
Moncloa califica de "extraño" que no se compartiera el documento y denuncia una filtración "interesada", mientras la Audiencia Nacional decide si abre causa.
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Un informe del CENIF apunta a que policías y gendarmes marroquíes permitieron y guiaron la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 de julio.
El Gobierno piensa que es "extraño" todo lo sucedido en torno al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que apunta a que los policías y gendarmes marroquíes no solo permitieron, sino que guiaron la entrada masiva del 30 de julio. El enfado en el Gobierno por —según asegura— no tener acceso a dicha información es importante, empezando por el propio Pedro Sánchez y terminando por el ministro Fernando Grande-Marlaska, y en Moncloa ya vuelven a recurrir a "la máquina del fango" para explicar una filtración que ven "interesada" de la documentación y ante la posibilidad de que se abra una causa judicial para investigar lo acontecido en Ceuta.
Por el momento, la Audiencia Nacional todavía tiene que decidir si es competente para iniciar una investigación de los hechos después de la recopilación de información que ha hecho la jueza María Tardón. También existe la posibilidad —mínima— de que no halle indicios para abrir una causa específica o que traslade las pesquisas a otras instancias. Con todo, en Moncloa aseguran que no entienden que la magistrada ordenase a los agentes encargados de reunir y analizar la documentación que no la compartieran con nadie más que con ella.
Si bien no anticipa futuros movimientos, el Ejecutivo no va a dejar pasar un incidente que en plena crisis ha mermado su credibilidad, a la vista de la reacción en bloque de todos los grupos parlamentarios. El presidente lo dejaba entrever durante su comparecencia en el Congreso: "Tendrá que explicarse por qué el CENIF no compartió con sus superiores y con el Gobierno el contenido de un informe encargado por parte de una jueza y con potencial implicación para la seguridad del Estado", aseguraba.
Horas más tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviaba una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, manifestando su "preocupación" por la decisión de la magistrada Tardón. Sea como fuere, en Moncloa también admiten y celebran que, nada más conocerse estos hechos y solicitar a la jueza que las altas instancias de la Policía pudieran acceder a dicho informe, esta lo autorizó sin dilación.
Una información "interesada"
Sin embargo, las fuentes consultadas no tienen ninguna duda de que el conocimiento público del informe del CENIF forma parte de una "filtración interesada" a través de la cual, continúan, se ha publicado "información manipulada". Porque el Gobierno continúa defendiendo que de la documentación policial no se extraen "pruebas concluyentes" de que sea Marruecos quien esté detrás de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta.
En privado, Moncloa no resta valor ni seriedad a lo investigado y recopilado por la Policía. En público, este mismo jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, ponía en duda su credibilidad. "A mí, esto de que un informe policial se base en fotos de vídeos que rulan por las redes y que tienen hasta notas de la comunidad por su falsedad…", expresaba en su cuenta de X, compartiendo una de las capturas de un vídeo en el que se observa a un agente marroquí vaciando un camión de ciudadanos. De esta captura en particular, el Gobierno defiende que muestra una escena que tuvo lugar a más de 50 kilómetros del Tarajal, por lo que creen que es difícil relacionarla con el asalto fronterizo.
Este es uno de los elementos a los que se agarra el Gobierno para justificar que no puede culpar a Marruecos y que el informe tampoco lo señala con claridad. Así, con respecto al resto de imágenes de militares marroquíes, agentes de paisano y uniformados dirigiendo el asalto, Moncloa dice que hay que investigar la posibilidad de que estos efectivos hayan sido "comprados" por "mafias" o "por quien esté detrás" y hayan actuado a sus órdenes y no a las del Gobierno marroquí, que, según aseguran las fuentes, ha asegurado a España que ha iniciado su propia investigación. "Asegurar que Marruecos es responsable es un bulo. Es todo más complejo", aseveran, indicando que con ello no quieren decir que descarten al régimen alauí.
De hecho, la publicación del informe del CENIF y las últimas revelaciones provocaron que este jueves el presidente del Gobierno se refiriese con algo más de severidad al país vecino. "Si existieran pruebas sólidas [de su implicación], actuaríamos con transparencia y total contundencia. Si algo nos reconocerán es que este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando la situación lo ha requerido", aseguró.
La convocatoria de la embajadora marroquí
Sánchez también sorprendía a la Cámara Baja este jueves con una revelación: que el 21 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó a la embajadora marroquí en España tras las "inaceptables" declaraciones del Gobierno marroquí reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla. Poco después, se conocía que la diplomática no se encontraba en nuestro país cuando fue convocada.
Moncloa matizó entonces que, dada la coyuntura, Albares se reunió con el encargado de negocios de Marruecos, el número 2 de la embajadora, pero que, "tal y como dicta el protocolo" en caso de que esta no se encuentre en la embajada, la llamó para comunicarle los motivos de la convocatoria. Sobre los motivos por los que no se anunció dicho movimiento del Gobierno exterior, las fuentes consultadas aseveran que "las relaciones internacionales requieren de prudencia".
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La Audiencia Nacional decidirá si es competente para iniciar una investigación.
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