El enfado es monumental. El Gobierno, y en especial el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, está indignado con una situación inédita: la policía ha informado a una jueza de la Audiencia Nacional de que tiene detalles que probarían que Marruecos estuvo detrás del salto de 72.000 personas a Ceuta el 30 y 31 de julio. El Ejecutivo se divide entre los que auguran que la polémica quedará en nada porque el informe será poco sólido y los que están realmente preocupados ante lo que ven como un desafío de la policía al ministro del Interior y al Gobierno.
Pedro Sánchez apoya al ministro Marlaska sin fisuras, pero en el Ejecutivo y en el PSOE hace tiempo hay quienes defienden que el titular de Interior no controla su ministerio, en el que lleva más de ocho años, desde el primer Consejo de Ministros tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. “Es inconcebible que estemos defendiendo públicamente que Marruecos no tiene nada que ver mientras la policía hace un informe en el que señala a la policía marroquí. Inconcebible. Estamos a ciegas con lo que hace la policía”, señala un ministro.
Otras fuentes gubernamentales creen que esto no es culpa de Marlaska, sino de un sector de la Policía y de la Guardia Civil que no reconoce la autoridad del Gobierno y va por libre e incluso trabaja en contra del Ejecutivo. “¿Está la Policía conspirando contra el Gobierno?“, se preguntan algunos miembros del Ejecutivo, que no dan crédito a la inédita situación. En el Gobierno crece así la sensación de descontrol en Interior, con un ministro como Marlaska que ha sufrido ya mucho desgaste y cuya salida algunos han dado por hecha muchas veces, aunque Sánchez siempre le ha defendido y ha decidido mantenerlo hasta el final.
“Estamos a un paso de que Iustitia Europa [un grupo ultraderechista que ejerce la acusación popular en este caso] tenga antes que el Gobierno una información muy sensible de la policía que afecta a la seguridad nacional, es increíble”, señala otro miembro del Gobierno, también desconcertado como todos ante una situación difícil de explicar y que llega a 24 horas de una comparecencia clave del presidente del Gobierno que precisamente se iba a centrar en demostrar que toda la información de la que dispone el Ejecutivo le hace pensar que no ha sido Marruecos.
En el Gobierno también hay malestar con la jueza, María Tardón, que ha ordenado el informe y lo mantiene en secreto, y creen que puede haber intereses políticos detrás, porque ella estuvo en política con el PP y fue concejala de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez del Manzano como alcalde.
Fuentes de La Moncloa señalan que al Ejecutivo le “sorprende” que la Policía no haya compartido con el Gobierno esa información que apuntaría a que Marruecos estaría detrás del gran salto masivo de inmigrantes en Ceuta. “Sorprende que, si existen ya esas evidencias, no se haya informado al Gobierno para poder tomar decisiones que podrían afectar a la seguridad nacional”, señalan estas fuentes, que aseguran que el Ejecutivo no tiene el informe. “Somos los principales interesados en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad avancen en la investigación de lo sucedido y se conozca lo que pasó”, rematan.
En esta línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pide prudencia. “Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe”, ha explicado. Bolaños dice que el Gobierno es “el primer interesado” en conocer con exactitud qué ocurrió los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Mientras, todo el arco parlamentario reclama información detallada antes del Pleno del Congreso de mañana, incluidos los socios de Sumar, que han pedido el informe. El PP exige ya la dimisión del ministro Marlaska “por sinvergüenza, incompetente y mentiroso”, según su secretario general, Miguel Tellado. Y Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, se pregunta “si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó, si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran”.
La cuestión monopoliza la agenda política mientras el Gobierno intenta conseguir toda la información y muestra su desconcierto. El presidente, que está preparando la comparecencia en la que esta cuestión será clave, ha hecho público un vídeo en el que no hace ninguna mención a esta polémica y se limita a un mensaje de solidaridad a los ceutíes. En el vídeo, Sánchez dice comprender que los ceutíes están afrontando “circunstancias difíciles” y que es comprensible que piensen que “hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente”. Pero les asegura que el Gobierno está “movilizando todos los recursos para recuperar normalidad”, mencionando el plan de 309 millones aprobado el martes, que hará que la ciudad “salga reforzada”. “La prioridad es sacar a la gente de las calles, garantizar una atención digna a los llegados y devolver la tranquilidad a los ceutíes”, afirma el presidente. La crisis sigue, pues, abierta y la sensación de descontrol y acoso dentro del Ejecutivo es cada vez más fuerte, a la espera de las decisiones que se tomen en Interior y en La Moncloa para recuperar el control de la situación.
