El M23 consolida un estado paralelo en el este de Congo impulsado por el control del coltán

La guerra y el cambio de una era empiezan con un casco tirado en el suelo. Cuando en enero de 2025, el grupo rebelde M23 invadió la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, los soldados del ejército congolés abandonaron en su huida en desbandada los uniformes y cascos. Sin material que pudiera delatares había menos posibilidades de que les descerrajaran un tiro en la sien. El miedo duró semanas: el material militar permaneció tirado en las calles –nadie quería cogerlos y ser confundido con un soldado– y se convirtió en el símbolo de un cambio sostenido de los tiempos.

Fiston Beni, un joven treintañero a cargo de una tienda de comestibles frente al lago Kivu, se vistió de futurólogo para explicar a este periodista lo que iba a ocurrir. “Estos no se irán, el M23 tiene mejores armas. Veo imposible que les puedan echar”, dijo. Fiston tenía razón. Desde entonces, y pese a las negociaciones de paz en Doha o Washington, el grupo apoyado por Ruanda, con hechuras de ejército de última generación, ha consolidado su invasión: ha duplicado su presencia en un territorio equivalente a la mitad de Catalunya y ha instaurado un estado paralelo con la creación de una administración propia, puestos de migración y aduanas, proveedores de electricidad, agua y recogida de basuras, un sistema financiero alternativo para sortear las sanciones y el nombramiento de gobernadores, alcaldes e incluso de sus propios jueces y policías.

El investigador Yale Ford, del think tank Critical Threats , habla de un antes y un después. “El proyecto integral de construcción estatal del M23 representa un cambio significativo respecto a anteriores insurgencias respaldadas por Ruanda”. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas confirmó hace unos días el nuevo estado de facto, construido en un clima de terror, con ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y censura.

Pero una presencia tan robusta no se explica por las reivindicaciones oficiales del M23, que pide protección para los tutsis congoleses o la neutralización de un grupo armado fundado por autores del genocidio del 1994, ni por la voluntad de Ruanda de crear un perímetro de seguridad en sus fronteras. La guerra que se libra en el este de Congo se explica por el dinero: desde que el movimiento M23 resurgió hace cinco años ha usado la violencia para controlar los puntos clave para explotar la extraordinaria riqueza mineral de la región. Aunque la zona es rica en diamantes y oro, hay un mineral indispensable para entender el resurgimiento de una violencia que provoca más de cien muertes civiles cada día: el coltán.

También hay un lugar imprescindible: la mina de Rubaya, que el grupo controla desde abril de 2024, y alberga entre el 15 y el 20% de las reservas mundiales de un mineral indispensable en teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos.

Una investigación de la organización Global Witness apunta a la magnitud del expolio del M23 que controla toda la cadena de suministro, como el cobro de tasas o peajes de las carreteras que llevan el mineral a través de la frontera, la llamada Grand Barrière , hacia la vecina Ruanda y de allí a los puertos de Mombasa y Dar es Salam. El coltán de contrabando se vende luego a China, Kazajistán y Tailandia y, una vez refinado, acaba en productos de empresas como Windows, Toyota, Amazon, Sony o Nvidia.

La conexión M23-Ruanda es directa. Según GW, en apenas un año, se han extraído 1.400 toneladas de coltán de Rubaya, que da un beneficio cada mes de 800.000 dólares al M23. Desde que el grupo armado gobierna las minas de la zona –también controla el oro o la tala ilegal- las exportaciones de coltán de Ruanda se han multiplicado por 2’5 y se han disparado los acuerdos entre Kigali y Pekín, que ha aumentado un 45% la compra de coltán a su socio ruandés.

En realidad, la mina de Rubaya es solo la punta del iceberg de un expolio dirigido y que el establecimiento de un estado paralelo permite afinar y ampliar a más minerales, como el cobalto, clave para las baterías de los coches eléctricos, o el uranio de las minas del sureste del país que se sirve de los canales clandestinos de la frontera controlada por el M23.

Ni Rubaya ni la invasión rebelde son una excepción en la historia de Congo. La maldición congolesa reside en que a lo largo de la historia ha tenido los recursos naturales que la economía global demandaba. Primero fueron los seres humanos. Cuando el descubrimiento de América llevó al establecimiento de grandes plantaciones, la demanda de músculos fuertes se cubrió con el envío de millones de esclavos, muchos de la zona congolesa, en condiciones inhumanas hacia el Nuevo Mundo. Años después, con el despiadado rey belga Leopoldo II al frente del pillaje, fue el caucho, vital para los neumáticos e instalaciones eléctricas de Europa. En la era industrial y de Guerras Mundiales del siglo XX, cuando creció la demanda de armamento, la economía mundial viró hacia el cobre y el uranio congolés. El abuso siguió. Tras la colonización y el asesinato de políticos que buscaban cambiar las cosas como Patrice Lumumba, la situación fue a peor: la dictadura de Mobutu y las guerras congolesas de finales de los 90 derivaron en un caos ideal para la rapiña de oro, diamantes y otras riquezas.

Aquel descontrol, que llega hasta nuestros días, abrazó la era digital, con el alza de la demanda de tantalio o coltán, y abre ya la puerta a una transición energética, ávida del cobalto de Congo, con la mitad de reservas mundiales.

Hay un último aspecto para entender la maldición congolesa: el olvido. El año pasado, solo se consiguió el 27% de los fondos para atender su crisis humanitaria, la cifra más baja en diez años. El mundo se ha cansado de Congo. Hace una década, la comunidad internacional envió 55 dólares por congolés necesitado de ayuda. Hoy la cifra no llega a los 33.