Novio descuartiza a su pareja y la guarda en la nevera dos años; el fiscal pide que sus bienes vayan a la Generalitat

“He sufrido malos tratos y no quiero que mis padres reciban ningún bien”. Ruth Rodríguez dejó esta frase escrita en su testamento. Llevaba años sin ver a sus padres y a sus hermanas, con quienes había roto toda relación. Cuando fue asesinada por su novio, nadie la echó en falta. Su cuerpo fue descuartizado y pasó dos años almacenado en la nevera del piso de la calle Castillejos de Barcelona que compartía con su pareja sin que nadie denunciara su desaparición. El fiscal del caso, Félix Martín, considera que debe respetarse la voluntad de la fallecida y rechaza que sus familiares tengan derecho a recibir una indemnización. Argumenta el fiscal que el concepto jurídico de familia ha cambiado y que la consanguinidad no es un derecho sagrado sino que “debe estar vinculado al cuidado, al afecto, y en este caso no existía”.

A Ruth la mataron en el 2021 y su cadáver no apareció hasta enero del 2023. Había sido enterrado en un terreno rústico en Pontons, en el Penedés, que su novio, Jorge Ferrandis, de 43 años y actor de profesión, compró con la única intención de deshacerse del cuerpo. El hombre fue detenido el 5 de enero del 2023 después de que los vecinos de la parcela contigua avisaran a la Guardia Civil que el acusado había cavado un hoyo sospechoso en el terreno. Creían que había sepultado a un animal muerto. Se movilizaron los agentes del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil, que fueron quienes hallaron el cadáver de Ruth.

El lunes debía iniciarse el juicio con jurado popular contra Ferrandis por el asesinato, pero finalmente se cerró por la vía rápida. El acusado alcanzó un acuerdo de conformidad con la fiscalía y aceptó una pena de 19 años y 10 meses de cárcel por los delitos de asesinato, profanación de cadáver, estafa y revelación de secretos.

Los familiares de la víctima están personados en la causa y reclaman una indemnización de 260.000 por la pérdida de Ruth. En el proceso figuran el padre, por un lado, y la madre y las dos hermanas, por otro. El fiscal se opuso a que fueran compensados. “Sería una falta de respeto a la voluntad de la víctima y tenemos que respetar su dignidad”, argumentó. “La finada había otorgado testamento desheredando expresamente a sus progenitores y manifestando su voluntad de que sus bienes no se entregaran a su familia consanguínea y así debe ser”.

Durante la vista fueron interrogados los familiares que negaron que su hija hubiera sufrido malos tratos. El padre aseguró que llevaba más de diez años sin ver a Ruth, desde el 2011. La madre y las dos hermanas revelaron que su hija se presentó en casa en el 2019, dos años antes de su asesinato, pero tampoco mantuvieron el contacto. Reconocieron que no sabían ni a qué se dedicaba, ni dónde vivía, ni tenían siquiera su número de teléfono.

Sus abogados reclaman que la indemnización es un derecho por el daño causado más allá de lo que diga la herencia. “Una cosa es el derecho civil y el derecho a la herencia, y otro, el daño derivado de un hecho delictivo”, expuso el abogado del padre, José María Fuster-Fabra. La familia asegura que la relación con su hija se rompió a partir de 2011, fecha que coincide con el inicio de la relación con su asesino. Sospechan que la aisló del mundo y recuerdan que el acusado compró el piso de la calle Castillejos con poderes notariales de la mujer. Ella lo designó como heredero.

El fiscal solicita que todas las propiedades del asesino sean destinadas a la Generalitat. Se trata del piso de la calle Castillejos y el terreno de Pontons. El fiscal propone además que en la parcela se instale una placa en recuerdo de Ruth. “Hay que preservar la finca de Pontons como un espacio de memoria, evitando cualquier uso comercial o privado que resulte lesivo para la dignidad de la finada” y propone “organizar un acto o ceremonia conmemorativa en dicho emplazamiento, con la instalación de un elemento simbólico de recuerdo, al que deberán ser invitados formalmente los familiares de la víctima”, destaca. En el turno al derecho de la última palabra, el acusado pidió hablar para apoyar la petición del fiscal y reclamar que los padres no fueran indemnizados. “Ruth me dijo que no quería que sus padres tuvieran nada suyo porque la maltrataron”.

Ruth tenía 42 años y trabajaba de profesora de español en Asia. “Siempre había sido un alma libre, una persona muy bohemia”, relataron sus familiares. Vivió en Japón y en Indonesia y venía a Barcelona de vez en cuando para visitar a su novio, Jorge. No tenía arraigo en ningún sitio.

Durante la investigación de su asesinato, la Guardia Civil fue incapaz de encontrar a un solo amigo de Ruth o personas que la conocieran. El 29 de julio de 2021, después de regresar a Barcelona, su novio, coleccionista de objetos de la Edad Media, le disparó con una ballesta que guardaba en casa. Fueron dos disparos que le ocasionaron un gran sufrimiento, según detalla la sentencia de conformidad. “Semanas después, para asegurar el éxito de su plan y con desprecio a la dignidad humana, Jorge procedió a trocear el cuerpo de Ruth almacenándolo en una cámara frigorífica para posteriormente enterrarlo en una finca rústica en Pontons, comprada a tal efecto”. La propuesta del fiscal de negar la indemnización de la familia y de crear un espacio memorialístico para el recuerdo de Ruth deberán ser validados por el presidente del tribunal. Ante una propuesta tan novedosa, las partes creen que los recursos llegarán hasta el Tribunal Supremo que deberá fijar doctrina.