Menores migrantes en Ceuta denuncian violencia, hambre y falta de protección

«En España se respetan los derechos fundamentales de los menores y de los mayores. Está fuera de discusión». La frase la pronunció ayer en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con ella buscaba cerrar cualquier debate al respecto. Pero en Ceuta, a pie de calle, hay cientos de niños y niñas que cuentan otra cosa: golpes, hambre, miedo o noches sin techo, entre basura, tumbas y expuestos a la lascivia de depredadores sexuales.

Kenza, de Fez, es una adolescente de 15 años con una brecha en la cabeza. La muestra apartándose su pelo oscuro, casi negro, para dejar ver la costra en el cuero cabelludo. Dice que, al llegar a Ceuta, le dieron una pedrada. «Sangraba por la cabeza y los mayores me llevaron al hospital, pero no me atendieron», cuenta.

Rida tiene 12 años y es de Tetuán. Lleva 10 días en Ceuta. Corretea a la pata coja, con la rodilla y un dedo vendados, y no puede andar bien ni sentarse con normalidad. Dice que pasó los primeros ocho días casi sin comer. «Una periodista me dio dinero para comprar algo», explica. Iba con dos amigos y llegaron al barrio del Príncipe. Allí cuenta que hubo una pelea.

«Nos persiguieron, nos llegaron a enseñar una pistola. Estábamos haciendo una cola para comer algo y nos atacaron. A un amigo que trató de interponerse le cortaron con un cuchillo. Corrí, salté un muro y me pegaron». Al día siguiente, a las 10 de la mañana, lo llevaron a urgencias. Le curaron, durmió unas horas en la camilla y la Policía lo devolvió al almacén del Cash Diplo, en el polígono del Tarajal, una favela en territorio español donde duermen cientos de niños entre escombros, basura y olor a orín: «Un policía que hablaba algo de árabe me dijo que me quedara aquí».

Dentro de lo que cabe, han tenido suerte. A su lado está Fadal, un joven marroquí que ha acudido al polígono del Tarajal con dos móviles y una power bank para que los niños llamen a sus familias. También hace de intérprete improvisado. Dice que ha hecho varios viajes a Marruecos para comprar y traer ropa. Señala a dos niñas de 15 años con dolor de tripa, incapaces de moverse, y añade otro extremo de enorme gravedad: «También hay otras a las que han violado en el barrio del Príncipe».

Nordin, un padre de unos 50 años del barrio del Príncipe que pasea con su hijo, lo expresa sin rodeos. «Hay niñas recién llegadas y las han violado. También hay otras que están prostituyéndose para ganar algo de dinero y algunas van a pasar la noche a casas de hombres mayores para dormir bajo techo. Tragan con ello porque lo prefieren a dormir en la calle», afirma con gesto resignado. A su juicio, y al de otras personas que trabajan sobre el terreno, el problema no se queda en los márgenes de la ciudad, sino que se desplaza hacia las barriadas. «Están apartando todo del centro y lo llevan a las barriadas. Allí hay decenas de niños tirados por las calles o escondidos», denuncia.

Una voluntaria que reparte comida confirma esa misma deriva con otra escena: «En el Príncipe yo he visto a chicas muy, muy jovencitas maquilladas prostituyéndose... Les dije que las llevaba a Marruecos, pero no quisieron marcharse». Son testimonios que apuntan a la explotación sexual y a una forma de supervivencia extrema entre menores aislados y sin una red clara de protección.

Mientras tanto, muchos jóvenes buscan refugio del calor en el cementerio musulmán de Ceuta, uno de los pocos lugares de la ciudad que llegó a tener agua corriente durante los últimos días. Allí podían asearse y refrescarse en mangueras y fuentes. Pero el martes cesó el trajín de jornadas anteriores: en parte por las devoluciones de «voluntarios» realizadas por el Ejército durante el lunes y en parte porque las fuentes del cementerio, como ya había sucedido con las duchas de agua dulce en las playas, estaban completamente secas.

Los únicos restos de presencia infantil en el cementerio se concentraban entre la maleza y las zarzas, de donde salían voces de adolescentes, o a la sombra de las palmeras. Dos chicos de Casablanca decían que querían viajar a España: uno para reunirse con parientes que viven en Almería y trabajar haciendo alfombras; el otro, para estudiar peluquería.

Monte arriba, junto a la mezquita de Sidi Embarek, dos grandes colas marcan el paisaje: una para menores y otra para adultos, mientras voluntarios de la Media Luna Blanca preparan raciones de comida a destajo. En ese contexto, entre los jóvenes también circula la esperanza, aunque sea a través de un teléfono escacharrado. «Hemos oído que ha salido una ley que dice que todos vamos a ir a España (a la Península) en 15 días», sostienen, en referencia a la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que recordó ayer que «el traslado de menores migrantes a otras comunidades debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente». Para los niños en las calles de Ceuta, se considera una victoria inminente. Sin embargo, ninguno de los menores con los que ha podido hablar este diario se encuentra filiado con la Administración.

El ministro Marlaska insiste en el marco de los derechos humanos. También ha elevado la cifra de llegadas a Ceuta hasta 72.000, cuando la última cifra oficial del Gobierno se situaba entre 50.000 y 60.000. Según dijo, de esos 72.000, 70.000 ya habrían retornado. Preguntada por el amparo legal de esos movimientos, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Elma Saiz, incidió: «La política migratoria del Gobierno pone siempre en el centro los derechos humanos y, una vez más, España ha estado a la altura y va a seguir estándolo, inspirando y defendiendo los principios que siempre respaldan esta política».

Sin embargo, no hay rastro de la red de protección que debería acompañar a los derechos humanos. Durante buena parte del martes, Fadal se desplazó en coche de un lado para otro de Ceuta buscando un lugar bajo techo, bajo la tutela de las administraciones públicas españolas. El periplo solo le sirvió para gastar gasolina. Incluso aunque lo hayan intentado en compañía de adultos vecinos de Ceuta que les han llevado hasta los centros. «Les dicen que se vayan», lamenta. De este modo, la fecha de filiación retrasa inexorablemente las dos semanas de límite para el traslado a la Península.

Además, algunos menores presentes en los distintos asentamientos narran a este periódico cómo, durante el lunes, el Ejército capturó y expulsó a alguno de sus amigos. «Él no quería irse, pero los soldados le cogieron de un brazo y se lo llevaron», cuenta un muchacho en la favela del Tarajal, y lamenta que durante las últimas jornadas han recibido porrazos policiales.

En este sentido, el socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha pedido que se respete la ley para que la crisis migratoria en Ceuta se gestione «con criterios humanitarios y respeto a los derechos humanos» y ha reclamado que no se produzcan «devoluciones de menores ni de personas que podrían solicitar asilo».

Sin embargo, estas extrañas devoluciones han continuado sucediendo al menos hasta este martes. Poco después de las nueve de la mañana, las cámaras de este periódico captaron a un grupo de decenas de chicos escoltados por efectivos de la Fundación Samu y la Policía Nacional por la frontera del Tarajal, con destino a Marruecos. Unos procedimientos que, según explica el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en una conversación con este diario, se encuentran totalmente fuera del protocolo.

Mientras tanto, la imagen sigue siendo la de una ciudad desbordada por la llegada de adultos y niños que sobreviven entre naves, colas, calles, cementerios, maleza y polígonos industriales. La distancia entre el lenguaje institucional de los miembros del Gobierno, elogiando el respeto a los «derechos fundamentales» de las «personas vulnerables» en España, y las escenas cotidianas en Ceuta se antojan dos realidades difíciles de compaginar.