La Comisión Europea propone restringir segundas viviendas en zonas tensionadas

El Plan de Vivienda Asequible de la Comisión Europea incluye una "herramienta" para que los ayuntamientos impidan la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas. Y en ese documento y, también, en esa medida, la vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha tenido un papel clave. Ella es la responsable directa de la restricción junto con el Comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, y ambos han defendido esta actuación durante la rueda de prensa de presentación de la propuesta del Ejecutivo comunitario.

"Creo que las segundas residencias forman parte de la realidad y seguirán formando parte de ella. La principal cuestión aquí es si un ayuntamiento puede dar prioridad, en los nuevos desarrollos urbanísticos, al uso residencial como vivienda habitual", ha señalado Ribera al ser preguntada por esta medida.

"Y creo que esto refleja muy bien el tipo de tensiones que estamos experimentando realmente en algunas zonas sometidas a una enorme presión. Hay personas que ven que en sus ciudades y municipios existe una proporción enorme de viviendas vacías y que existe el riesgo de que, si no se permite que los nuevos desarrollos respondan a esta necesidad, no se pueda ofrecer a las comunidades locales la posibilidad de acceder a una solución de vivienda asequible", ha incidido.

Más claro y concreto ha sido el propio Jorgensen quien, al igual que Ribera, pertenece a la familia socialista. "Estamos enviando una señal muy clara: nos tomamos muy en serio las preocupaciones de la gente. Reconocemos que tenemos una crisis de vivienda y reconocemos que los alquileres de corta duración son una cuestión relevante para la Unión Europea, porque estamos hablando de servicios. Y las segundas residencias y los edificios vacíos también son relevantes para la Unión Europea porque se trata de una realidad local", ha explicado Jorgensen.

Y sobre la señal política que se envía con esta medida y el hecho de que se pueda considerar una actuación intervencionista, Jorgensen ha incidido en que existe "un problema" y la Comisión está "tratando de afrontarlo de la mejor manera". "Proporcionando herramientas que puedan aplicarse a escala local y nacional. De este modo, respetamos el principio de subsidiariedad", ha finalizado.

La propuesta de la Comisión ahora tendrá que seguir el procedimiento habitual hasta su aprobación: primero deberá pasar por el Consejo, esto es, los países tendrán que dar su visto bueno, y después llegará al Parlamento. Y desde el Partido Popular ya adelantan que se opondrán frontalmente a la actuación, por lo que su tramitación en el Europarlamento se antoja complicada.