Pedro Sánchez acudió ayer al Congreso de los Diputados con la imperiosa necesidad de recuperar la iniciativa y ganar algo de oxígeno político. Tras casi un mes de hermetismo e infructuoso control de daños por la crisis migratoria y humanitaria desatada en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el presidente del Gobierno insistió en desvincular a Rabat de la autoría del asalto. “No se puede concluir” que la entrada masiva estuviese diseñada por Marruecos, sostuvo, aunque admitió que se investigará si existió “inacción o incapacidad” de las autoridades del país vecino.
También reconoció que, aunque “no hubo alertas o avisos extraordinarios”, las instituciones habían detectado un incremento de las llegadas. E intentó un golpe de efecto al anunciar la desclasificación de los informes de inteligencia elaborados entre el 1 de julio y el 2 de agosto –un anuncio que la bancada socialista y los ministros recibieron con aplausos salvo la ministra de Defensa que permaneció seria y sin sumarse al gesto–. Pero el intento de cerrar la crisis desde la transparencia y la prudencia diplomática no logró el efecto buscado. El presidente se encontró con una Cámara que, con matices, cuestionó su versión de los hechos.
La oposición le acusó de “inacción” y “complicidad”; sus aliados de investidura le reprocharon “no haber estado a la altura”, y sus socios de Gobierno volvieron a exigir una respuesta para trasladar a los menores, en especial las niñas, migrantes a la Península.
El esfuerzo del presidente por fijar un relato de autocontención y prudencia diplomática encalló antes incluso de iniciarse el pleno. Apenas veinticuatro horas después de que trascendiera un informe de la Policía Nacional que apunta a la colaboración activa de agentes marroquíes guiando a los migrantes hacia los espigones, la tesis de la Moncloa fue recibida por la oposición como una muestra de “ingenuidad” y por sus aliados de investidura como un ejercicio de “cálculo político”.
Consciente de lo embarrado que estaba el terreno de juego, Sánchez se envolvió en la historia. Inició su comparecencia evocando los leones que flanquean la entrada principal del Palacio de la Carrera de San Jerónimo –fundidos con cañones capturados en la guerra de África– y citó el Tratado de Wad-Ras que certificó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla está blindada “a perpetuidad”. “Ceuta no es la frontera de España. Ceuta es España en la frontera”, proclamó.
Y acto seguido defendió su cautela con Marruecos como una cuestión de responsabilidad y de interés general. Sánchez recordó que esa prudencia no había impedido al Gobierno protestar ante Rabat y desveló que Exteriores convocó el 21 de agosto al encargado de negocios de la embajada, al encontrarse ausente la embajadora, por las declaraciones de dos miembros de su Gobierno reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla. “Si existieran pruebas, actuaríamos en consecuencia. Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. Pero vamos a trabajar cargados de hechos probados. Otros nos llevaron a una guerra con pruebas falsas”.
La estrategia trazada por Moncloa estaba clara. Primero los hechos, después las responsabilidades. Pero esa apelación a la prudencia fue precisamente lo que menos eco encontró ayer en el hemiciclo.
Alberto Núñez Feijóo abrió fuego convirtiendo la comparecencia en un juicio político a la gestión de la crisis y a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno durante las últimas semanas. El líder del PP acusó a Sánchez de haber recibido información, no haber actuado a tiempo y tratar ahora de recomponer su versión a medida que aparecen nuevos documentos. Y explotó la contradicción entre Interior y Defensa sobre los avisos previos al asalto y el informe policial conocido el miércoles para presentar a un Ejecutivo descoordinado e incapaz de anticiparse a una crisis que, para los populares, no era imprevisible. “¿Qué sabía usted?”, fue la pregunta que recorrió la intervención de Feijóo.
Vox elevó aún más el tono. Santiago Abascal acusó a Sánchez de “traidor” por su gestión de la crisis y anunció su intención de llevarle a los tribunales por este supuesto delito. “Está ocultando la realidad y está encubriendo al invasor”, sostuvo el líder de Vox, que reclamó al Congreso activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución.
Pero la contestación más incómoda para el presidente no llegó de la derecha, sino de sus socios de investidura. La comparecencia volvió a evidenciar la fragilidad de la mayoría que sostiene a Sánchez. ERC, PNV, Bildu y Podemos no solo cuestionaron la actuación de Marruecos, sino también la respuesta española y, en particular, la gestión humanitaria, especialmente de los menores, que permanecen varados en la ciudad autónoma.
Sánchez quedó atrapado entre dos frentes: la derecha le acusaba de no haber protegido suficientemente la frontera y sus socios le exigían no limitar la respuesta a la contención migratoria.
Y, como telón de fondo, siguió abierta la pugna con Zarzuela por el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla. Sánchez aseguró que el monarca viajará “en las próximas semanas”, una afirmación de la que la Casa Real ya había sido informada, pese a que el Gobierno había insistido en los últimos días en que no pretendía “marcar la agenda del Rey”.
Pero aún faltaba Sumar. Los socios de Gobierno llegaron al pleno con la obligación de sostener al presidente, pero también con la necesidad de marcar distancias en una crisis que afecta directamente a una de sus principales banderas políticas. La defensa de los derechos de los menores y la exigencia de acelerar su traslado a la Península se convirtieron en uno de los puntos de fricción.
Las tablas parlamentarias y el control de los tiempos , unidos a que la presión de Feijóo y Abascal menguó en sus réplicas, permitieron al presidente evitar que la comparecencia se convirtiera en una moción de censura política sobre su gestión. Pero no logró el objetivo de cerrar la discusión sobre Marruecos.
