El Gobierno arranca el curso con los bancos en el foco. Moncloa tiene previsto darle un nuevo impulso a dos proyectos que generan recelos en el sector: la Ley de contratos de créditos al consumo y la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, dos figuras que llevan años sobre la mesa y que ahora el Ministerio de Economía quiere convertir en realidad, añadiendo con ello más presión regulatoria y más control a la actividad de las entidades en su relación con los clientes. Se espera un otoño caliente. Ninguna de las dos son nuevas, pero ahora Carlos Cuerpo quiere concluir lo que inició su antecesora y mentora, Nadia Calviño, y quiere hacerlo además en un momento en el que el sector financiero europeo clama por una reducción de la carga normativa para poder competir con más agilidad frente a los gigantes estadounidenses.
La ley de contratos de créditos al consumo se encuentra en una fase más avanzada. El Ejecutivo aprobó el anteproyecto a inicios de año y se baraja el mes de noviembre como una probable fecha para su entrada en vigor. Se trata de una reforma legal promovida desde Europa que busca limitar los tipos de interés a los que se concede la financiación al consumo, precisamente en un momento en el que los bancos están apostando por este segmento como una de sus líneas de negocio con más potencial. En el mes de junio, coinicidiendo con la preparación de las vacaciones de las familias, el saldo vivo de este tipo de créditos aumentó en 2.270 millones de euros, un 5,3% más que el mes precedente, según los últimos datos disponibles del Banco de España.
La norma aspira a ser eficaz frente al aumento exponencial de los microcréditos y las tarjetas revolving que no sólo los bancos, sino sobre todo otro tipo de entidades financieras de crédito, han promovido con alegría y prácticas rayanas en la usura en los últimos años.
Tal vez por eso, el sector bancario cree que la ley puede ayudar a distinguir entre unos acreedores y otros y subraya "la importancia de que se haya incluido la reserva de actividad, que implica que ninguna persona física o jurídica podrá desarrollar con carácter profesional las actividades de concesión de créditos bajo el ámbito de aplicación de la ley sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita, en su caso, en los correspondientes registros administrativos. Esto conlleva una mayor protección al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede crédito al consumo, lo que hasta ahora no ocurría, y favorecía el crédito usurario sin limitación de intereses", apuntan desde la Asociación Española de Banca (AEB), patronal que reúne a los mayores bancos del país.
En este sentido, la AEB defiende que el sector siempre ha evaluado de manera rigurosa la capacidad de pago del consumidor y que desde hace tiempo cuenta con "políticas y procedimientos para facilitar la renegociación" de los usuarios en apuros.
Sin embargo, entre los consumidores hay un sabor agridulce. Desde organizaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), celebran la trasposición para igualarnos a otros países europeos, pero advierten de que "nos están marcando un gol" al implementar el reglamento que desarrolla la ley. "Los bancos están consiguiendo que el Banco de España ya no distinga entre el crédito al consumo, el minicrédito o los créditos en internet que dan otro tipo de entidades. El riesgo que vemos en el reglamento es que tampoco distingue, marca un solo límite y ese límite se toma por arriba, es decir, considerando los tipos máximos de las tarjetas revolving, que están al 18% o 20%. Si tú vas al banco a pedir un crédito personal, que normalmente está entre el 6% y el 8%, y te lo venden al 14%, ya no vamos a poder decir que están por encima del límite aprobado. Dicho de otra forma, están permitiendo una subida masiva de los créditos al consumo", advierte Patricia Suárez, presidenta de la organización.
Litigiosidad y carga normativa
El otro objetivo regulatorio que pretende abordar Carlos Cuerpo en septiembre es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Su creación se planteó por primera vez en 2022, con Calviño al frente de Economía, sin embargo, nunca desde entonces ha llegado a concretarse y la polémica ha rodeado todo su periplo parlamentario. Solo en una ocasión ha estado a punto de salir adelante en la anterior legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023. El Gobierno guardó el proyecto en el cajón y ahí ha permanecido pese a las reclamaciones de las organizaciones de usuarios que consideran que es un instrumento fundamental para atender las demandas de los clientes y reducir la litigiosidad judicial en los casos de mala praxis financiera.
El organismo unificará las reclamaciones que antes gestionaban por separado el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y, según defiende Economía, "resolverá los conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, de forma gratuita y sin necesidad de recurrir a los tribunales" cuando se trate de reclamaciones inferiores a los 20.000 euros.
El sector bancario ha mostrado su rechazo al proyecto desde el inicio al considerar que la Autoridad añade complejidad a su actividad diaria y abre un foco de litigiosidad añadido. Tampoco avala que tengan que financiarla con sus recursos, aunque en este aspecto consiguieron eliminar la propuesta inicial de tener que pagar 250 euros por cada reclamación recibida.
Desde la AEB aseguran que "el sistema funciona" y que la iniciativa choca con la tendencia a la simplificación regulatoria que trata de impulsar la UE. "En un momento en el que Europa busca simplificar y ganar eficiencia en la regulación bancaria para ganar en competitividad, un organismo más supondría un conflicto con esta tendencia", responden a este diario.
En esta línea insiste también CECA, la otra gran patronal del sector, que indica que "en un momento en el que Europa está insistiendo en la necesidad de reducir cargas, simplificar marcos normativos y ganar competitividad, debemos ser especialmente cuidadosos con cualquier iniciativa que pueda añadir costes, duplicidades o complejidad administrativa".
Para Asufin, la Autoridad facilitaría muchísimo al consumidor encontrar la vía de reclamación frente a la "atomización actual", si bien advierte de que para que funcione tiene que estar "bien dotada presupuestariamente".
