Vox propone una "desregulación integral" para acabar con el "empobrecimiento generalizado"

Vox cree que gran parte de las normas aprobadas a lo largo de las últimas décadas en España han provocado un "empobrecimiento generalizado" del país. Es por ello que aboga por una "desregulación integral" mediante la derogación de leyes, la simplificación de trámites administrativos y una mayor uniformidad entre comunidades, apostando por otorgar en paralelo más competencias al Estado para acabar con el "caos autonómico". Esta es la esencial del plan de desregulación lanzado este sábado por el partido de Santiago Abascal en el marco de su Asamblea General. La tercera fuerza aprovecha así su cumbre anual para izar una bandera que ya ha ido hincando en sus últimos pactos autonómicos con el PP, en los que la desregulación ha cobrado forma de consejería.

"La hiperregulación está impidiendo a España crecer", asegura la hoja de ruta elaborada por los de Abascal, que recoge más de una treintena de puntos para aligerar el funcionamiento de la administración pública y el sistema normativo español en general, con el foco puesto especialmente en dar más libertad a las empresas para desarrollar su actividad. Vox acusa tanto al PSOE como al PP de haber emprendido durante las décadas de bipartidismo "una carrera por ver quién legisla más y peor" y de haber lastrado con ello el desarrollo económico del país y el bienestar de las familias. Quieren dar marcha atrás en ese proceso e ir "al grano" —es el lema del programa— para ofrecer a los españoles "una vida más fácil".

En esa línea, los de Abascal proponen una "revisión sistemática de la administración, sus procedimientos y la burocracia". "Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime. Lo que sea necesario, se simplifica al máximo", plantean como filosofía, apostando por la creación de un "buzón de desregulación" para que cualquier ciudadano pueda proponer la supresión de cualquier norma, trámite o exigencia administrativa que considere "innecesaria, redundante o desproporcionada" y de "mesas sectoriales de desregulación" para abordar esta cuestión de forma más global con asociaciones empresariales, colegios profesionales y representantes de la sociedad civil "productiva".

En ese ejercicio de adelgazar la regulación, si llega al poder, Vox se compromete a "derogar tres normas por cada una que se apruebe". En concreto, los de Abascal identifican como prioritaria la supresión de ocho normas estatales: la ley de vivienda, la de cambio climático y transición energética, la reforma laboral, la que regula el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la de movilidad sostenible y parte de la de igualdad.

En lo que se refiere a esta última norma, Vox quiere eliminar la obligación a las empresas de más de 50 trabajadores de contar con un plan de igualdad. No es la única exigencia —"castigo", según los de Abascal— de la que quieren librar a las empresas. También creen necesario hacer lo mismo con los planes LGTBI, los de movilidad sostenible y los protocolos de desconexión digital. Consideran igualmente pertinente adelgazar los planes de prevención de riesgos laborales, adaptándolos al "riesgo real" de cada actividad, y abogan por el fin del registro horario obligatorio.

Uniformidad entre comunidades

Junto a las leyes que se marcan como las primeras a derogar, Vox incluye en su plan un listado de normas que necesitan, a su juicio, "revisión y reforma". En este apartado se menciona buena parte de la normativa en materia fiscal y laboral, así como la ley del suelo, la de industria, la del sector eléctrico, la de lucha contra la corrupción y la de protección de datos personales. Reconocen la necesidad de actuar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local. Uno de los objetivos es eliminar las diferencias entre comunidades. "Lo que es legal en una región de España, lo es en toda España", señala el plan, que apuesta por que si una empresa opera legalmente en una autonomía pueda hacerlo en el resto sin trámites ni licencias adicionales. "Un solo país, mismas reglas", subraya el documento, que reclama que el Estado recupere competencias en materia justicia, carreteras, comercio, sanidad, fiscalidad, educación y urbanismo.

"Los españoles no pueden seguir cargando con un BOE que crece sin parar mientras su libertad mengua", resume el texto, que identifica la regulación con falta de libertad. En el caso del comercio, propone específicamente que las tiendas físicas tengan libertad a la hora de realizar promociones, rebajas y campañas comerciales. "Quien mejor sabe cómo atraer a sus clientes es quien se juega su propio negocio, no la administración", indica el documento, que apuesta también por eliminar las particularidades autonómicas —obligaciones lingüísticas, por ejemplo— en los etiquetados y envasados y armonizarlos a nivel europeo.

Una "autopista" del agua

Vox cree que la burocracia es también una traba para el "potencial" industrial de España y denuncia particularmente dificultades en el acceso a la red eléctrica. Para solventarlo, apuestan por la tramitación "exprés" de redes eléctricas y por una "limpieza profunda" de los permisos de acceso y conexión concedidos que están sin desarrollarse. Igualmente "exprés" quieren que sea la tramitación de los expedientes de almacenamiento hidráulico, al mismo tiempo que abogan por la interconexión de cuencas para convertir a España en una "auténtica autopista del agua" con la que regar el campo. Para Vox, la forma de agilizar estas infraestructuras es mediante el silencio positivo y la reducción del número de informes exigidos, con la presentación de una única evaluación ambiental.

En materia ambiental y comercial, los de Abascal miran también a Bruselas y se comprometen a pedir a la Unión Europea la reforma de buena parte de sus normas, incluyendo los acuerdos con Mercosur y con Marruecos, la regulación de plaguicidas y productos fitosanitarios y la de la PAC. También el reglamento sobre inteligencia artificial requiere una modificación, a su juicio. En general, son partidarios de "podar" la aplicación nacional de normas comunitarias, de manera que no se añada "ni una sola exigencia por encima de lo que pide Bruselas". En este apartado, se menciona específicamente la voluntad de llevar la regulación en materia de protección de datos a "mínimos" y que la Agencia Española de Protección de Datos deje de ser "una máquina sancionadora".

Sin cita previa

En lo que se refiere al funcionamiento cotidiano de la administración, Vox quiere que ninguna administración pueda exigir obligatoriamente cita previa para atender a los ciudadanos. "Quien se presente sin ella, será atendido igual", aseguran. En esa línea, los de Abascal se comprometen a "perseguir sin contemplaciones a las mafias que se lucran con la reventa de citas y trámites". Además, abogan por que cuando la administración no responda a tiempo, el silencio sea positivo y el trámite se entienda concedido, salvo en la concesión de nacionalidad, de permisos de residencia y de trabajo y en cualquier procedimiento que afecte a la "soberanía nacional" y el "control de quién entra y se queda en España".