

Pero es que después de abandonar su más alta responsabilidad ni Felipe González ni Mariano Rajoy quisieron tomar posesión del cargo en este Supremo.

Y no es que la retribución de consejero esté del todo mal: 119.778,17 euros al año (a lo que debe sumarse secretaria, coche oficial y chófer) más lo que cobran como expresidentes (74.580 euros).

No ha sido suficiente.

Quieren más.

Ha sido un problema.

Lo escribió Soledad Gallego-Díaz, una periodista de la democracia que creía en la importancia de las instituciones: “Es difícil renunciar al poder después de muchos años y que no te consideren, y te consideres tú mismo, un hombre de Estado, dijo en una ocasión Bruno Kreisky, canciller de Austria de 1970 a 1983.

Lo difícil es cómo traducir ese teórico papel, sin tener el instrumento institucional adecuado”.