Vodafone y Securitas se adjudican el Servicio Cometa de seguimiento a víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha propuesto formalmente la adjudicación del contrato del Servicio Cometa, encargado de la monitorización de pulseras para el seguimiento por violencia de género, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España. La operación cuenta con un presupuesto base de 71,37 millones de euros (IVA incluido) y un valor estimado total que asciende a los 111 millones de euros contemplando las prórrogas previstas, según confirmó este martes el departamento dirigido por Ana Redondo.

La decisión de la mesa de contratación se produce tras una evaluación técnica en la que la oferta de Vodafone y Securitas superó a su principal competidor, la alianza formada por Orange y Verisure. Esta ratificación administrativa consolida la continuidad de la teleco en la gestión del sistema de protección, como adelantó EL PAÍS la pasada semana tras las primeras deliberaciones técnicas. La adjudicación tiene carácter provisional a la espera de la entrega de documentación y de la resolución de posibles recursos administrativos.

El Ministerio que dirige Ana Redondo ha fundamentado la elección de la UTE basándose en criterios de superioridad tecnológica y capacidad de respuesta. Según el desglose de la puntuación, la propuesta de Vodafone obtuvo 41,3 puntos sobre un máximo de 46 en el apartado técnico, frente a los 26,7 logrados por la oferta rival. Igualdad subraya que la nueva oferta introduce avances significativos en la conectividad mediante tecnología eSIM multioperador, actualización remota (OTA), integración de sensores de bajo consumo y mayor resistencia mecánica de los dispositivos frente a posibles manipulaciones.

La adjudicación se produce en un contexto de escrutinio sobre el desempeño previo de la operadora. La mesa de contratación ha validado la oferta técnica de Vodafone pese a que la empresa fue sancionada el pasado mes de marzo con una multa de 25.285 euros.

Dicha penalización fue el resultado de una investigación interna por un colapso del sistema ocurrido el 11 de noviembre de 2025, que dejó sin geolocalización activa a unas 4.500 usuarias durante 13 horas. Este incidente obligó al Ministerio a activar protocolos de seguridad de emergencia en coordinación con las fuerzas policiales. A este antecedente se sumó un error masivo en el volcado de datos registrado entre finales de 2023 y principios de 2024, periodo que coincidió con el traspaso de la gestión de la infraestructura desde Telefónica hacia la actual adjudicataria.

No obstante, las bases de la licitación actual han priorizado las mejoras en los tiempos de respuesta y la eficiencia económica. En este sentido, la propuesta de Vodafone garantizó el cumplimiento de tiempos críticos de instalación, sustitución de dispositivos y comunicación al órgano judicial en un plazo máximo de 12 horas, obteniendo la máxima puntuación en estos parámetros automáticos de calidad.

Vigencia de tres años prorrogables

El nuevo contrato tendrá una vigencia inicial de 36 meses, con posibilidad de dos prórrogas anuales hasta completar un máximo de cinco años. Entre las obligaciones contractuales se establece el incremento de la capacidad operativa hasta las 17.660 unidades de monitorización disponibles, lo que supone un refuerzo preventivo ante el aumento de medidas judiciales de alejamiento. Asimismo, la adjudicataria se compromete a mantener un stock permanente de 2.000 dispositivos listos para su despliegue inmediato en todo el territorio nacional.

En el apartado financiero, la propuesta de la UTE ganadora se situó en los 67,5 millones de euros (con IVA), cifra inferior a los más de 70 millones presentados por la oferta de Orange. El Ministerio de Igualdad ha descartado que esta oferta económica incurra en baja temeraria, asegurando que los márgenes operativos son suficientes para garantizar la viabilidad del servicio de protección de víctimas de violencia de género y violencia sexual.

El proceso de transición hacia el nuevo contrato supervisará de cerca la implantación de la red Bluetooth para alertas de proximidad y los sistemas de gestión remota, con el objetivo de evitar los fallos de conectividad que motivaron las quejas previas de las asociaciones de víctimas y las sanciones gubernamentales. El Ministerio reitera que la fiabilidad del sistema Cometa es una herramienta esencial para el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento en España.