El Gobierno aprueba de nuevo la senda de estabilidad rechazada por el Congreso

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la misma senda de estabilidad que el Congreso rechazó la semana pasada, en un nuevo intento de sacar adelante el marco necesario para elaborar y presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2027. El Ejecutivo llevará de nuevo la propuesta a las Cortes este jueves, en la última sesión plenaria antes del habitual parón de agosto. Y todo apunta a que volverá a encontrarse con el portazo de la mayoría parlamentaria. Por eso, si el Ministerio de Hacienda sigue adelante con su intento de aprobar unas cuentas públicas, abrirá las puertas a un escenario inédito en España.

Los pasos del Ejecutivo estaban previstos. La ley obliga al Gobierno a volver a presentar una propuesta de senda fiscal en el plazo de un mes una vez que las Cortes la rechazan por primera vez, pero no le exige modificarla. El Gobierno ya había dejado claro que no tenía intención de alterar el reparto de déficit aprobado inicialmente. Por eso, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una senda que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas en 2027, y que se reparte de la siguiente manera: un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario o déficit cero para las entidades locales.

La senda contempla, por tanto, un margen de una décima para las comunidades autónomas, que dispondrían de 5.849 millones de euros adicionales en tres años frente al escenario de equilibrio presupuestario, según cálculos de Hacienda. Ese es uno de los principales argumentos que utiliza el Gobierno para defender su propuesta, ya que, aseguran desde el departamento que dirige Arcadi España, votar en contra de los objetivos fiscales no solo supone rechazar el marco planteado por el Gobierno, sino que obliga a las autonomías a realizar un ajuste equivalente a esa cantidad.

El Congreso tumbó la senda la semana pasada, en una votación que confirmó el bloqueo que el Ejecutivo ya venía anticipando. Tanto los partidos del bloque de la oposición como Junts habían manifestado su rechazo, mientras que las comunidades gobernadas por el PP también se opusieron previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La negativa parlamentaria impidió así superar el primer trámite necesario para poner en marcha la elaboración de los Presupuestos, después de tres años consecutivos con las cuentas prorrogadas.

La votación prevista para este jueves se presenta como una repetición de la anterior. El Gobierno no ha introducido cambios en la propuesta y los grupos que se opusieron la semana pasada no han dado señales de que vayan a suavizar posiciones. Salvo giro inesperado, la senda volverá a ser rechazada y el Ejecutivo se adentrará en un escenario sin precedentes claros.

El terreno desconocido se explica porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria regula qué ocurre tras un primer rechazo parlamentario, obligando al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta. Sin embargo, no contempla las consecuencias de una segunda derrota. Es decir, no existe un precedente sobre cómo debe continuar la tramitación presupuestaria, ya que el pasado ejercicio, cuando la senda fue rechazada por segunda vez, el Gobierno aparcó el proyecto.

La interpretación que defiende Hacienda es que, una vez agotado el procedimiento previsto en la ley tras una segunda derrota, entrarían en juego directamente los principios de estabilidad presupuestaria establecidos en la Constitución. En la práctica, eso supondría que las comunidades perderían esa décima de déficit y tendrían que alcanzar el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo sostiene que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos no puede quedar bloqueada indefinidamente por la imposibilidad de aprobar los objetivos de estabilidad, aunque esa tesis nunca se ha puesto a prueba y, con casi total seguridad, abriría un intenso debate político y jurídico.

Hacienda ya estudió una salida alternativa en 2024, cuando el Gobierno se enfrentó a la posibilidad de que el Congreso rechazara por segunda vez sus objetivos fiscales. Entonces exploró una interpretación respaldada, según la versión del Gobierno, por un informe de la Abogacía del Estado que permitía continuar con la elaboración de los Presupuestos tomando como referencia los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Aquella vía, sin embargo, nunca llegó a utilizarse porque el Ejecutivo renunció finalmente a presentar nuevas cuentas. Además, el contexto europeo ha cambiado desde entonces con la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza fiscal, que sustituyó al antiguo Programa de Estabilidad sobre el que se apoyaba aquella interpretación.