Vox se querella contra altos cargos de Justicia por la ley de nietos

Vox ha ampliado su ofensiva jurídicica contra la aplicación de la llamada ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, con la presentación de querellas contra dos altos cargos del Ministerio de Justicia: la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez, y de su antecesora en el cargo Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente y en la actualidad secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia. Vox imputa a ambas los delitos de usurpación de funciones legislativas y prevaricación administrativa. El primero está penado con hasta tres años de prisión, multa de hasta 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años, mientras que el segundo se castiga con nueve a 15 años de inhabilitación. Es la primera vez que Vox se querella contra dos altos cargos, pues hasta ahora siempre lo había hecho contra el presidente del Gobierno o ministros, sin que se admitieran a trámite en ningún caso.

Las dos querelladas son las firmantes de dos instrucciones en las que dictaron directrices para aplicar la ley de nietos; en realidad, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. En concreto, Puente dictó la instrucción de 21 de octubre de 2022 que presumía la condición de exiliados “a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” ―durante toda la guerra civil y lo peor de la posguerra― y extendía el derecho a obtener la ciudadanía a todos los nacidos en el extranjero de padres o abuelos españoles, con el argumento de que el objetivo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 era ampliar los beneficiarios de la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que ya estaban incluidos.

Por su parte, la instrucción de 5 de noviembre de 2024 que permitía que todos aquellos que hubieran solicitado la nacionalidad española antes de la fecha límite del 25 de octubre de 2025, “a través de herramientas telemáticas diseñadas al efecto que garanticen la identidad del solicitante y generen un justificante que permita acreditar la solicitud”, pero no hubieran podido presentar su documentación por el colapso en los consulados puedan hacerlo cuando sean citados para ello.

Estas dos instrucciones, según Vox, suponen una modificación encubierta de la ley y, en consecuencia, una usurpación de las competencias del Parlamento. Las querellas forman parte de una batería de medidas jurídicas puesta en marcha por el partido ultra para intentar frenar la aplicación de la ley. Entre otras, una petición a la Secretaría de Estado de Justicia para que anule de oficio las dos instrucciones, con la advertencia de que recurrirá ante la Audiencia Nacional si no lo hace.

Además, Vox ha anunciado que llevará a la Junta Electoral Central (JEC) al Tribunal Supremo por negarse a suspender el derecho al voto por correo de los españoles residentes en el extranjero. Uno de los argumentos esgrimidos por Vox en su querella es el voto particular formulado por tres miembros de la JEC , según el cual la mayoría de sus miembros estuvieron de acuerdo en que la instrucción de 2022 “contiene disposiciones contrarias a la propia ley que pretende desarrollar o ejecutar”, pero consideraron que la Junta “no es competente para intervenir, a pesar de apreciar la ilegalidad de algunos apartados” de la misma.