Vecinos de Alcalá piden la detención de responsables de Élite Suiza por presunta estafa de 400.000 euros

Los vecinos de la calle José Sopeña de Alcalá de Henares (Madrid) han solicitado al juzgado la adopción de duras medidas contra los responsables de la empresa Élite Suiza, a quienes acusan de una presunta estafa relacionada con unas obras de rehabilitación financiadas mediante un préstamo bancario y subvenciones públicas. La petición llega después de que los administradores de la mercantil no comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares pese a estar citados judicialmente.

En un escrito presentado por la acusación particular de los afectados, ejercida por la abogada Sylvia Córdoba, se reclama la detención de los investigados al considerar que existe un «evidente riesgo de fuga», tanto por los recursos económicos de los que dispondrían como por la gravedad de los hechos que se investigan. Además, los vecinos sostienen que la ausencia de los responsables de la empresa evidencia una actitud obstruccionista y dificulta el esclarecimiento de una supuesta estafa que habría dejado un perjuicio económico cercano a los 400.000 euros.

Los dueños de esta sociedad se anunciaban como una empresa de rehabilitaciones de edificios que prometían gestionar ayudas europeas. Pero se calcula que han estafado, presuntamente, a cerca de una quincena de comunidades de vecinos en distintos municipios. Entre medias, cientos de miles de euros que se esfumaron. Obras que nunca se realizaron o quedaron a medias. La letrada está aglutinando la mayoría de las denuncias de esta presunta trama que afecta a comunidades de vecinos de Alcalá, Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Guadalajara.

La semana pasada se celebró una vista, pero los dueños de la compañía fantasma, J. y su marido, no acudieron. Tampoco el banco que concedía los créditos ni el administrador de la comunidad, pese a haber sido citados legalmente. Tan solo se presentó Miguel Ángel, el comercial de Élite, quien «admitió haber realizado entre 13 y 14 contratos similares con otras comunidades y reconoció su cercanía con personal de la notaría», según detalló Córdoba a este diario.

Desmayo en el juzgado

Otra de las personas que declaró fue Anselmo, presidente de la comunidad de José Sopeña en Alcalá de Henares en el momento de la estafa, y al que algunos vecinos le habían llegado a señalar como supuesto cómplice. Cuando terminó su intervención sufrió un ataque de ansiedad «brutal». Se desmayó en el juzgado y tuvo que ser atendido por médicos y policía. Fue trasladado al hospital.

Finalmente, el juez ordenó la averiguación de domicilio de J. y su marido por parte de la Policía. Aunque viven en un «casoplón» en Madrid, según apunta la abogada Sylvia Córdoba, parecen haberse evaporado en el momento exacto en el que tenían que responder por la estafa. «Se ha solicitado formalmente su detención e ingreso en prisión si continúan sin aparecer», explicó Córdoba. Esto significa que la siguiente fase será una orden de búsqueda y captura. Asimismo, el escrito de la abogada reclama que la Agencia Tributaria aporte diversa información fiscal sobre Élite Suiza, Grupo Élite Suiza 2000 y sus responsables, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y determinar posibles responsabilidades.

La comunidad de vecinos también ha pedido al juzgado el embargo preventivo de bienes de la empresa y de uno de los investigados hasta cubrir una cuantía próxima a los 400.000 euros, con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Entre las medidas cautelares solicitadas figura además la suspensión de los cargos derivados de un préstamo suscrito con una entidad bancaria por importe de 422.950 euros para financiar las obras, al considerar que la operación se encuentra directamente relacionada con los hechos que se investigan.

La acusación sostiene que la mercantil actuó como agente rehabilitador y colaboradora en la obtención de financiación para la comunidad de propietarios. Por ello, reclama nuevas diligencias para aclarar cómo se formalizó el préstamo y cuál fue el destino final de los fondos.

El documento también solicita que declare como testigo el notario que intervino en la firma de la operación financiera y que se investigue si existen otros casos similares en los que haya participado la misma empresa junto a comunidades de propietarios.

Por su parte, el banco que concedió los créditos que acabaron financiando la estafa presentó un escrito a última hora asegurando que no tenían toda la documentación necesaria para defenderse. A pesar de que el juez ya les había requerido previamente los documentos sobre cómo se entregó el crédito en la notaría. Asimismo, el administrador de la comunidad de Sopeña, 2 tampoco compareció. Envió un escrito alegando que estaba en el hospital. Sin certificado. Sin aclaración.