Judicial Council Concerned Over Attacks on Judicial Activity

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes una declaración institucional como reacción a los ataques a la actividad judicial que que se han producido en los últimos días a raíz de las investigaciones en torno al PSOE, como los casos de las cloacas de Ferraz o la que afecta al ex presidente Zapatero.

"El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho", indica la resolución respaldada por siete vocales y la presdidenta del CGPJ, Isabel Perelló.

Los integrantes de la Permanente de los jueces subrayan "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", algo que "no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano".

El escrito no menciona ningún episodio específico de los que han tenido lugar a raíz de la causa en la que se investigan las supuestas cloacas socialistas para frenar causas penales. El más aparatoso ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, según el cual se está intentando "derribar al Gobierno" con "métodos no democráticos". "Hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada" para tratar de poner fin a la legislatura de manera anticipada, lo que "daña seriamente la imagen de la Justicia" y la "presunción de imparcialidad" que tienen que tener los responsables de estos procesos, en alusión implícita a los jueces.

Además, la portavoz del PSOE, Monste Mínguez, afirmó ayer tras la Ejecutiva Federal del partido que se estaba asistiendo a un "linchamiento hacia el que tiene un carnet socialista". Puso el acento en lo "rapidísimo" de las investigaciones judiciales que les afectan a ellos, en contraste con las relacionadas con el PP. "¿Es casualidad o es causalidad? Esto daña seriamente a las instituciones y proyecta serias dudas de la imparcialidad sobre algunos de los procesos", afirmó.

También desde Sumar las primeras reacciones a la operación de la UCO y la Audiencia Nacional que incluyó el requerimiento de datos en Ferraz apuntó a episodios de lawfare.

El escueto comunicado indica que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho" y que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial".