Subsidio de desempleo para mayores de 52 años: ¿Prejubilación pública encubierta?

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se introdujo por primera vez en la legislación española en 1984. En un entorno macroeconómico y laboral lastrado por la crisis del petróleo de los setenta, se dotó de una mayor protección a los trabajadores veteranos que perdieran su empleo y, desde entonces, la prestación ha sufrido diversos cambios. Los más recientes los aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 y las últimas evaluaciones apuntan a que esta ayuda se está convirtiendo en una suerte de 'prejubilación pública encubierta', porque actúa como un puente entre la pérdida de empleo y la jubilación con cotizaciones a la Seguridad Social financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

Es la conclusión que se extrae del cruce de dos informes publicados en los últimos días por el Banco de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El primero constata que, en la práctica, el subsidio desincentiva la vuelta al trabajo, en parte, por la sobrecotización que conlleva. Y el segundo, que pone el foco en el coste para las arcas públicas, proyecta que la última reforma, que revertió los endurecimientos introducidos en 2012 (rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, modificó la evaluación de las rentas a nivel individual en lugar de por unidad familiar, extendió la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional) endosará una factura adicional a la Seguridad Social de 18.000 millones de euros.

El objetivo del subsidio es garantizar una renta mínima (480 euros mensuales en la actualidad) a quienes hayan agotado la prestación de paro en los últimos años de su vida laboral. A partir de los 52 años, los beneficiarios pueden mantenerlo hasta que se jubilen a la edad legal. Y mientras lo perciben cotizan por el 125% del SMI. Así, acaba funcionando como una pasarela a la jubilación en un contexto de difícil retorno al mundo laboral. Según el BdE, menos de un 9% de los perceptores consiguen volver a trabajar al año siguiente, cifra muy inferior al 30% que se observa en las prestaciones contributivas de desempleo.

Los resultados del estudio del organismo supervisor apuntan a que "una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio" estaría asociada "a la sobrecotización que conlleva esta prestación", aunque puntualiza que esta evidencia requiere de ciertas cautelas y que parte de los efectos de la sobrecotización podrían estar en realidad asociados a otras características del subsidio como es su duración indefinida.

Por su parte, Fedea considera que las nuevas condiciones de acceso al subsidio "lo han convertido en una figura híbrida, a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario". "Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, la reforma puede introducir problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española", advierten los autores.

Según sus cálculos, para 2030 el número de perceptores adicionales atribuibles exclusivamente a los cambios introducidos en 2019 alcanzarán las 315.718 personas, elevando el total de beneficiarios de este subsidio hasta los 529.880, frente a los 214.163 que se habrían registrado de no existir la reforma. Esto elevará el coste en prestaciones para el Sepe hasta los 1.818 millones de euros en 2030, frente a los 400,5 millones de 2019.