Vecinos de Retiro apoyan a Maricarmen, amenazada de desahucio por un fondo de inversión

Frente a la puerta del parque del Retiro anexa a la biblioteca Eugenio Trías, María del Carmen Abascal (87 años), o simplemente Maricarmen, escucha atentamente a un grupo de nueve niños en una de las entradas al famoso parque de la capital. Ellos le hablan de sus ahorros, de que les ha caído un diente y ha venido el ratoncito Pérez, y ella, les sonríe. Nadie que no conozca a esta vecina que lleva toda su vida viviendo allí sería capaz de adivinar la “agonía” que lleva pasando desde 2025, cuando un fondo de inversión le notificó que le iban a subir el alquiler en 2.650 euros y que, si no podía pagarlo, tendría que irse. Este martes los niños que rodean a Maricarmen, junto a varios cientos de personas se han volcado en apoyar a la vecina del barrio de Retiro. Frases como “Maricarmen se queda”, “fuera buitres de nuestros barrios” o “los grandes tenedores a los contenedores” han resonado por la calle del Alcalde Sainz de Baranda, por donde ha discurrido la concentración en apoyo a la octogenaria.

Una tregua de tres semanas. Ese es el nuevo margen de tiempo con el que cuenta para intentar quedarse en la casa en la que ha vivido toda su vida. El juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 ha notificado este martes a su abogada el aplazamiento del desahucio del 3 al 24 de junio, una modificación que el Sindicato de Inquilinas de Madrid interpreta como un “burdo intento” por desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la “avalancha de apoyos” que está recibiendo Maricarmen. “Vivir dos desahucios en apenas 20 días es una tortura psicologíca que ninguna persona debería pasar”, se puede leer en un comunicado difundido por la asociación. El aplazamiento, lejos de ser una victoria, simplemente es una prórroga que retrasa la expulsión de Maricarmen, el final que los vecinos de Retiro y la asociación Sindicato de Inquilinas tratan de evitar y contra el que se han manifestado esta tarde.

Maricarmen asegura que afronta la situación con una mezcla de agotamiento e incertidumbre tras años de litigio. Sostiene que nunca imaginó verse amenazada por un desahucio después de haber vivido más de siete décadas en la misma vivienda. “Llevo 71 años en mi casa y no logro entender que ahora quieran echarme”, ha lamentado. La pensionista cuestiona además que operaciones de este tipo sean posibles y reivindica el derecho a una vivienda digna. “Todo ser humano tiene derecho a un techo”, ha afirmado, al tiempo que denuncia que determinados inversores obtengan beneficios a costa de personas mayores y con escasos recursos.

La vecina ha visto transformarse por completo el barrio. “Era un barrio de obreros”, ha explicado, en contraste con la actual revalorización inmobiliaria de la zona, antes de añadir: “Nos encontramos de la noche a la mañana en la calle por un fondo”. Según relata, el fondo propietario adquirió la vivienda y posteriormente inició acciones judiciales para extinguir su contrato de alquiler. A su juicio, el objetivo es maximizar la rentabilidad del inmueble una vez quede libre. Ante esta situación, ha pedido la intervención de las distintas administraciones para evitar que personas en circunstancias similares pierdan sus hogares después de décadas residiendo en ellos.

Maricarmen extiende también sus críticas a los responsables políticos, a quienes reprocha la falta de medidas para frenar situaciones como la suya. Durante su intervención, señaló expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a quienes pidió que actúen para proteger a los inquilinos afectados por procesos similares. La pensionista considera que las administraciones están permitiendo que fondos de inversión obtengan importantes beneficios mediante la expulsión de residentes de larga duración y advirtió de que la creciente dificultad para acceder a una vivienda puede acabar teniendo consecuencias políticas. “Les a los políticos que hagan algo”, reclamó, antes de advertir de que, si la situación continúa por el mismo camino, “lo van a pagar muy caro”.

Tras las declaraciones de Maricarmen, la concentración dio paso a una serie de actuaciones musicales de apoyo a la vecina. Sobre el escenario improvisado se sucedieron varias interpretaciones en un ambiente festivo y de respaldo vecinal, entre ellas las de artistas como Rozalén o Ismael Serrano, entre muchos otros, que participaron en el acto en solidaridad con la inquilina.

En 2018, la familia propietaria del inmueble vendió la finca a Renta Corporación, uno de los principales grupos inmobiliarios del país. Dos años después, los nuevos propietarios se pusieron en contacto con Maricarmen para ofrecerle la adquisición de la vivienda en la que residía. Sin embargo, su pensión le impedía asumir el coste de la compra. Apenas un día después de rechazar la propuesta, el piso pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una compañía especializada en asesoramiento para inversiones inmobiliarias.

Con la llegada de Urbagestión comenzaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes —vinculados a más de una docena de sociedades de los sectores agroalimentario e inmobiliario—, comunicaron a Maricarmen que el contrato de arrendamiento subrogado a su favor debería haber quedado extinguido en 2007. La empresa no ha atendido las preguntas formuladas por este periódico. “Yo no tengo ninguna relación con los propietarios ni con Urbagestión. Pago el alquiler en la cuenta que me facilitaron y les envío un correo electrónico para informar de la transferencia, pero no los conozco ni he tenido trato personal con ellos”, explica.