Maduro y Flores asisten a audiencia; juicio programado para junio de 2027

Nueva York y Washington. El presidente secuestrado de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores, asistieron a su tercera audiencia de procedimiento en sus casos criminales ante un tribunal federal en Nueva York en preparación para un eventual juicio por cargos de “tráfico de drogas” y “narcoterrorismo”.

Los fiscales y los abogados de defensa presentaron una propuesta acordada entre ellos, que incluye una serie de fechas para etapas del proceso judicial, que culminarían en un juicio programado para el primero de junio de 2027, lo cual fue aprobado por el juez federal Alvin Hellerstein.

En las primeras etapas se abordaría lo que se llaman “mociones” previas al juicio, y se prevé que entre las primeras la defensa argumentará la inmunidad de Maduro en este caso. La fecha para la próxima audiencia es el 17 de noviembre.

También se establecieron plazos para el intercambio de evidencia entre las partes, como otras mociones de procedimiento.

Aún no se ha explicado cómo un mandatario y una primera dama de otro país pueden ser secuestrados por las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que viola fundamentos del derechos internacional, y después presentados ante un juez en un tribunal federal, como si fuera un caso de justicia más. El abogado del mandatario y el juez en el caso ya han indicado que ese asunto será abordado en algún momento.

Ese secuestro realizado el 3 de enero fue justificado por el gobierno del presidente Donald Trump no como una acción militar, sino un tipo de “extradición” en una “acción de aplicación de la ley” con base en la acusación judicial formal estadunidense, la cual afirma que Maduro encabezaba “un gobierno corrupto e ilegítimo que por décadas ha empleado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”.

Los cuatro cargos en la acusación incluyen “conspiración de narcoterrorismo”, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros “instrumentos destructivos”, todo lo cual ocurrió entre 1999 y 2025. Acusa que el presidente venezolano también fue socio del cártel de Sinaloa y de Los Zetas, como el Tren de Aragua, y las guerrillas de las FARC y el ELN (https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl).

Los acusados, que ya se habían declarado “no culpables” desde su primera audiencia el 5 de enero ante este juez, ayer se sentaron a un lado de sus respectivos abogados en uniformes beiges de reos, trasladados desde el centro de detención en Brooklyn, donde permanecen durante este proceso. Maduro anotaba lo que ocurría en una libreta, pero no habló más que con su abogado.

No está garantizado que este caso llegue directamente a juicio, ya que están pendientes argumentos a favor de frenar y hasta anular el caso. Por un lado, se escuchará la postura de la defensa de que sus clientes gozan de inmunidad por el puesto oficial que ocupaban cuando fueron detenidos.

También está pendiente el tema de la violación de leyes internacionales por Estados Unidos en la captura del mandatario.

De acuerdo con el abogado Michael Rips en un artículo de opinión publicado esta semana en The New York Times, también hay una ley firmada por Estados Unidos que podría determinar que los tribunales estadunidenses no tienen la autoridad para llevar este caso y que si Washington respeta su acuerdo, “bien podría verse obligado a liberar a su preciado cautivo”.

Se refiere al tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela de 1922, el cual establece que toda disputa sobre este acuerdo será decidido por arbitraje; por lo tanto, argumenta Rips, el juez debe “suspender el proceso y remitir el asunto a un panel de evaluadores independientes” que determinarían si se respetó el tratado.

“Si los árbitros concluyen que la captura de Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberarlo”, afirma, señalando los precedentes para el caso.

El abogado, por ahora, de Maduro es Barry Pollack, destacado más recientemente por su trabajo en negociar el acuerdo con el gobierno estadunidense para poner fin a la odisea legal de 15 años contra Julian Assange y lograr su liberación.