El Gobierno aprueba de nuevo los objetivos de déficit y deuda que el Congreso ya ha rechazado

El Gobierno ha aprobado, dos semanas después, los mismos objetivos de déficit y deuda que el Congreso ya ha rechazado en varias ocasiones y que, previsiblemente, volverá a derribar cuando toque debatirlos el próximo jueves. Tal y como sucedió ya el pasad 7 de julio, el Ejecutivo propone para este año un límite de déficit del 1,5% sobre el PIB para la administración central -del cual, la mayor parte se irá en transferencias para pagar las pensiones públicas-, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas.

Estos límites fiscales siguen sin gustar a las autonomías gobernadas por el PP, que los consideran insuficientes para el nivel de gasto que cargan sobre sus espaldas las regiones y tampoco agradan a Junts ni a Vox. Las tres fuerzas políticas tienen una mayoría suficiente como para tumbar la iniciativa como ya han hecho en otras ocasiones en el pasado.

Si el Congreso vuelve a rechazar los objetivos de estabilidad el próximo jueves, el Gobierno se adentrará en territorio desconocido. El Ejecutivo tiene la intención de seguir adelante con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque sea sin meta de déficit y deuda. Algo que nunca antes ha sucedido y cuyo fundamento legal no está del todo claro.

Hacienda esgrime que el proceso puede seguir si se aplican las metas fiscales que se comunicaron a Bruselas, que son más restrictivas con las comunidades autónomas dado que les exigen equilibrio presupuestario. Es decir, no podrían gastar más de lo que ingresen. De ahí que el Gobierno utilice como argumento para presionar a los grupos parlamentarios que votar en contra de estos objetivos implica castigar a las autonomías.

En concreto, Hacienda sostiene que las autonomías perderían un margen fiscal de 5.849 millones de euros los tres próximos años (a razón de 1.950 millones cada ejercicio), dado que el objetivo del 0,1% sobre el PIB está previsto para el periodo 2027-2029.

De hecho, como novedad este año, Hacienda ha puesto sobre la mesa que ese 0,1% de límite de déficit para las autonomías se pueda repartir de forma "asimétrica" en el futuro. Es decir, que los territorios más perjudicados por el sistema de financiación autonómica puedan tener más margen de déficit, a cambio de que otros en mejor posición financiera puedan renunciar a parte del suyo.

Esta propuesta, que Cataluña ve con buenos ojos, ha sido rechazada por la mayoría de las comunidades del PP, aunque con matices. Autonomías como Madrid, que está en una posición financiera más favorable han sido especialmente críticas, mientras que otras como Comunidad Valenciana, una de las peor tratadas por el sistema de financiación, señalaron "no estar en contra".