La Policía Nacional activa un plan de choque ante la alta demanda de documentos de regularización

La Policía Nacional activó ayer un “plan de choque” para dar una “respuesta adecuada” al incremento de la demanda de documentos derivados de la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha desbordado todas las previsiones del Gobierno con 1.174.978 de peticiones, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Después de que varios sindicatos policiales avisasen de que “el mayor reto” del proceso “comienza ahora”, con la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE), la dirección general de la Policía ordenó abrir el mayor número de unidades de documentación y puestos de expedición –incluyendo turnos de tarde y también los sábados– para ampliar la capacidad operativa en atención a la ciudadanía.

Sindicatos policiales como Jupol, Sup o CEP llevan meses advirtiendo de que los cálculos del Gobierno central -unas 750.000 posibles solicitudes para otorgar medio millón de permisos- no se correspondían con la realidad de personas que viven irregularmente en España. Incluso la estimación que publicó el centro de análisis Funcas, con la cifra de 840.000 extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular, preveían que se quedaría corta. A falta de que esta mañana el Ministerio de Migraciones ofrezca en un primer balance del número final de solicitudes, han sido las organizaciones policiales las que contaban con unos números aproximados sobre esta realidad, complicada de cuantificar. De ahí que durante todo este tiempo hayan denunciado que la carga de trabajo para los uniformados que suponía esta regularización no estaba bien dimensionada.

Durante la fase que se cerró el pasado martes a medianoche, la de presentación de solicitudes, la Policía se ha centrado en el estudio de expedientes para verificar que los solicitantes no tenían antecedentes penales, uno de los requisitos indispensables que exige el real decreto. Este fue uno de los puntos en los que el Ministerio del Interior le ganó el pulso a Migraciones, que pretendía que una mera declaración personal bastase para acreditar la falta de antecedentes. Ahora, de forma paralela, la Policía tiene que tomar huellas para expedir las tarjetas de identidad a las personas con expedientes favorables. Ayer, la ministra Elma Saiz avanzó que ya se habían admitido a trámite medio millón de peticiones. Con ella en la mano, además de paralizar cualquier orden de expulsión, se otorga un permiso provisional que, en el caso de que el Tribunal Supremo finalmente opte por preguntar a la justicia europea si la regularización choca con el derecho comunitario, no se verá comprometido.

El “plan de choque” de la Policía, al que ha tenido acceso La Vanguardia , recoge que la participación será remunerada en la cuantía de 25 euros por hora de trabajo. Los sábados que se preste el servicio, de 09:00 a 14:00 horas, se retribuirán con una cuantía de 125€ por jornada. Se desactivará, según el documento, “cuando se constate un descenso significativo de la carga de trabajo”.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncian que no se ha podido volcar toda la documentación en la plataforma informática ‘Mercurio’, el programa informático que la Administración pública utiliza para cuestiones de extranjería en los últimos años. Según los datos que maneja el sindicato, quedarían por introducir datos de medio millón de personas, lo que podría retrasar el proceso de regularización.

CSIF avisa ya de que podría darse el caso de que se denieguen solicitudes por silencio administrativo al agotarse el plazo máximo para responder. En el Gobierno, desechan “por completo” este escenario: “Hay órdenes para que la maquinaria tome velocidad de crucero”, aseguran.