Informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de la vivienda

Creo que es importante apuntar que esta ya no es únicamente la visión del Partido Popular, sino la visión del Parlamento Europeo y de una mayoría de las instituciones. El diagnóstico general es que hay un problema claro de falta de oferta: en Europa sería necesario construir 10 millones de viviendas para cubrir la demanda actual y en España entre 700.000 y 750.000. Además, cada año se genera un déficit de entre 100.000 y 150.000 viviendas. El incremento de precios responde fundamentalmente a que no hay casas suficientes. Mientras no se construyan casas suficientes, vamos a seguir con este problema. También es un problema que en los últimos cinco años en la Unión Europea, el número de permisos de construcción haya descendido un 20%. Con este Informe —del Parlamento Europeo sobre sobre la crisis de la vivienda— hemos tratado de responder qué está pasando y por qué el sector privado no tiene apetito inversor en un sector con tanta demanda. Ahí hemos detectado las cuestiones que están afectando y sobre las que queremos plantear soluciones.

El informe del Parlamento está compuesto por cinco pilares. El primero hace referencia al principio de subsidiariedad y a la necesidad de confiar en las regiones y en los entes locales, porque son los que tienen verdadera competencia en esta materia. El segundo pilar, que es el fundamental, es el impulso de la oferta. El tercero hace referencia a la financiación pública y privada, el cuarto a políticas dirigidas a impulsar la demanda y el quinto a la falta de información y datos.

Para nosotros es el pilar fundamental. Ahí planteamos medidas como un paquete de simplificación normativa. Somos conscientes de que hay regulaciones medioambientales que están impactando negativamente en los procesos de construcción, como la directiva de eficiencia energética. Queremos que la Comisión Europea haga una auditoría sobre toda la regulación para ver qué piezas pueden estar impactando de forma negativa. También proponemos acelerar permisos y licencias urbanísticas. Queremos que los permisos de construcción se den en un plazo máximo de 60 días, incluir el principio de silencio administrativo y digitalizar todos los procesos. Y otro capítulo importante es la reducción de impuestos, especialmente en el sector de la construcción. Queremos reformar la directiva del IVA para permitir que los Estados puedan aplicar un IVA superreducido de entre el 2% y el 5% al suministro y construcción de viviendas dentro de políticas sociales o de alquiler residencial. E impulsar modelos de productividad como la vivienda prefabricada o la fabricación por módulos: vías de construcción que exigen menos trabajadores y además son más rápidas. Esto es fundamental teniendo en cuenta la urgencia que tenemos.

Eso es cierto, sin duda. Desde el Parlamento Europeo hay cuestiones sobre las que podemos intervenir directamente y otras sobre las que solo podemos hacer recomendaciones. Por ejemplo, la movilización de suelo cae absolutamente dentro de las competencias locales y regionales. En materia de vivienda, nuestras recomendaciones no son vinculantes, y los Estados pueden hacer caso o no, pero existe una directriz clara y una visión política por parte del Parlamento Europeo, que va en dirección contraria a la del Gobierno de España.

No son las medidas adecuadas. La limitación de precios no funciona, es gestionar la escasez en lugar de generar abundancia. Tampoco funciona reservar un 30% para vivienda social, porque desincentiva la inversión y deja de construirse. La inseguridad jurídica también provoca que muchos propietarios retiren viviendas del mercado. Y en el caso del Gobierno de España, ha anunciado 270.000 viviendas pero, según los datos que manejo, no se han entregado más de 5.000. Si planteas la solución pública como la gran solución, al menos tienes que ser eficiente y eficaz. Y eso sí se está haciendo en comunidad como Madrid o Aragón: construir más.

El documento incluye una condena clara del fenómeno de la 'okupación' y la necesidad de que la recuperación de una vivienda ocupada sea lo más rápida posible. De hecho, con ello se exige a los Estados miembros que establezcan los mecanismos necesarios para lograr esto. Nosotros siempre hemos tenido claro que proteger el derecho a la propiedad privada es fundamental.

Como comentábamos, las recomendaciones sobre 'okupación' no son vinculantes, pero sí existe una posición clara del Parlamento al respecto. En cualquier caso, hay otras políticas donde sí hay capacidad de acción europea, como la simplificación normativa o la financiación.

Podemos fijarnos en Países Bajos, que ha lanzado un plan para construir de forma masiva, o en Alemania, donde se plantea simplificar la regulación y reducir la burocracia. Esas son las medidas adecuadas.

Si queremos construir 10 millones de viviendas en la Unión Europea, necesitamos también una implicación clara del sector privado. El reglamento que regula el acceso al crédito es europeo, y después de la crisis de 2008 quizá nos pasamos de frenada restringiendo el crédito. Ahora hay que flexibilizar ese acceso para que llegue con más fluidez al sector privado. En financiación pública hablamos de fondos europeos, del Banco Europeo de Inversiones y de una plataforma paneuropea de inversión para impulsar vivienda pública asequible mediante colaboración público-privada. Ya se está haciendo en algunas regiones.

Todas las soluciones tienen que ir por la misma vía: incrementar la construcción y la renovación de vivienda. Si tenemos que construir entre 700.000 y 800.000 viviendas en España, la mayor parte tendrán que ser privadas. Habrá una parte de vivienda pública, pero la mayor parte será vivienda privada. Esa España de propietarios deberíamos tratar de protegerla. Lo que tenemos que hacer es facilitar que se construya más. La población ha aumentado, también han cambiado las estructuras familiares y hay un déficit de vivienda. Cualquier política distinta a facilitar la construcción solo agravará el problema.