La justicia, uno de los servicios públicos peor valorados en España

La justicia se sitúa entre los servicios públicos peor valorados. Según el CIS, seis de cada diez españoles no tienen confianza en el funcionamiento de los tribunales superiores, que asocia a batallas partidistas.

Las reticencias no se extienden a los jueces de base, sino que se refieren a las altas instancias, a pesar de que deberían gozar de mayor reputación al ser las mejor formadas y con más experiencia. Como en todas las profesiones, hay jueces muy solventes y otros que no lo son tanto. Los segundos no solo minan la reputación de un pilar esencial de la democracia, sino que es difícil apartarlos.

Hace tiempo que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, en el caso de Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid le ha enmendado sin que él se diera por aludido. Pero no es el único caso. La jueza Carmen Lamela fue ascendida a la Sala de lo Penal del Supremo después de haber mantenido a Sandro Rosell dos años en prisión para luego ser absuelto. El juez Manuel García-Castellón retuvo la causa del Tsunami Democràtic en un letargo de años hasta que la rescató con acusaciones de terrorismo para impedir el pacto por la amnistía. Por no hablar de los jueces con sus togas manifestándose contra esa ley… Cuando se comentan tales situaciones con algún magistrado, suelen contestar que para eso hay diferentes instancias a las que apelar y que la justicia se autocorrige. Pero el desgaste que se produce por el camino no es reparable.

Por si fuera poco, hoy una parte importante de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de sus correlaciones de poder, de saldar cuentas o de situarse mejor ante un eventual cambio de gobierno.

Se suelen asociar las suspicacias hacia la justicia al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que vigila a los jueces y los nombra para los puestos más altos por todo el territorio, sea elegido por las Cortes. Se aduce que eso politiza al Consejo y que sería mejor que se eligieran entre ellos. El problema no es que unos tengan una visión conservadora o progresista, sino que de ahí pasen al sectarismo o al servilismo. Pero aún peor es el fuerte corporativismo de la cúpula judicial. Por decirlo claro, para que el CGPJ expediente a un juez la tiene que haber hecho muy gorda y el escándalo público ha tenido que ser mayúsculo.